Cargando...
Conforme a una metodología estandarizada, el reporte identifica 37 potenciales riesgos, agrupados en cinco categorías, que pueden provocar “un impacto significativamente negativo” en países o sectores de la economía en los próximos diez años. En el caso de Paraguay, el primero de ellos, en opinión de los expertos consultados, es la “proliferación de la actividad económica ilícita”, entendida como la propagación amplia de actividades informales o ilegales que socaven el crecimiento económico y el progreso, tales como el contrabando, los flujos financieros ilícitos, el comercio ilegal, la evasión fiscal, la trata de personas y el crimen organizado.
El asesinato del fiscal Marcelo Pecci y el atentado contra el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, son solo dos de los últimos gravísimos acontecimientos de gran impacto que corroboran esta apreciación.
El reciente operativo “A Ultranza Py” puso al descubierto que Paraguay hace tiempo ha dejado de ser una simple ruta marginal, no mucho más que una plataforma secundaria de grupos delictivos extranjeros, para convertirse en un gran centro logístico del narcotráfico internacional de cocaína. Lo que antes se circunscribía a zonas fronterizas y a grupos más o menos aislados, hoy se ha expandido a prácticamente todo el país y ha inficionado amplios sectores de la actividad económica, de la política y de las instituciones del Estado.
El segundo mayor riesgo que enfrenta el país, de acuerdo con el estudio, es el colapso o la falta de sistemas de seguridad social, un peligro gravísimo en el mediano plazo que no todos están dimensionando en su justa magnitud. La no existencia o la bancarrota generalizada de sistemas que prevean financiamiento para atender la discapacidad, la vejez, la maternidad, la salud, el desempleo de la población es visto como una de las más importantes amenazas para el futuro, la estabilidad y hasta la propia viabilidad de las naciones.
En Paraguay, por un lado, menos del 25% de la población está aportando a algún sistema de seguridad social y, por el otro, los fondos que existen están en serios problemas. La Caja Fiscal, a la que aportan los funcionarios públicos, ha entrado en un déficit exponencial que, de no tomarse drásticas medidas, llegaría a los 3.000 millones de dólares ya en el próximo mandato presidencial. Mientras que el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Previsión Social, de acuerdo con los cálculos actuariales, entrará en saldo rojo en unos veinte años y sus reservas técnicas le podrían durar, a lo sumo, otros treinta años más.
Para tener una idea, si hoy tuviera que hacerse un corte, sin considerar los agregados a la fuerza laboral, en un lapso de 20 años habrá 2.600.000 personas que ya no estarán en edad de trabajar y que se quedarán sin ingresos. Gran parte de esa carga recaerá necesariamente en el Estado que, solo para pagarle la mitad de un sueldo mínimo mensual a cada uno, necesitaría 5.000 millones de dólares anuales, una cifra que supera en más del 40% el total de las recaudaciones tributarias y aduaneras de la actualidad. Esta es una bomba que es preciso desactivar ya, o nos explotará en la cara a todos los paraguayos.
El tercer gran riesgo que acecha al Paraguay es la “desigualdad digital”, definida como acceso fracturado a cruciales redes digitales y tecnológicas, entre y dentro de los países, como resultado de las desiguales capacidades de inversión, la falta de aptitudes necesarias en la fuerza laboral, la insuficiencia de poder adquisitivo, las restricciones gubernamentales o las diferencias culturales. Se considera que aquellos que no se ocupen apropiadamente de este problema afrontarán un insalvable cuello de botella en su camino al desarrollo.
El cuarto riesgo guarda relación con daños ambientales provocados por el hombre, como consecuencia de la falta o el no cumplimiento de normas para la coexistencia de la actividad humana con los ecosistemas, y comparten el quinto lugar la crisis laboral y el “colapso del Estado”, entendido como una potencial crisis estructural de importancia geopolítica resultante del conflicto interno, de la quiebra del Estado de derecho, la erosión de las instituciones o posibles golpes de Estado.
Estamos en un período electoral, donde los distintos candidatos y fuerzas políticas expondrán sus propuestas e intentarán presentarse como los más aptos para administrar el país. La ciudadanía debe estar atenta a qué plantean hacer y qué credibilidad tienen para abordar el crimen organizado, la seguridad social, la brecha tecnológica, el medio ambiente, el mercado laboral y la solidez institucional de la República.