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La ineptitud y el derroche en la función pública son tan nocivos como la corruptela, aunque no suelan generar la misma indignación. Tan importante resulta la idoneidad que es el único requisito que la Constitución impone para acceder a un cargo público. Para ponderarla, la Ley N° 1626/00 prevé el concurso público de oposición. Esta misma ley obliga al funcionario a “velar por la economía” del patrimonio público, esto es, a administrarlo eficaz y razonablemente; la de contrataciones públicas habla de “racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria”, principios que, si hubieran tenido vigencia efectiva, habrían hecho innecesaria la ley de medidas de racionalización del gasto público, promulgada debido a la pandemia.
La incapacidad y el despilfarro pueden ir de la mano, según se desprende de que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), creado en 2019 y hoy dirigido por Fernando Saguier, se disponga a malgastar casi 700 millones de guaraníes en la contratación de un servicio de consultoría que elabore el “plan estratégico institucional” y diseñe, desarrolle e implemente un “modelo de gestión del talento humano”. Esto significaría que el Mitic no tiene funcionarios capaces de ocuparse del plan estratégico ni del modelo de gestión, pese a contar con una Dirección General de Comunicación Estratégica y con una de Talento Humano, encabezadas por Sumaia Cruzans y Víctor Jiménez, respectivamente. La que se ocupa de los antes llamados “recursos humanos” tiene nada menos que dos direcciones, pero ni aún así podría ocuparse de ellos como corresponde; esto significa que el plantel fue seleccionado tras una parodia de concurso público de oposición, suponiendo que haya tenido lugar. No puede descartarse que sus funcionarios hayan sido nombrados como partes de algún cupo político. Se ha visto, una vez más, que la incompetencia puede salir muy cara, más aún en momentos electorales, propicios para pellizcar algún toco del dinero de todos.
Si el Mitic no estaba en condiciones de hacer por cuenta propia lo que ahora quiere comprar, bien podría haber recurrido al servicio gratuito de la Secretaría de la Función Pública, cuyas atribuciones se superponen con los objetivos de la costosa consultoría: entre ellas figuran las de asesorar a la Administración Central sobre política de recursos humanos y racionalización de escalafones, proponer la clasificación y descripción de funciones de los cargos, así como “detectar las necesidades de capacitación (...) y establecer planes y programas para la misma”, entre otras.
Ninguna consultoría podrá desarraigar vicios alentados desde las altas esferas del poder político, a las que no se llega precisamente gracias a la preparación intelectual y la honestidad. Cuando no se valoran el conocimiento ni la austeridad, los resultados son la ineficacia y el despilfarro, que también se reflejan cuando se contratan las muy frecuentes asesorías jurídicas externas, entre otras cosas. Un claro ejemplo del desprecio a la excelencia lo dio hace poco el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, al nombrar a unos funcionarios que admitieron públicamente su falta de idoneidad para asumir sus nuevas funciones, al frente del Ministerio de Justicia (Édgar Olmedo) y del Instituto Paraguayo del Indígena (Omar Pico). Uno de ellos dijo que iba a “aprender por el camino”, y el otro que se iba a rodear de asesores, como si la experiencia en la materia y el conocimiento personal fueran irrelevantes. En el Ministerio de Educación y Ciencias designó a Nicolás Zárate, un ingeniero agrónomo de profesión, especialista en fertilizantes.
Tarde o temprano, la ignorancia y el dispendio en la función pública “pasan factura”. Como dijimos en el editorial del último 22 de noviembre, el Mitic había contratado, por 5.000 millones de guaraníes, una campaña de concienciación sobre la pandemia, que sus funcionarios bien podrían haber realizado, si tuvieran la capacidad, por supuesto. Ahora destinará otra suma multimillonaria para que un servicio de consultoría se ocupe de lo que ellos también podrían realizar o, en última instancia, la Secretaría antes mencionada. En poco tiempo, ha tomado el hábito de “tercerizar” a costa del contribuyente, porque, puede pensarse, está lleno de ineptos o de haraganes. En uno u otro caso, esa institución está de más.
Nuestro país no puede seguir dándose el lujo de que la ignorancia y el despilfarro campeen en el aparato estatal.