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Debido al masivo aplazo de los integrantes de tres asociaciones de magistrados en exámenes preparados por el Consejo de la Magistratura en el marco de los concursos de méritos y aptitudes requeridos para ejercer cargos en nuestro sistema de Justicia (Edictos N° 1 al 6, 8 y 9/2021), las mismas presentaron un reclamo que pretende invalidar la prueba.
Para concursar los cargos por fenecimientos de mandatos, se presentaron 193 operadores de justicia entre jueces, fiscales, defensores públicos y síndicos, para seguir en sus cargos. De este total, 85 postulantes (44%) no obtuvieron el puntaje mínimo requerido de 70 puntos sobre 100 posibles. Fueron 108 los que obtuvieron más del puntaje mínimo.
La mayor cantidad de aplazos se verificó en el concurso a nivel nacional para acceder a cargos de defensor público. Se presentaron 150 personas, de las cuales solamente aprobaron 11.
Los exámenes específicos a los que fueron sometidos los jueces y fiscales que pretenden seguir en sus cargos demuestran la escasísima preparación de los operadores de justicia ya que el 44% de ellos quedó aplazado. Sin embargo, el consejero de la Magistratura Jorge Bogarín Alfonso solicitó al cuerpo que se reanalice la metodología de evaluación ya que, incluidos los postulantes para cargos vacantes, sobrepasan el 70% de aplazados: “Ante el aplazo masivo solicito al titular del Consejo de la Magistratura sus buenos oficios para que arbitre los mecanismos necesarios para la revisión integral y metodología de los instrumentos de evaluación, así como el cotejo de los enunciados incluidos en los test con los ejes temáticos aprobados con anterioridad, puesto que para quienes tenemos conocimiento de didáctica, cobra valor el principio aquel que señala que cuando más del 70% de los evaluados reprueba un examen el problema no radica únicamente en quienes reprobaron, sino que es el docente y, en este caso, el órgano evaluador, quien debe reanalizar la metodología empleada” (las negritas son nuestras).
Otro argumento de los reclamantes fue que los sistemas de aplicación de test “están desfasados” pues en ellos “se busca la memorización de temarios y no comprensión, el uso de preguntas capciosas, ambiguas no forman parte del eje temático, por lo que se pide que se respete el principio de buena fe”.
Y agrega que “el examen no se ajusta a los ejes temáticos establecidos del citado órgano que elabora las ternas para jueces, fiscales y defensores públicos”.
Este tipo de reclamos se está convirtiendo en una lamentable tradición de estos gremios. Baste para recordar el escándalo que por las mismísimas razones produjeron en diciembre de 2021, cuando solo el 25% de 1.869 postulantes alcanzó el puntaje mínimo de 105 en un examen del Consejo de la Magistratura que evaluó los conocimientos ¡¡¡sobre la Constitución Nacional!!! El concurso, desarrollado el pasado 25 de noviembre, se llevó a cabo para la integración de las ternas de varios edictos para jueces de primera instancia, fiscales y camaristas.
Todos los argumentos de los reclamantes, desde los de Bogarín Alfonso hasta los de las asociaciones, son pueriles, dignos de las notas que recibieron los aplazados y genuina expresión de su mediocridad manifiesta.
Se derrumban al verificar el fin del concurso, que es selectivo y no formativo, como de modo contundente contestó el presidente del Consejo, Óscar Paciello, haciendo notar a los mediocres lo que es obvio: los concursos son una competencia para premiar a los intelectualmente solventes y no para enseñar a los culturalmente insolventes.
Los que aprobaron el examen demuestran el punto con suficiencia: ellos son los solventes, ellos merecen los cargos y ellos demuestran que los aplazados son insolventes que no merecen los cargos. Sería una injusticia absoluta y una subversión total del sistema revisar el proceso para beneficiar a los peores en detrimento de quienes se esforzaron por obtener los méritos.
Ahora mismo el doctor Paciello y los demás miembros del Consejo, excepto Bogarín Alfonso, estarán seguramente sometidos a la enorme presión política que siempre imponen los mediocres para lograr el deleznable objetivo de entrar por la ventana a cargos que deshonran con su ignorancia manifiesta que, además, es una invitación concreta a la corrupción y el prevaricato.
Nuestra sociedad debe estar vigilante, pues en muy pocos hombros se carga la responsabilidad de frenar a los incapaces en el asalto diario que realizan para apoderarse de funciones y salarios públicos que no merecen ni por asomo.