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Los documentos revelados en torno a las vacunas contra el covid-19, encargadas a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), muestran tanto el fiasco del Mecanismo Covax, cuyo objetivo era que todos los países las recibieran en forma equitativa, como la decisión gubernativa de adherirse a unas condiciones ignoradas por la ciudadanía, que resultaron lesivas para el erario.
En efecto, el 1 de octubre de 2020, el Estado desembolsó 6.847.000 dólares para obtener 4.279.800 dosis, pero terminó recibiendo solo 1.093.200 y con mucho retraso, razón por la que el programa de inmunización empezó recién en febrero de 2021, con vacunas compradas del Fondo Ruso de Inversión Directa y aplicadas al personal sanitario; las primeras 36.000 dosis obtenidas a través del Mecanismo llegaron un mes después. En mayo de 2021, el exministro del área Carlos Morínigo aseguró que el Mecanismo mintió y estafó por haber llegado solo una ínfima parte de las dosis, en tanto que el senador Amado Florentín (PLRA) –presidente de la Comisión Bicameral de Control de la Ley de Emergencia Sanitaria– informó que la “prima de acceso no es reembolsable”; empero, la Cámara de Diputados instó en julio al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a “generar los mecanismos pertinentes a los efectos de conseguir el reembolso del dinero invertido”, pues hasta entonces se había recibido apenas el 10% de las dosis por las que se había pagado; días después, el presidente de la República sostuvo que “Covax no funcionó”, aunque agregó que habría garantizado una distribución equitativa y a precios adecuados.
Se dirá que el Paraguay tiene derecho a un reembolso parcial de la suma abonada, pero ocurre que el acuerdo define la “prima de acceso” como “una parte no recuperable de los pagos efectuados antes del otorgamiento de licencias para acelerar la fabricación o el acceso seguro a una vacuna (transferencia de tecnología, honorarios en concepto de reserva, compromisos de compra con pago anticipado)”. O sea que los países incorporados al Mecanismo contribuirían a financiar las investigaciones de grandes laboratorios farmacéuticos, suposición reforzada por el agregado de que “la finalidad de efectuar pagos antes del otorgamiento de licencias es garantizar que los participantes (...) puedan acceder más rápidamente a una mayor cantidad de dosis en cuanto se otorgue la aprobación y es probable que una proporción de estos (pagos) no sea recuperable pues algunas vacunas no tendrán éxito”.
Precavida, la OPS abrió el paraguas antes de llover y los países adheridos, apremiados por la pandemia en curso, aceptaron correr el serio riesgo de perder unos fondos destinados a productos eventualmente fallidos; en otras palabras, se sometieron a unas condiciones abusivas, impuestas en un estado de necesidad, generando así un daño patrimonial al Estado. El Ministerio Público sabrá si se ha cometido el delito de lesión de confianza, que se configura cuando quien debe proteger un interés patrimonial relevante cause o no evite que sea perjudicado. Por cierto, el MSPBS envió por error casi tres millones de dólares a la cuenta suiza de la Fundación GAVI, una cogestora del Fondo Covax Facility, que tuvo a bien devolver el dinero, sin que se sepa que el responsable de la grave negligencia haya sido sancionado.
Un capítulo importante de esta lamentable historia fue que el Gobierno no buscó alternativas oportunas, cuando ya a fines de 2020 era evidente que el Mecanismo distaba mucho de funcionar bien; recién en enero de 2021 se promulgó una ley que declara de bien público la compra de vacunas contra el covid-19, pues la ley de vacunas vigente no prevé las compras bilaterales: es obvio que las realizadas en consecuencia implicaron más costos. El excesivo optimismo del entonces ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Mazzoleni, le habían costado al erario dos millones de dólares adicionales: aumentó del 20 al 30% la población a ser vacunada, sin explicar los motivos para ello ni para haber optado por cierta modalidad de compra, según la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19, coordinada por el hoy exministro del Interior Arnaldo Giuzzio. Se trata de la misma comisión que, en febrero de 2021, cuando aún no se había recibido una sola dosis de las vacunas ya pagadas, no objetó al ministro Mazzoleni el desembolso de 38 millones de dólares a lo largo del año, como “garantía financiera” exigida por la OPS; por suerte, el Mecanismo alteró su proceso administrativo, así que solo hubo que pagar directamente a los proveedores, por cada envío.
La cronología de las desprolijidades, por así llamarlas, se cierra por ahora con que después de que el ministro Julio Borba haya anunciado que se buscaría una rescisión “amistosa” del acuerdo con la OPS, ahora resulta que también se analiza mantenerlo, esto es, aún no se sabe qué hacer con el estropicio. Resta el triste consuelo de que el chasco del Mecanismo y de la administración sanitaria hubiera causado más muertes si no fuera por las donaciones de Gobiernos extranjeros y de entidades privadas. La Contraloría y la Procuraduría General de la República, así como el Ministerio Público, deben tomar cartas en el trágico asunto.