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El país se halla en medio de una crisis económica provocada por la pandemia y agravada en las últimas semanas por la suba del precio del combustible. Ella sigue afectando, en general, a quienes laboran a cambio de una remuneración, sobre todo en el sector de los servicios, dado que los obreros –tradicionalmente asociados con el festejo del 1 de mayo– constituyen solo una parte muy pequeña de la población económicamente activa.
El notable aumento del desempleo abierto y la inflación creciente hacen que los trabajadores en relación de dependencia tengan motivos para estar preocupados, más aún atendiendo que el Banco Central del Paraguay (BCP) acaba de estimar que este año el crecimiento del producto interno bruto será de apenas el 0,2% y no del 3,7%, como había previsto en diciembre último; el pronóstico es incluso menos alentador que el del Fondo Monetario Internacional, que predijo un aumento del 0,3%, el más bajo de América Latina. Esto implica que el ingreso per cápita sufrirá una leve disminución, dado que el ritmo de crecimiento anual de la población es del 1,36%, según el Instituto Nacional de Estadística.
En especial, las perspectivas no son muy alentadoras para quienes tratan de hallar o recuperar un empleo en la industria o en los servicios, donde el BCP prevé un crecimiento de solo el 1 y el 2,2%, respectivamente, lo que hace suponer que muchos tratarán de rebuscarse en el amplio sector informal.
El considerable aumento del costo de vida, registrado en el segundo semestre de 2021, continuará este año, dado que el BCP estima una inflación anual del 8,2%, en tanto que el FMI calcula una del 9,4%. El encarecimiento de los comestibles, en particular el de la carne, impacta severamente en las familias de menores ingresos, entre ellas de los trabajadores manuales a sueldo, entre otros.
Por de pronto, la Central Unitaria de Trabajadores-Auténtica ya está exigiendo un reajuste del 30% del salario mínimo vigente, lo que equivale a nada menos que 550.000 guaraníes mensuales. Como es obvio, si la desmedida pretensión fuera satisfecha, la espiral inflacionaria se agudizaría en perjuicio de todos, incluso de los supuestos beneficiarios: crecería el desempleo, porque los pequeños y medianos comerciantes, industriales o prestadores de servicios no podrían absorber el golpe, sin trasladarlo al precio de sus ofertas, lo que a su vez retraería el consumo y les obligaría a despedir a sus trabajadores. En la carrera entre precios y salarios solo ganan los especuladores.
A propuesta del Consejo Nacional de Salarios Mínimos, el Poder Ejecutivo deberá considerar el reajuste en junio, considerando la variación interanual del índice de precios al consumidor; cabe esperar que se abstenga de arrojar más leña al fuego inflacionario y que, por ende, no caiga en la tentación de decretar un reajuste exagerado de cara a las próximas elecciones.
Se entiende que los sindicalistas se centren en la cuestión salarial, pero, aparte de que lo prioritario es reactivar la economía en provecho de todos, deberían ocuparse también de otros asuntos no menos importantes. Uno de ellos es la conservación de los puestos de trabajo, siempre amenazada por el contrabando masivo; otro es la pésima atención sanitaria brindada en el Instituto de Previsión Social, ante el silencio habitual del representante de los trabajadores en su Consejo de Administración, hoy llamado Gustavo Arias. Es una vergüenza que no sean pocos los asalariados que prefieren privarse del seguro antes que destinar el 9% de su ingreso mensual a ese antro de corrupción, tanto como lo es el hecho de que son muchos los que ganan menos que el salario mínimo o trabajan en condiciones ambientales deplorables.
Por cierto, a los sindicalistas aferrados a sus cargos desde hace largos años les tienen sin cuidado los privilegios del vasto funcionariado, solventados también con los impuestos indirectos que pagan los trabajadores. Su miopía les impide notar las consecuencias del déficit fiscal y del correlativo endeudamiento público, como si no fueran a incidir, tarde o temprano, en el nivel de vida de la población: una de ellas puede ser, justamente, la inflación.
En otros términos, la problemática del salario mínimo es solo una de las tantas que afectan a los obreros, una clara minoría dentro de la fuerza laboral: el bien común exige tener en cuenta el interés de todos, incluyendo el de aquellos que no están lo bastante organizados como para hacerse sentir. En suma, las demandas excesivas pueden trabar la recuperación económica, que resulta imprescindible para combatir la pobreza, creando y manteniendo fuentes de trabajo. Darles pábulo solo conllevaría agravar la crisis.