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Supuestamente, el propósito era solamente liberar a proveedores extranjeros de Petropar de la exigencia establecida en la Ley 6355/19 de presentar declaraciones de bienes, rentas, activos y pasivos, así como de someterse a la fiscalización de la Contraloría, con el presunto objetivo de “eliminar intermediarios” y abaratar los precios, cuando todos en el sector perfectamente saben que eso es mayormente impracticable y que, en todo caso, apenas podría tener un efecto mínimo.
Lo que terminó aprobándose, sin embargo, fue una excepción amplia y general del cumplimiento de la Ley 2051/03, “De Contrataciones Públicas”, vale decir, de la obligación de realizar licitaciones y de rendir cuentas conforme a las normas administrativas del Estado paraguayo para la compra de combustibles por parte de la históricamente corrupta empresa estatal, que solo el año pasado importó por valor de 251 millones de dólares.
El texto original del proyecto de ley elevado a consideración del Congreso el 18 de abril de 2022 establecía en su primer y único artículo de fondo: “Exceptúase a toda persona jurídica del exterior, así como a sus directores, gerentes, socios, accionistas y similares, dedicada a la comercialización de hidrocarburos (…) que de algún modo contrate con Petróleos Paraguayos (Petropar) (…) del cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley Nº 6355/2019″.
Para cuando el proyecto llegó al plenario del Senado, el 25 de abril, y al de Diputados, dos días después, con los “camioneros” amenazando con bloquear Asunción si no se aprobaba, subrepticiamente el texto pasó a ser: “Exceptúase (…) de la aplicación de la Ley Nº 2051/2003 “De Contrataciones Públicas” y la Ley Nº 6355/2019″. Léase, canilla libre.
Todo esto ocurre a poco de la llegada de una delegación parlamentaria venezolana con la que se hablará de la posibilidad de retomar relaciones comerciales con Petróleos de Venezuela SA, una con las que podría estar pensando en negociar contratos directos poco transparentes, como los que se hicieron en la época de Hugo Chávez y que dejaron al país un “mono” de 300 millones de dólares. Quién sabe qué secretas promesas se están haciendo para que exista tanto interés en ello.
De otro modo, no se entiende. El cuento de que esta ley es para eliminar intermediarios no es más que un engaño. Un país como Paraguay, por cuestiones logísticas y de tamaño, solamente puede abastecerse directamente de productores y de refinerías a nivel muy regional. De hecho, Petropar compra nafta directamente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de Argentina, sin necesidad de ninguna ley especial. Como ejemplo, se dijo que esta nueva norma permitiría comprar gas boliviano directamente a YPFB, pero, según las estimaciones, en el mejor de los casos, ello representaría un impacto de apenas 2,8% en el precio al público, unos 300 guaraníes por kilo.
Más allá de eso, Petropar no tiene ni la capacidad operativa, ni financiera, ni de gestión para contratar grandes buques petroleros en origen, por ejemplo en el Golfo de México. Tendría que pagar montos que están fuera de su alcance, instalar oficinas, contratar personal calificado, negociar el flete marítimo, los seguros, los alijos, por volúmenes que jamás compensarían semejante despliegue, que es precisamente el motivo por el cual no lo hace ni Petropar ni ninguno de sus competidores privados.
Prácticamente todo el combustible que llega al país se importa a través de grandes “traders”, como Trafigura, Glencore, Vitol y otros, que se mueven en gran escala y destinan una porción relativamente pequeña de sus operaciones a comercializar con Paraguay desde el Río de la Plata. Incluso cuando Petropar le “compró” a PDVSA con mediación de Chávez lo tuvo que hacer por medio de estos “traders”.
La importación estatal de combustibles siempre ha despertado la codicia de los corruptos y ha sido fuente de latrocinio a costa de la ciudadanía. Por los montos que se manejan, pequeñas “comisiones” clandestinas pueden resultar en muchos millones de dólares a repartir. Este, y no otro, es casi con seguridad el trasfondo de esta ley.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ha dejado entrever su voluntad de promulgarla pese a las escandalosas evidencias que han salido a luz. Con ello se hace cómplice, si no partícipe, de esta nueva burda maniobra para dar vía libre a la corrupción.