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El retroceso de la pandemia ha coincidido con la profusión de evidencias –nada novedosas– de que los enfermos y sus parientes cercanos, así como el “personal de blanco”, son víctimas indefensas de un sistema sanitario desastroso, atribuible a la corrupción, a la ineptitud y a la negligencia reinantes en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y en el Instituto de Previsión Social (IPS). El mandato constitucional de que el Estado proteja y promueva la salud, como “derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad”, resulta así una burla cruel, sobre todo para la población de menores ingresos, que debe sufrir la falta de atención y de remedios e insumos en centros de salud o en hospitales mal equipados. Conste que “nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas”, para lo cual el ministerio competente dispone este año de casi 8.224 billones de guaraníes -el tercer mayor presupuesto ministerial, excluyendo el de Hacienda; el del IPS llega a casi 8.390 billones–.
Cuando se habla de la necesidad de mejorar la calidad del gasto público se alude a que la sanidad y la educación deben disponer de mayores recursos financieros, pero suele olvidarse que ello servirá de poco o nada mientras el personal burocrático, en primer lugar, esté lleno de canallas, incapaces y haraganes. En efecto, no todo depende del dinero, según surge de que desde marzo de 2021 ya se han perdido 62.688 dosis de vacunas contra el covid-19, donadas o adquiridas, por haber vencido; si a ellas se agregan 33.122 dosis compradas que se perdieron porque sus frascos estaban abiertos, resulta que la pésima gestión le costó al país unos 4.900 millones de guaraníes, suma que podría aumentar cuando entre junio y julio llegue a su vencimiento otro importante lote. Cuantificar las pérdidas monetarias es más fácil, pero no tan lamentable como estimar cuántas vidas podrían haberse salvado si la distribución hubiera sido oportuna. ¿Abrirá la cartera de Salud un sumario administrativo o intervendrá de oficio el Ministerio Público para determinar si lo ocurrido derivó de una negligencia culposa?
A propósito, también amerita una seria investigación el deceso de la Lic. Claudia Samudio, causado por la explosión de un equipo biomédico en el Hospital Distrital de Mariano Roque Alonso; la Asociación Paraguaya de Enfermería aprovechó el infortunio para denunciar las obsolescencia de las máquinas y su escaso mantenimiento: “Esta vez fue en Mariano, pero pudo ser en cualquier parte”. En el Hospital Regional de Coronel Oviedo, por ejemplo, cuyos pacientes se ven forzados a acudir a centros privados porque faltan médicos y fármacos, en tanto que los servicios de tomografía, mamografía, radiología y hemodiálisis no funcionan, total o parcialmente, por defectos en los equipos. O en el Hospital Central del IPS, donde, hace unos días, un paciente tuvo que ser operado sin endoscopía previa, porque la máquina estaba averiada; aunque se les descuentan los aportes mensuales, allí son mal atendidos tanto los enfermos como sus visitantes, por la grosera insensibilidad que, desde luego, no afecta a los “recomendados” de siempre. En palabras de una paciente, operada hace poco en la Argentina, tras esperar dos años a que la entidad autorice que le sea extirpado un tumor, en base a un convenio con el ministerio: “Yo no soy la hija de fulano (...) no tengo plata, no puedo comprar la salud”.
La negligencia se manifiesta de dos formas aquí. O no se llama a licitación o se lo hace en forma tardía: según el representante legal de la firma proveedora, el ministerio nunca llamó a una licitación para el mantenimiento del autoclave que explotó. Entre noviembre y febrero últimos casi 200 asegurados del IPS carecían de remedios para la esclerosis múltiple, porque la licitación no fue convocada a tiempo. La desidia, el latrocinio y la incapacidad –causas conjuntas del calamitoso manejo de la salud pública– tienen consecuencias fatales. Se suceden los Gobiernos, pero todo sigue igual, porque el aparato administrativo está enviciado: si el personal está podrido, será inútil que tenga al frente a un médico intachable, salvo que esté dispuesto a sanearlo a fondo; no lo estuvo el exministro Julio Mazzoleni, y le costó muy caro. Por eso mismo, es necesario que los Consejos Locales de Salud, creados por ley en 1996 con representantes de entidades públicas y privadas, se vuelvan mucho más activos, al menos para señalar deficiencias y proponer soluciones; duele decirlo, pero su existencia pasa desapercibida, aunque cuentan con recursos nacionales y municipales para ejecutar un modelo descentralizado de servicios sanitarios.
Entretanto, resta confiar en que la ciudadanía siga denunciando en voz alta los atropellos cotidianos contra un “derecho fundamental”, sin temer identificar a los responsables. Está en juego nada menos que la vida, que no debe depender de la buena o mala voluntad de quienes, como burócratas, médicos o enfermeros, están a sueldo de los contribuyentes y de los asegurados.