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En el “valetodo” de la lucha electoral cada vez más se está queriendo instalar que el punto central de las negociaciones paraguayas en Itaipú es la tarifa que le cobra la central a Eletrobras y a la ANDE por la energía contratada. Con ello, un sector de la oposición y, sobre todo, la corriente que se disputa con el oficialismo la candidatura del Partido Colorado a la Presidencia de la República buscan endilgarle al Gobierno el haber entregado el interés nacional en la mesa de negociación con Brasil. De hecho, el postulante de esa corriente, Santiago Peña, literalmente dijo: “La negociación entregó este gobierno, ya no hay nada para negociar, porque la tarifa ya bajó en el Brasil”. La afirmación está muy lejos de la verdad y queremos suponer que Peña bien lo sabe.
La reducción de la tarifa de Itaipú es una consecuencia lógica de la amortización de la deuda por la construcción de la megaobra y les conviene tanto a Brasil como a Paraguay, a los que, cuanto menor sea la tarifa, más barata les costará la energía que producen las aguas compartidas del río Paraná. Si bien en algún momento se especuló con que eventualmente podría constituir una carta de negociación para obtener otras ventajas, la realidad demuestra que Brasil no va a dejar de ejecutar un beneficio consagrado en el Tratado y que le corresponde como uno de los dueños de Itaipú, así como también le corresponde a Paraguay.
Pero lo que hay que entender es que la tarifa no tiene absolutamente nada que ver con las reivindicaciones paraguayas en la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, como tampoco lo tiene lo que se dio en llamar “acta entreguista” de 2019, que guardaba relación con hechos completamente ajenos a los que ahora están en discusión. No solamente es falso que no haya “nada que negociar”, sino que, al contrario, todo está aún por negociarse. El punto no es la tarifa, sino qué se va a hacer de ahora en más con los excedentes energéticos paraguayos en Itaipú, que actualmente se los queda Brasil a cambio de una ínfima “compensación”.
Teóricamente Paraguay es dueño del 50% de Itaipú y de toda la energía que produce la central. Lo ideal sería que el país pudiera utilizar toda su mitad para desarrollar su aparato productivo, generar fuentes internas de trabajo y movilizar su propio desarrollo, pero por ahora lo cierto es que todavía tiene, y tendrá por un buen tiempo, unos 20 millones de megavatios/hora por año de excedentes que no consume y que, por imperio del Anexo C (o al menos de su interpretación), debe ceder a Brasil.
Como Itaipú es una entidad sin fines de lucro, su tarifa debe reflejar la totalidad de sus costos, tanto operativos como financieros. Eso es lo que le cobra tanto a la ANDE como a Eletrobras, o a sus subsidiarias, por retirar energía generada. Y dado que la deuda de Itaipú ya está prácticamente cancelada, y que por ende tales costos se han reducido dramáticamente, también debe hacerlo la tarifa.
En principio esto es beneficioso para los dos socios, pero qué ocurre. Brasil retira de Itaipú a precio de costo (tarifa) no solo su parte de la energía, sino también la parte que le corresponde a Paraguay y que este no utiliza. Por esta última parte, además, le paga a Paraguay una compensación que, ya con el ajuste “concedido” durante la época de Lugo y del que tanto se jactan sus partidarios, es de apenas 10 dólares el MWh, contra los 200 y más dólares que esa energía se cotiza en el mercado regional mayorista. Este es el problema, no la tarifa.
Peor aún, Eletrobras adquiere la energía paraguaya a precio de costo más una “compensación” y la revende en subastas a otras empresas distribuidoras en el mercado brasileño, que está desmonopolizado y en el que participan muchas empresas privadas bajo la ley de la oferta y la demanda, apropiándose de grandes rentas que le tendrían que corresponder a Paraguay. A valores de hoy, estas rentas ascienden a unos 3.000 millones de dólares al año que Paraguay deja de percibir.
Por lo tanto, no es por la tarifa de Itaipú que Paraguay tiene que pelear en la negociación, sino por obtener la renta que legítimamente le corresponde por sus excedentes, resultante de la diferencia entre la tarifa de Itaipú (costo) y el precio de mercado. Entonces, una de dos: o Brasil le paga a Paraguay esa diferencia o permite que sea directamente Paraguay, y no Eletrobras, el que comercialice su propia energía sobrante en el mercado brasileño.
Poco favor le hace el oportunismo político a la Patria en la muy difícil renegociación en puertas del Anexo C del Tratado de Itaipú, cuyo plazo de iniciación es agosto de 2023. Lo único que se consigue con ello es desviar la atención, confundir a la opinión pública y debilitar la causa nacional.