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La Carta Orgánica del Gobierno Departamental dispone que en caso de “impedimento”, entre otras cosas, el gobernador será reemplazado por el presidente de la Junta Departamental. Como se sabe, Hugo Javier González (ANR, cartista) cumple arresto domiciliario desde el 12 de abril, en la causa que se le sigue por la malversación de 6.382 millones de guaraníes del fondo de emergencia sanitaria. De acuerdo a la Carta Orgánica del Gobierno Departamental, tendría que haber sido reemplazado por el concejal Mario Aguilera (PLRA), aliado suyo, pero este no se atrevió a convocar a una sesión extraordinaria para el efecto, pues aún no se había recibido una comunicación de la jueza sanlorenzana María Elena Cañete, siendo que bastaba que lo hiciera el gobernador, aunque no podría haberlo hecho antes de enterarse de su reclusión. Lo cierto es que este pretendía reasumir el cargo, alegando que estaba recluido en Areguá, asiento del Gobierno, esto es, que podría ejercer sus funciones telemáticamente, sin ocupar su despacho ni recorrer el departamento.
Como es obvio, el hecho de estar privado de su libertad por orden judicial le impide cumplir con los deberes y ejercer las atribuciones propias del puesto. Si pudiera gobernar desde su casa, cobraría mensualmente por los “gastos de representación”, aunque le esté prohibido concurrir a ningún sitio: quien representa al Poder Ejecutivo en el departamento debe estar en condiciones de visitar sus municipios. Si el “trabajo on line” fuera admisible en este ámbito, también podría realizarse sin salir de un bar; así como un animador de fiestas necesita actuar ante el público, como bien lo sabrá Hugo Javier González, un gobernador debe estar en contacto directo con la gente y con sus funcionarios. Por lo demás, le estaba vedado comunicarse con varios de estos, también imputados por lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa: el director general de administración y finanzas y una subordinada, la secretaria general, el secretario de obras públicas y el asesor jurídico general no pueden concurrir a la Gobernación y ya fueron sustituidos.
Cuando al fin Hugo Javier González notó la clara imposibilidad de gobernar desde su domicilio, en vez de comunicar su forzada ausencia a la Junta Departamental, pidió a la jueza un permiso para trabajar en la sede gubernativa; el pedido fue denegado el 19 de abril, debido a la gravedad de los hechos que se le atribuyen, lo que coincide con que hasta hoy ningún arresto domiciliario ha sido dispuesto con la autorización de seguir ejerciendo el cargo desde el que se habría delinquido. Ese mismo día, el imputado se resignó a comunicar su ausencia, con retroactividad, desde el 18 de abril hasta el 5 de mayo, sin indicar el motivo; la Junta no le otorgó el permiso exigido por la Carta Orgánica, debido a que la comunicación fue hecha a destiempo. Por de pronto, es imposible saber si el impedimento sería “definitivo”, en cuyo caso debería elegirse un nuevo gobernador entre los concejales departamentales, hasta completar el periodo.
Era preciso mencionar estos antecedentes para tratar de explicar cómo se ha llegado a que la Gobernación esté de hecho acéfala desde el 12 de abril: tiene ahora un simple “encargado de despacho” –Mario Aguilera– que, en opinión de los concejales, no podría actuar como ordenador de gastos, lo que implica la acefalía de la administración, de graves consecuencias. Ni la Constitución ni las leyes se ocupan de la eventualidad de que el gobernador sufra un arresto domiciliario: solo prescriben que los condenados por sentencia firme a penas privativas de libertad no pueden ser candidatos a cargos electivos durante la condena. Una interpretación literal llevaría a la absurda conclusión de que Hugo Javier González podría seguir siendo gobernador, aunque estuviera preso en la cárcel de Tacumbú. En medio de esta grotesca situación, la Junta se reunirá el próximo lunes para tratar un nuevo pedido de intervención a la Cámara de Diputados.
Si le restara una pizca de dignidad, lo mejor que podría hacer Hugo Javier González para poner fin al caos provocado por su terquedad y su mala fe es renunciar de una vez por todas al cargo que deshonró porque, siendo un advenedizo, adquirió muy pronto los peores vicios de la politiquería criolla, a la que se incorporó a sueldo de su líder. La moraleja de esta absurda historia es que ser un conocido miembro de la farándula no garantiza un buen desempeño en la función pública, cuando la honradez y la idoneidad brillan por su ausencia.