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Según el principio “pacta sunt servanda”, lo acordado por las partes debe ser fielmente cumplido. No lo habría cumplido cabalmente el Mecanismo Covax, de la Organización Panamericana de la Salud, en el contrato que firmó con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) en octubre de 2020 para proveerle, hasta septiembre de 2023, un total de 4.279.800 dosis de vacuna contra el coronavirus, a 9 dólares cada una, según precio base. Con mucho retraso, habría entregado hasta hoy 1.093.200 dosis, habiendo cobrado 6.847.680 dólares como “prima de acceso” más 158.000 dólares y otros 595.667 dólares como costo de envío de los primeros dos cargamentos recibidos. No hay datos ciertos sobre las sumas adicionales que el Paraguay habría pagado por cada entrega. En julio del año pasado, el presidente de la República resumió así la triste experiencia: “Covax no funcionó. Nos atrasamos en el proceso de recepción de vacunas”.
El Mecanismo habría sido sugerido por la Organización Mundial de la Salud para que la distribución sea “equitativa”, pero resulta que, según el dicente, otros países sostenían que no se debía atender el tamaño de la población, sino la situación epidemiológica, que en nuestro país habría sido menos grave que en otros. Ya a esas alturas no tenía ningún sentido discutir sobre el criterio que debía aplicarse para la distribución, pues lo único que importaba e importa son los plazos contractuales. Fundado en la Ley Nº 6727/21, que autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar cláusulas de confidencialidad en los contratos de compra, transporte y/o logística de las vacunas contra el covid-19, el MSPBS denegó a este diario el acceso a acuerdos firmados con farmacéuticas extranjeras, siendo presumible que lo mismo haría si se le pidiera conocer el contenido del documento firmado con Covax. Empero, esta cuestión es muy discutible y no debería aplicarse con el contrato Covax que tiene que ser transparentado porque fue firmado con organismos multilaterales y no con empresas farmacéuticas del sector privado. Inclusive, en algunos casos con ONG. El Gobierno, por tanto, tiene la obligación de transparentar el mecanismo Covax, las modalidades y el costo. La notoria falta de transparencia en esta cuestión, de tanto interés público, impide conocer la suma total abonada hasta hoy por el Estado paraguayo, así como las causas de rescisión del contrato previstas en él y el régimen para solucionar litigios.
Estas cuestiones se vuelven aún más relevantes tras el anuncio del ministro Julio Borba de que se está negociando amistosamente la rescisión del contrato y, en particular, lo relativo a la “prima de acceso”. Es que “ya no necesitamos” las vacunas, pese a que solo el 60% de la población mayor de 18 años ha recibido al menos una dosis, es decir, a que el Paraguay sea el tercer país sudamericano con menor índice de vacunación; sin las donaciones de Estados Unidos y del sector privado, la desprotección hubiera sido aún mayor y no solo por culpa de Covax, sino también porque el Gobierno se abstuvo de buscar opciones cuando ya a fines de 2020 se hablaba de las fallas del Mecanismo. Y pese a la reticencia de la gente a inmunizarse, todavía no se ha hecho una campaña de vacunación realmente importante que le llegue a la ciudadanía y sea proactiva para estimular la participación. Paraguay debería tener un as bajo la manga en caso de que se necesite contar con esa provisión en un futuro, aún incierto de la pandemia.
Dada la obscuridad contractual reinante para la ciudadanía, es imposible saber si se han dado las condiciones previstas en el contrato para que una de las partes lo rescinda por causa justificada y, dado el caso, exija la reparación de daños y perjuicios.
El Gobierno busca un “acuerdo amistoso”, algo que bien puede darse entre particulares cuando ellos lo quieran y en los términos que fijen. Tal libertad no existe tratándose de una contratación pública, de modo que el ministro Borba debe tomar precauciones, como la de solicitar la asistencia de la Procuraduría General de la República. Por lo demás, resulta inquietante que, en mayo de 2021, el senador Amado Florentín (PLRA), presidente de la Comisión Bicameral de Control de la Ley de Emergencia Sanitaria, haya dicho que la “prima de acceso” no es reembolsable, basado en acuerdos firmados con Covax y firmas multinacionales. Sería inadmisible que la suma abonada en tal concepto sea irrecuperable, aunque el Paraguay haya pagado cada uno de los envíos y el Mecanismo haya incumplido los plazos contractuales, sin motivos justificados. Si eso ocurrió, como todo indica, el “acuerdo amistoso” no debe implicar la renuncia a un resarcimiento por los fallecimientos que se habrían evitado si las vacunas hubieran llegado a tiempo, así como por los gastos adicionales causados por los nuevos contratos que debieron celebrarse por tal motivo.
Esta deplorable historia tiene lagunas atribuibles a la falta de transparencia administrativa, sustentada en una ley quizá sugerida, por así decirlo, por los productores y distribuidores de las vacunas, en una situación de extrema urgencia. Hasta hoy, la ciudadanía ni siquiera puede tener la certeza de cuánto dinero transfirió el Gobierno por las que fueron recibidas ni las condiciones en las que se estaría negociando la rescisión del contrato por mutuo consentimiento. Tiene motivos para estar muy preocupada, porque la experiencia enseña que lo concertado entre cuatro paredes tiende a quebrantar la ley o la moral.