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La Cámara de Diputados se empeña en dejar sin castigo a los funcionarios públicos, incluidos los legisladores, que presenten declaraciones juradas de bienes y rentas, que contengan errores u omisiones. Se trata de un hecho punible de acción penal pública, castigado con hasta cinco años de cárcel, sanción que puede reducirse a hasta un año o convertirse en multa, si las lagunas o inexactitudes no fueron intencionales. Todo indica que la mayoría de los diputados se ratificará en que el declarante pueda “efectuar en cualquier momento las rectificaciones que crea convenientes”, aunque sus falsedades hayan sido dolosas. El Senado había excluido esta posibilidad al mantener la norma vigente de que, transcurrido cierto plazo para efectuar las correcciones –que dicho cuerpo redujo de treinta a diez días–, la Contraloría General de la República debe denunciar penalmente el hecho, si hubiera indicios de que la omisión o el error fueron dolosos. La versión de la Cámara Baja ya no se ocupa de la mala intención ni de la denuncia ante el Ministerio Público o la autoridad jurisdiccional competente, lo que parece lógico si las rectificaciones pueden efectuarse en todo momento, incluso en la víspera de un eventual fallo condenatorio. Tampoco tendría sentido que un agente fiscal actúe de oficio al saber de una declaración jurada falsa o que un ciudadano crea que deba denunciarla.
El diputado Miguel Cuevas (ANR) y el senador Javier Zacarías Irún (ANR), procesados también por este hecho punible, podrían sentirse muy satisfechos si fuera despenalizado, pues las leyes más favorables al procesado o condenado tienen efecto retroactivo: ya no serían condenados por supuestamente haber ocultado bienes. La Ley N° 5033/13 sanciona a quienes no entregan su declaración jurada de bienes y rentas, pero no así a quienes falsean o esconden datos, cuestión de la que hasta ahora se ocupa el Código Penal. Resulta así que la despenalización desvirtuaría totalmente un deber constitucional: la mera presentación del documento bastaría para tenerlo por cumplido, aunque no refleje en absoluto el patrimonio real de un legislador, por ejemplo. Si surgen indicios o testimonios fehacientes de que no se dijo toda la verdad, ni mucho menos, siempre se podrá culpar al olvido o a un error de cálculo aritmético, pero solo si el declarante valora su buen nombre, si es que lo tiene. Nada importa que haya un juramento de por medio.
En la función pública abundan los que tienen buenos motivos para no revelar todos sus bienes y todas sus rentas. Es que les costaría bastante justificar su discordancia con el sueldo que perciben: el enriquecimiento ilícito resultante de la comparación sería muy evidente y el riesgo de ser condenado con hasta diez años de prisión demasiado alto, en un país donde la Justicia sea independiente. En nuestro país no lo es tanto; con todo, un Tribunal de Apelaciones confirmó hace un par de semanas las penas de ocho y cuatro años y medio de cárcel impuestas, respectivamente, a un exagente policial por enriquecimiento ilícito y a su esposa por lavado de dinero. Por cierto, este delito implica ocultar un objeto derivado de un crimen, de un delito cometido por una banda criminal o de uno tipificado por la ley que reprime el narcotráfico. He aquí otro buen motivo para que la declaración jurada no incluya la totalidad del patrimonio.
Vale recordar que, en el marco del Operativo A Ultranza Py, se supo que el diputado Erico Galeano (ANR) “olvidó” incluir once cuentas bancarias y cinco inmuebles, en las manifestaciones hechas ante la Contraloría en 2018; se rectificó recién entonces, cuando el hecho punible de declaración jurada falsa ya se habría consumado cuatro años antes. Algo similar ocurrió el año pasado con su líder Horacio Cartes: ante publicaciones de prensa en ciernes, se vio obligado a confesar que desde 2011 poseía una empresa de portafolio domiciliada en Panamá: no haberlo incluido habría sido un “error involuntario”, en el que, por lo demás, incurrió en tres ocasiones.
Es necesario, pues, que la Contraloría, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, la Superintendencia de Bancos y el Servicio Nacional de Catastro cooperen estrechamente, y no solo para detectar declaraciones juradas. En otros términos, la tendencia que se observa en la Cámara Baja causa la penosa impresión de que numerosos miembros tienen fundadas razones personales para la despenalización, que van más allá del que el enriquecimiento ilícito quede impune: también podría convenirles ocultar el lavado de dinero. Si ratificara su anterior decisión, solo habría que confiar en que el Senado haga lo mismo con la suya, para que la declaración jurada de bienes y rentas sirva para que la ciudadanía conozca el patrimonio real de quienes han ejercido o ejercen la función pública. No se trata de un simple trámite, sino de una obligación que apunta a prevenir y atacar la corrupción, mediante la transparencia. La despenalización implicaría abrir aún más las puertas y ventanas del país al lavado de dinero y otros delitos conexos. El interés de quienes tienen mucho que esconder no debe primar sobre el general de que las cuentas sean claras.