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En la misma sesión en la que eliminaron el oneroso e inconstitucional subsidio a Petropar, los diputados resolvieron –por amplia mayoría– volver a tener la posibilidad de malgastar, per cápita, hasta 3.500.000 guaraníes mensuales en combustibles, para desplazarse no necesariamente por motivos de “trabajo”. En general, también restituyeron los “cupos” a las autoridades y a los funcionarios de los Poderes del Estado, así como a los de las entidades públicas, incluyendo las de economía mixta, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y las municipalidades. El reanudado festín de los presupuestívoros le costará al país cerca de 324.000 millones de guaraníes anuales, mientras suben el déficit fiscal y la tasa de inflación, en tanto que bajan el crecimiento económico y la recaudación tributaria. ¿Cómo se entiende que en estas circunstancias tan difíciles la Cámara Baja haya dispuesto el retorno del sobresueldo que de hecho implica el cupo de carburantes? La única explicación posible es que sus miembros subordinan el interés general a las apetencias de quienes viven a costa de los contribuyentes, empezando por las de ellos mismos.
No les satisface cobrar cada mes una dieta de 32.774.840 guaraníes, más G. 3.168.000 como “gastos de representación”: quieren más y más, como bien lo dijo el diputado Jorge Brítez (IND), tan ridículo como su excolega Carlos Portillo. Aparte de pedir a los emblemas privados que subsidien la gasolina consumida por los legisladores, creyó oportuno informar a la ciudadanía que “en política, no se vive del salario, por los gastos, por las gestiones, poder aguantar y administrar; yo, como parlamentario, quiero ganar más”. Su franqueza es digna de aplauso, pero no así su angurria. Dejando de lado en qué consistiría eso de “poder aguantar y administrar”, viene al caso referir que no está obligado a dedicarse con exclusividad a sus funciones, de modo que podría aumentar sus notables ingresos ejerciendo el comercio, la industria o alguna profesión; no le faltaría tiempo, pues la Cámara que integra y sus comisiones asesoras permanentes sesionan una vez por semana, sin que la ausencia frecuente conlleve la pérdida de investidura. Valió la pena, en el literal sentido de la expresión, ocuparse de esas expresiones, porque reflejarían la opinión de los numerosos diputados que de nuevo asestaron un golpe al Presupuesto y no solo en provecho propio, quizá para no aparecer como unos vulgares egoístas.
Por lo demás, salvo en casos excepcionales, no necesitan despertarse muy temprano, como tuvo que hacerlo hace poco el presidente electo de la Cámara, Carlos María López (PLRA), para asistir a una sesión extraordinaria prevista para las 7:00 y frustrada por falta de quorum: “Haberme levantado a las cuatro de la mañana... Bueno, vengo a cumplir mi trabajo, para eso me pagan”. Sí, se le paga para eso y muy bien, como para que no crea necesario apelar a retribuciones adicionales, apenas disfrazadas. Reside en el interior del país, como la gran mayoría de los diputados que, por tanto, corre con gastos de traslado a la Capital; podría alegarse que tal circunstancia justifica el cupo de combustibles, pero ocurre que también volverán a recibirlo los siete que viven en Asunción, al igual que las autoridades y los funcionarios de otros organismos que aquí tienen su sede. Es razonable sostener que solo sería admisible el reembolso del pasaje de ida y vuelta a la capital, por motivos relacionados con el ejercicio del cargo.
La Cámara Baja erró si supuso que con la plausible supresión del subsidio a Petropar, la sociedad quedaría tan contenta que lo del cupo pasaría desapercibido. Fue como si se hubiera recompensado a sí misma por haber cedido ante un fuerte reclamo. Una vez más se ha evidenciado la insensibilidad y la falta de sentido de Estado de unos parlamentarios que, en una coyuntura crítica en la que se conjugan penurias fiscales y económicas que exigen medidas para frenar el gasto público, echan mano al Presupuesto en beneficio propio, como si el Estado fuera un autoservicio. Según parece, no resulta más difícil liberarse de la pandemia que de unos politicastros tan costosos para las finanzas públicas como nocivos para la salud moral de la nación.
Ojalá que, el próximo año, el soberano refleje su hartazgo en las urnas, poniendo a cada uno en su lugar, en el ejercicio de su legítimo derecho a la defensa. Es hora de poner fin a unos insultantes privilegios, incompatibles con el bien común. Dado que el común de los legisladores no se destaca por ser idóneo, honrado y diligente, sino por reunir las cualidades contrarias, el electorado tendría que ser mucho más cuidadoso a la hora de votar: al fin y al cabo, la decisión está en sus manos. El país se merece algo mejor en el Congreso, que tanto trabajo darían al Ministerio Público y a la judicatura, si cumplieran con sus respectivos deberes.