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Dado el negro historial del Instituto de Previsión Social (IPS), plagado de corrupción e ineficiencia, resulta indignante que su presidente Vicente Bataglia se haya permitido afirmar que los 685.000 asegurados deben aportar más del 9% de sus salarios mensuales, si es que aspiran a tener mejores servicios. Lo que allí se viene robando con toda impunidad desde hace décadas, con la deplorable complicidad de los representantes del sector privado en su Consejo de Administración, implica una afrenta no solo a los aportantes, sino a la conciencia moral y jurídica de la nación: mientras los capitostes se llenan los bolsillos con licitaciones públicas o contrataciones directas fraudulentas, los pacientes deben esperar en los pasillos durante largas horas, constatar la falta de remedios, insumos básicos y reactivos laboratoriales o esperar durante meses ser atendidos, entre otras desgracias imputables a la pésima gestión de siempre.
El presidente del IPS comprende que se quieran prestaciones, pero sugiere “ver si eso se puede fondear (sic)”. Y bien, se podría “fondear” si, para empezar, la administración fuera honrada y aceptara lo que la Contraloría General de la República le recomendó en su informe especial de abril de 2021: cumplir estrictamente lo establecido en la ley y en las normativas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que permiten la participación de oferentes en igualdad de oportunidades, para satisfacer las necesidades públicas con la oportunidad, la calidad y el costo, que aseguren al Estado las mejores condiciones contractuales. Nada de eso se cumplió, por ejemplo, en el caso de la fallida licitación pública amañada en favor de una firma de seguridad de Óscar Chamorro, un viejo amigo de la casa, muy generoso quizá: a este escándalo de 140.000 millones de guaraníes, que en 2019 provocó la caída del expresidente Armando Rodríguez, le siguió otro, el año siguiente, con relación a la direccionada compra por casi 40.000 millones de guaraníes de un sistema informático de gestión hospitalaria, también cancelada tras las revelaciones periodísticas.
Estos dos casos solo representan una parte muy pequeña del enorme iceberg de la corrupción, de modo que asusta imaginarse la que cada día permanece oculta bajo las sucias aguas: no solo se fraguan contrataciones relativas a medicamentos o a servicios de seguridad, sino también a labores de limpieza. En cierta memorable ocasión, se llegó al colmo de que las trabajadoras no estaban aseguradas en el IPS, dato que remite al muy bajo porcentaje de la población económicamente activa, de unas 3.400.000 personas, que está registrada. Se hace necesario ampliar al menos el número de aportantes al servicio de salud, incluyendo a los funcionarios en general, tal como se hizo con los del Ministerio Público y con los docentes del sector público, pero también –y sobre todo– combatir la evasión de los aportes: solo 4 de cada 10 trabajadores son cotizantes, a lo que debe sumarse un altísimo porcentaje de subdeclaración de haberes.
Desde 2016, está penalizada la “evasión de aportes a la seguridad social”: el empleador que no entrega al IPS el monto del aporte del trabajador descontado de su salario, es castigado con hasta cinco años de cárcel o con multa; en los “casos especialmente graves”, con hasta diez años. La ley no sanciona a quien lisa y llanamente no inscribe a sus empleados ni a quien declara un salario inferior al percibido, omisiones o falsedades estas que suelen contar con el acuerdo o hasta con el pedido del aportante. Se entiende que así sea, dadas las pobrísimas atenciones sanitarias: a nadie le entusiasma estar asegurado. Aparte de atacar la corrupción que lo desangra y eliminar gastos superfluos, como los causados por los burócratas superfluos, el IPS debería esforzarse, pues, por aumentar su recaudación, ampliando el número de aportantes y controlando, en lo posible, la veracidad de las declaraciones. También ayudaría que alguna vez el Estado cumpla con su obligación legal de aportar el 1,5% del monto de los salarios sobre los cuales imponen los empleadores: nunca lo ha hecho en 79 años, siendo así el mayor y más viejo violador de la carta orgánica del instituto.
Aunque parezca increíble, el viciado sistema de seguridad social sigue gozando de una suerte de prestigio infundado en las esferas del poder, lo que explicaría el hecho de que hayan pasado casi treinta años desde la puesta en vigencia de la Constitución, sin que nunca haya surgido desde allí una iniciativa que apunte a hacer realidad lo dispuesto en el art. 95: “Los servicios del sistema de seguridad social podrán ser públicos, privados o mixtos, y en todos los casos estarán supervisados por el Estado”. Hasta hoy, los trabajadores no pueden elegir entre el IPS y un seguro privado o mixto, de modo que deben soportar, inevitablemente, las tribulaciones bien conocidas; se entiende así que no sean pocos los ciudadanos que prefieren un sistema opcional, esto es, que se pueda contratar un servicio privado, tal como lo permite la ley suprema. No hay por qué atarse al IPS, cuyos forzados aportantes acaban de sufrir el descaro de un presidente que les dice que, si no les gusta lo que están recibiendo, tienen que entregar más dinero a esa vaca sagrada; de lo contrario, que sigan aguantando. Es bueno saber que la paciencia ciudadana ya se esté agotando.