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Hay categóricos argumentos para sostener que Paraguay ha sido históricamente víctima de un despojo en Itaipú, pero no tiene caso anclarse en el pasado. Lo importante ahora es asegurar que, de aquí en adelante, nuestro país pueda obtener todos los beneficios que legítimamente le corresponden por su propiedad del 50% de la central hidroeléctrica y por el aprovechamiento de su mitad del río Paraná y de su potencial energético.
Itaipú fue concebida como una entidad sin fines de lucro, lo que en la práctica significa que le vende toda la energía generada a la ANDE y a Eletrobras a precio de costo (al margen de la “energía no garantizada”, que es más barata, pero ese es otro tema que dejamos de lado para no confundir). Ese precio de costo es la “tarifa”, que debe reflejar todos los gastos de operación, mantenimiento, mitigación, incluyendo los famosos “fondos sociales”, más el servicio de la deuda. Actualmente es de aproximadamente 43,83 dólares el megavatio/hora.
Después de cincuenta años, Itaipú está próxima a quedar libre de deudas (febrero de 2023 según el cronograma), con lo cual el emprendimiento termina de autofinanciarse y con ello se cumple el requisito en el plazo indicado para la renegociación de los términos de Anexo C del Tratado, que establece las bases financieras y de prestación de servicios de la entidad.
Dado que, al cancelarse la deuda, Itaipú ya no tendrá costos financieros, la tarifa tiene que bajar drásticamente, se estima que a aproximadamente 10 dólares el MWh. Esto les conviene tanto a Eletrobras como a la ANDE, que son las compradoras, con la salvedad de que Eletrobras compra el 80% de la energía y ANDE el 20%, por lo cual la primera se beneficia proporcionalmente más.
Pero esto en principio no tendría absolutamente nada malo si no fuera por un gran detalle: parte considerable de esa energía limpia y barata que le compra Eletrobras a Itaipú es paraguaya, ya que corresponde al 50% que formalmente es de Paraguay y es generada con las aguas del río Paraná, que es un recurso natural compartido en partes iguales por los dos países dueños de la central.
Lo ideal sería que Paraguay pudiera utilizar todo su 50% para desarrollar su aparato productivo, generar fuentes internas de trabajo y movilizar su propio desarrollo, y en algún momento eso va a ocurrir. Pero, mientras tanto, la realidad es que todavía, dependiendo del año, tiene unos 20 millones de MWh anuales de excedentes. Cómo se van a manejar de ahora en más esos excedentes, ese el verdadero punto central de esta negociación.
Sería lógico y justo que Paraguay le vendiera a Brasil la parte que no utiliza de la producción que le pertenece. Sin embargo, justamente por interpretación y aplicación del Anexo C, que es el que está en discusión, Paraguay se ve obligado a “ceder” esa parte no utilizada a Brasil a cambio de una “compensación”, que está muy lejos del precio de mercado de esa energía.
Ya con el ajuste “concedido” por Lula en 2009, tal compensación es de 10 dólares el MWh, que paga Eletrobras a Paraguay por encima de los 43,83 dólares de la tarifa al costo de Itaipú, es decir, unos 54 dólares en total, frente a los 100, 200 y más dólares el MWh que se cotiza la energía eléctrica en el mercado regional mayorista.
Peor aún, Eletrobras es una empresa mixta y el mercado eléctrico brasileño está manejado por empresas privadas por la ley de la oferta y la demanda. En consecuencia, Eletrobras adquiere la energía paraguaya a precio de costo más una “compensación” y la revende en subastas a otras empresas distribuidoras en el mercado brasileño hasta a 200 dólares o más el MWh, apropiándose de grandes rentas que le tendrían que corresponder a Paraguay. A valores de hoy, estas rentas ascienden a unos 3.000 millones de dólares al año que Paraguay deja de percibir.
Por lo tanto, la tarifa de Itaipú es lo de menos, lo importante es quién se queda con la diferencia entre esta, que es el costo, y el precio real de mercado. Entonces, una de dos. O Brasil le paga a Paraguay un precio justo por sus excedentes en Itaipú, que debería acercarse al precio de mercado, o le permite a Paraguay comercializar directamente su energía en el mercado brasileño y obtener las rentas que legítimamente le pertenecen, ni más ni menos. Esta, y no otra, es y debe ser la reivindicación paraguaya más importante en esta negociación. Cualquier otra cosa es desviar la atención.