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Acaban de salir a la luz, en dos días consecutivos, por un lado un audio de Ramón González Daher, condenado a 15 años de cárcel por usura grave, lavado de dinero grave y denuncia falsa, y unas anotaciones de Walter Galindo Domínguez, hoy procesado por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal, que confirman el pavoroso hecho, ya bien conocido, de que el aparato estatal se halla al servicio del delito. Desde el cargo que enlodan, quienes deberían combatirlo suelen colaborar con sus autores aparentemente a cambio del dinero que estos acumulan a costa del patrimonio o de la salud de sus víctimas. Es lo que se desprende de que el tribunal que juzgó al usurero luqueño haya pedido al Ministerio Público que investigue a los fiscales y jueces que dieron curso a las 156 denuncias contra quienes cayeron en sus garras, sin que hasta ahora se conozcan avances, al cabo de más de tres meses. La jueza Claudia Criscioni llegó a pedir “disculpas por lo que el sistema de Justicia les hizo” en unos casos aberrantes, en los que se utilizó el fuero penal para forzar el pago de deudas ilegítimas: los damnificados eran vilmente denunciados por estafa, dado que la Constitución prohibe la prisión por deudas, salvo un par de excepciones.
Pero González Daher habría hecho algo más según lo expresado por él mismo, esto es, valerse del Ministerio del Interior para intentar secuestrar a un deudor en una operación realizada en Punta Porá (Brasil), en 2019, con la participación de ocho agentes policiales paraguayos, que habrían sido proporcionados por el propio ministro del Interior; este no es mencionado por su nombre en el audio, pero hace tres años el cargo era ejercido por Juan Ernesto Villamayor, a quien Estados Unidos canceló la visa en febrero último, por motivos que se ignoran. “Le íbamos a traer de Ponta Porã”, dijo el usurero de marca mayor; así de simple tenía que ser, gracias al presunto apoyo de un miembro del Gobierno nacional. Se habría llegado, pues, al extremo de que las actividades ilícitas de este odioso personaje hayan sido favorecidas por el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, incluso después de que su hermano Óscar renunciara a su banca en el Senado y a la Presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), desde donde impartía órdenes a jueces y a agentes fiscales. Las instituciones se han degradado tanto que se volvieron instrumentos de las actuaciones delictivas de un clan voraz, también integrado por el concejal luqueño Óscar González Chaves (ANR) y por Fernando González Karjallo, ambos finalmente condenados con sus padres.
Pocas veces se ha visto con tanta claridad cuánto influyen el dinero y el cargo para que los negocios sucios se desarrollen con toda impunidad durante largos años. Claro que muchas veces basta con el poder económico, según surge de los gastos asentados por el puntilloso Galindo Domínguez, para ser sobreseído por la jueza Isabel Bracho de Benítez en una causa abierta en 2021, también por narcotráfico. Esos “gastos” llegaron a un total de 716.700.000 guaraníes, suma que, en parte, fue abonada en dólares a dos “doctoras”, a otros tantos “doctores” y hasta a la “prensa”; en este último caso, con el supuesto fin de evitar publicaciones. No sorprende que en la lista de gastos figuren la “Senad” y “Judiciales”; también aparecen pagos a un “jugador nuevo”, así como “pasacalles y remeras”, acaso destinados a la campaña previa a los comicios municipales.
Valga el dato curioso de que la banda, que distribuía cocaína en el departamento Central, según se cree ahora, estaba integrada en su mayoría por estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, que tenían como profesores a agentes fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico; a ello se suma que un hermano de dos detenidos trabaja junto a un agente fiscal recién asignado a dicha unidad. Es de señalar que Galindo Domínguez presentó un certificado médico que le atribuía una enfermedad terminal y que el laboratorio forense reveló que un paquete hallado en su casa contenía bicarbonato de sodio, datos estos que tal vez tengan que ver con algunas de las “inversiones” realizadas. La cuestión es que estas evidencian el influjo del dinero en las actuaciones judiciales relativas al narcotráfico: los honorarios de los abogados defensores conformarían la menor parte de los gastos del procesado.
La podredumbre que afecta a las instituciones socava el Estado de Derecho en la medida en que atenta contra la igualdad de acceso a la justicia y la igualdad ante las leyes, entre otros principios que deben estar a salvo de la corrupción y de la prepotencia. Es intolerable que el aparato estatal no esté al servicio del bien común, sino de los mandones de turno y de la riqueza mal habida. Es más bien propio de una vulgar republiqueta que agentes policiales crucen la frontera con un facineroso para raptar a un ciudadano extranjero o que una administración de Justicia opere de acuerdo a los gastos realizados por un narcotraficante. El Paraguay aún no se ha convertido en un “Estado fallido”, pese a que tiene dos de sus principales características, que son la corrupción política y la ineficacia judicial; empero, podría caer en esa categoría, si la crisis económica se agrava y el crimen organizado sigue avanzando. Aunque la situación sea preocupante, no hay signos de que los politicastros se inquieten, quizá porque ellos mismos tienen mucho que ver con sus causas. A ver si se logra borrarlos del mapa con el voto, por el bien de un país muy golpeado por la delincuencia.