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Este jueves, la Cámara de Senadores se ocupará de una iniciativa que busca restablecer el contubernio entre politicastros y organizaciones no gubernamentales (ONG) digitadas por ellos, impedido últimamente por la vigente Ley del Presupuesto General de la Nación, en lo que a las Gobernaciones respecta, tras las descomunales presuntas malversaciones detectadas en algunas de ellas y que tomaron estado público, como las del departamento Central, primero, y luego las de Canindeyú, Caazapá, Paraguarí, Misiones. La nueva iniciativa de los senadores colorados Silvio Ovelar y Juan Darío Monges, así como de los liberales Amado Florentín y Abel González, ignora la triste experiencia acumulada a lo largo de los años en cuanto a transferencias de fondos públicos a “entidades sin fines de lucro” encargadas de ejecutar algún proyecto de “bien común”, eludiendo la “engorrosa” Ley de Contrataciones Públicas, al decir del impresentable gobernador Hugo Javier González (ANR). De lo que se trata ahora es de que las Gobernaciones vuelvan a recibir fondos de los que puedan disponer discrecionalmente, entregándolos a las ONG afines al poder político, eliminando la actual prohibición de que programen aportes a entidades e instituciones privadas sin fines de lucro o los incluyan dentro de sus proyectos y actividades.
Dado el nulo o escaso control existente, el “rubro 800″, en el que están incluidos dichos aportes, es una carta blanca para la malversación y no solo –ni mucho menos– en las Gobernaciones. El propio intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, está también bajo seria sospecha de haber mal utilizado dichos recursos.
Este año, 124 ONG recibirán 51.764 millones de guaraníes para solventar sus gastos de funcionamiento, tras haber sido seleccionadas arbitrariamente por el Congreso: muchas de ellas han sido creadas para quedarse con una parte del Presupuesto, bajo el manto de algún noble objetivo, gracias a las gestiones de legisladores amigos. Aparte de las referidas, que gozan de una directa asignación presupuestaria, hay otras que se sacan de la galera para ejecutar un proyecto de alguna entidad pública, aunque no tengan la menor relación con la materia: fue el caso de la Fundación Cerro Lambaré, a la que el Indert, dirigido por el hoy procesado Justo Cárdenas, entregó 2.500 millones de guaraníes para abrir pozos de agua en Horqueta, pese a haber sido creada para, entre otras cosas, apoyar actividades culturales, artísticas y recreativas. Como se sabe, los gobernadores Hugo Javier (Central), César Ramírez (ANR, Canindeyú) y Pedro Díaz Verón (ANR, Caazapá) dieron fondos destinados a combatir la pandemia a personas o entidades ajenas a las tareas a ser realizadas.
Las componendas entre autoridades y contratistas son usuales porque la Contraloría General de la República no verifica el empleo del subsidio por parte de las entidades privadas, aunque esté facultada para pedirles informes a ser entregados dentro del plazo de veinte días; ellas también están obligadas por ley a difundir por internet su acta de constitución, la lista de sus directivos y el detalle del gasto del dinero público, entre otras cosas, pero no se sabe que alguna de ellas haya sido sancionada por no hacerlo. El órgano contralor fue incapaz de impedir el desvío sistemático de fondos públicos, incluso en el caso de los más de 200 pozos del Indert, que habrían proporcionado a unas 50 ONG alrededor de 60.000 millones de guaraníes, entre 2014 y 2016. Tampoco previno las corruptelas en el Gobierno del departamento Central, denunciadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación y por la Secretaría Nacional Anticorrupción, tras revelaciones de este diario y de concejales departamentales.
El modelo comentado –aportes financieros a ONG o diseño y ejecución de programas públicos a cargo de ellas– fue promovido en las últimas décadas por organizaciones internacionales, considerando la corrupción y el burocratismo rampantes en los aparatos estatales de los países en vías de desarrollo. Se creyó que la intervención privada en proyectos de interés general financiados con fondos públicos conllevaría una mejor administración de los recursos, es decir, que la “tercerización” beneficiaría tanto a los grupos meta como a todo el país, pues el dinero de los contribuyentes sería mejor invertido. Pero en el Paraguay, el remedio fue peor que la enfermedad, pues el vito del dinero a través de estas entidades, supuestamente sin fines de lucro, fue escandaloso. Si además se considera que el Estado no debería delegar su función de ocuparse directamente de la salud y de la educación públicas, así como de otros servicios públicos que, por ejemplo, bien podrían estar a cargo de las Municipalidades, para no convertirse en un mero distribuidor de fondos a los amigos y correligionarios, parece necesario y urgente poner fin al “rubro 800″, es decir, al robo inmisericorde que se produce de consuno entre corruptos de uno y otro lado del mostrador.
En suma, no solo debe ser mantenida la prohibición contenida en la ley del Presupuesto vigente con respecto a las Gobernaciones, sino ampliada a todos los niveles político-administrativos, para poner fin al malhadado contubernio.