Deficiente servicio de inteligencia en la lucha contra el narcotráfico

Bien se sabe que Pedro Juan Caballero es el epicentro nacional del narcotráfico. Tiene solo unos 125.000 habitantes, de modo que no debería resultar muy difícil detectar a los involucrados en esa actividad delictiva tan rentable, más aún atendiendo que quienes se dedican a ella acostumbran ostentar sus bienes: Reinaldo Javier Cabaña (“Cucho”) tenía una imponente casa-quinta en el pequeño municipio de Juan E. O’Leary, en tanto que el pastor José Alberto Insfrán era dueño de dos lujosas viviendas en la minúscula localidad de 25 de Diciembre, pero nada de esto había llamado la atención oportuna de los organismos de inteligencia. También la vivienda pedrojuanina de Ederson Salinas (“Ryguasu”), tiroteada hace unos días por un grupo movilizado en varias camionetas, parece de lo más confortable, al menos en lo que al mobiliario respecta. Fue la mano derecha del brasileño Sergio Quintiliano Neto (“Minotauro”), condenado en su país, en 2020, a 40 años y nueve meses de prisión, por haber liderado una red que proveía al Primer Comando da Capital de cargas de cocaína introducidas desde el Paraguay. Lo apuntado no era ningún secreto, salvo quizá para la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) o la Policía Nacional (PN), dado que Salinas no registra antecedentes judiciales ni pesa sobre él una orden de captura. Es de suponer que nunca se ocuparon de él, porque no todos sus funcionarios son idóneos, diligentes y honestos, por decir lo menos.

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En febrero, la PN instaló en la capital del Amambay un Grupo Táctico, que depende del Comando de Operaciones de Defensa Interna CODI-FTC. En la ocasión, su comandante, comisario general Gilberto Fleitas, afirmó que ese departamento es su “segunda prioridad” y que allí “el trabajo no es fácil”, a lo que cabe agregar que podría serlo si comenzara por mejorar notablemente la calidad moral y profesional de los policías lugareños. Es evidente que resulta necesario reforzar las tareas de inteligencia, para que no permanezcan ignorados los autores materiales e intelectuales de tantos crímenes atribuibles a narcotraficantes, como aquel del que fue víctima una hija del gobernador Ronald Acevedo, hasta hoy solo parcialmente desvelado. Poco después de asumir el cargo, el ministro del Interior Federico González dijo que la caída de su antecesor Arnaldo Giuzzio derivó de una falla del “sistema de inteligencia”, que ¡no le advirtió de que estaba tratando con un narcotraficante!: lo recibió en su propio despacho, sin tener la menor idea de su prontuario, algo que no debe sorprender si se recuerda que el exdiputado Juan Carlos Ozorio llegó a presidir nada menos que la comisión de Defensa, Seguridad e Inteligencia (!), de la Cámara Baja, y que, como presidente de la Cooperativa San Cristóbal firmó con la mismísima titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Zully Rolón, un convenio de lucha contra la drogadicción.

En opinión del ministro del Interior, excanciller y sin ninguna experiencia en materia de seguridad interna, los organismos “no están compartiendo inteligencia”, esto es, cada uno guarda celosamente los datos con que cuenta, como si fueran de su uso exclusivo y no estiraran el mismo carro. Curiosamente, tampoco habría “limitante de quién puede acceder a la información de inteligencia”. En otras palabras, la situación sería caótica, pero, por suerte, al menos ya se estaría “trabajando en cambiar la estructura”, encabezada por la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), en funcionamiento desde hace poco más de tres años y a cargo del ministro Esteban Aquino. Sobre el papel, hay todo un Consejo Nacional de Inteligencia, integrado por el mencionado funcionario y por los ministros del Interior, de Defensa y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, así como por el secretario ejecutivo de la Senad; debe sesionar al menos una vez cada dos meses.

Dichas entidades conforman otro superorganismo, el Sistema Nacional de Inteligencia, cuyos magros resultados en el combate al narcotráfico están a la vista. Algunas razones se desprenden de los dichos del ministro González, a quien no le habría sorprendido el triste desenlace de la gestión de Arnaldo Giuzzio. Preguntado si el ministro Aquino sería reemplazado, contestó: “El cambio va a llegar en su momento (...) Tomar medidas es la instrucción que tenemos”.

Aparte de poner en orden los procedimientos, es indispensable realizar una depuración exhaustiva, dado que todas las instituciones están permeadas por el crimen organizado, según el propio presidente Mario Abdo Benítez. Siendo así, los trabajos de inteligencia deberían empezar por casa: en 2015, el por entonces jefe de la Senad, Luis Rojas, afirmó que siete de cada diez de sus funcionarios apestaban a corrupción; sería arriesgado estimar el porcentaje actual, pero no así suponer que esa plaga no ha sido erradicada, pues nada se sabe de medidas correctivas que se hayan tomado a partir de tan grave afirmación.

El éxito de la lucha contra el narcotráfico depende más de la información recabada que del armamento o del número de efectivos empleados, razón por la cual urge que la SNI sea reestructurada para que cumpla con su función. Mientras tanto, su existencia presupuestaria no se justifica.

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