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La ley “por la cual se implementan medidas transitorias de contingencia para la comercialización de diésel/gasoíl tipo III y nafta de 93 octanos por parte de Petropar” autoriza a la empresa estatal a subsidiar ambos combustibles hasta un 30% por debajo del costo. Esto claramente se contrapone al artículo 107 de la Constitución Nacional, que taxativamente establece que no se permitirá “el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia”.
Este hecho por sí mismo ya invalida esta absurda medida tomada por el Congreso, con la anuencia del Poder Ejecutivo. Pero, al margen de ello, el pretendido “remedio” será mucho peor que la enfermedad. Solo servirá para desestimular la importación, provocar desabastecimiento y dejar importantes márgenes para los operadores de los servicentros de Petropar, por lo general en manos privadas de personas vinculadas a la política, principalmente del Partido Colorado.
El primer punto en cuestión es que Petropar apenas tiene el 17% de participación en el mercado del gasoíl (2021) y menos del 10% de las estaciones de servicio a nivel nacional, con 220 bocas de expendio frente a las 2.300 de otros emblemas. Nadie explica cómo hará para abastecer el 100% del mercado con precios preferenciales. Lo que ocurrirá en la práctica es que sus existencias pronto se agotarán, no habrá dinero ni logística que aguanten para importar enormes cantidades sin cubrir el costo, y la gran mayoría de los consumidores terminará pagando el precio real, además de perjudicarse junto con el conjunto de la sociedad, como veremos, con la suba de otros impuestos o con inflación.
Esto toda vez que haya producto, porque esta medida conlleva un riesgo de escasez o desabastecimiento, algo que tendría consecuencias mucho más nocivas para la gente y para la economía que un combustible caro. La competencia desleal provocará en lo inmediato un desvío natural del consumo hacia Petropar en contra de los emblemas privados, que lógicamente ajustarán sus importaciones a la nueva situación, con el resultado de que habrá menos gasoíl y nafta, lo cual, a su vez, probablemente presionará todavía más el precio al alza por la ley de la oferta y la demanda.
Otro aspecto de gran importancia es cómo se va a financiar este subsidio, algo que no queda claro en la ley de referencia. Supuestamente se obtendrán los fondos con exoneraciones del aporte intergubernamental y del Impuesto Selectivo al Consumo, pero el ISC sobre el gasoíl común solo representa alrededor de 430 guaraníes del precio. ¿De dónde saldrá el resto?
Los subsidios no son gratis, de alguna manera hay que cubrirlos, si no es de una fuente tiene necesariamente que ser de otra, y el Estado no genera recursos, todo sale directa o indirectamente de los contribuyentes y de la ciudadanía. Las finanzas públicas ya son deficitarias y el fisco no tiene ahorros ni margen de maniobra, por lo que, salvo que haya un drástico recorte de gastos, lo que es difícil de creer y lo que, en todo caso, afectaría a otras prioridades, Hacienda tendrá que elevar la base imponible del ISC de otros productos para compensar la pérdida de sus ingresos por combustibles y para solventar la diferencia entre el costo de importación y el precio preferencial de venta de gasoíl y nafta. La alternativa sería apelar a la “maquinita”, con emisión monetaria inorgánica, pero eso sería todavía peor, porque dispararía aún más la ya creciente inflación, lo cual sería de todas formas pagado por todos, y proporcionalmente más por los que menos tienen.
Finalmente, el combustible no es el único producto cuyo precio está subiendo y este tampoco es, ni mucho menos, el único problema que enfrenta el país en este momento. Los propios “camioneros”, en realidad los empresarios transportistas que están detrás, en breve seguramente volverán a bloquear rutas para pedir auxilio y más subsidios, porque este año habrá 7 millones de toneladas menos que transportar, equivalentes a unos 260.000 fletes, solamente por la dramática merma de la cosecha de soja a causa de la sequía.
Los precios de los combustibles suben por un factor externo que Paraguay no tiene ninguna posibilidad de controlar. La única esperanza es que se estabilice el mercado internacional. Cualquier cosa que intente hacer el Gobierno al respecto es una gota en el océano, es tratar de tapar el sol con el dedo. Estratégicamente y para el futuro, hay que cambiar la matriz energética nacional para no depender tanto del petróleo importado, algo que se debió comenzar a hacer hace décadas, pero mientras tanto la única opción es aceptar la realidad en vez de recurrir a disparatadas medidas demagógicas que atropellan la Constitución y no hacen más que empeorar las cosas.