Cargando...
Después de haberse aprobado desde fines del año pasado y para este año un nuevo aumento indiscriminado a los docentes, que componen un tercio de los funcionarios públicos, así como un aumento encubierto a médicos y parte del personal de blanco, un sector del funcionariado está pidiendo un incremento generalizado del 38 por ciento. Con un déficit del 4 por ciento del PIB y una casi segura recesión por la pérdida de la cosecha a causa de la sequía, una previsible caída de las recaudaciones, que se acentuará por las exoneraciones acordadas para bajar artificialmente el precio del gasoíl y la nafta común, el Estado literalmente no está en condiciones de conceder un centavo de aumento a nadie, no digamos ya del 38 por ciento.
Las centrales sindicales también están reivindicando un ajuste del 35% del salario mínimo y anuncian huelgas y movilizaciones para el 2 de mayo. Si bien el sector privado está rezagado salarialmente en comparación con el sector público, no se puede desconocer la realidad de que solo una parte relativamente pequeña de la fuerza laboral accede al salario mínimo. Para todo el resto, el único aumento que habrá será el de precios, en un contexto donde ya hay alta inflación, tanto por causas externas como internas, y en el que habrá menos ingresos por el mal año agrícola y la coyuntura económica.
De una población económicamente activa de 3.725.792 personas al cuarto trimestre de 2021, solo 465.000, el 12 por ciento, son empleados/obreros formales del sector privado no agropecuario, medidos por su inscripción en el Instituto de Previsión Social. Si sumamos a los 338.500 trabajadores del sector público (suponiendo que todos sean formales y no lo son), apenas poco más del 20 por ciento de la fuerza laboral se podría potencialmente beneficiar en el corto plazo con aumentos de salarios estatales y del salario mínimo, mientras que el restante 80 por ciento no recibiría ningún beneficio y sí sufriría las consecuencias.
La pérdida del valor adquisitivo en un ambiente de alta y creciente inflación alcanzará a todos, incluso a los que puedan conseguir un aumento, que será rápidamente licuado por la suba generalizada de precios, pero afectará más a los que menos tienen, porque estos por lo general están en el mercado informal y gastan todos sus ingresos en la canasta básica de consumo, que es donde mayor es el impacto.
En febrero la inflación anualizada ya fue del 9,3 por ciento. Aún no se conocen las cifras de marzo, pero es muy probable que a estas alturas ya haya alcanzado los dos dígitos por primera vez en 14 años, con tendencia al alza, en parte por el escenario internacional, pero en mayor medida por un incremento exponencial de los agregados monetarios como resultado del excesivo gasto público y el alto déficit.
La inflación también generará una suba de la tasa de interés, lo que encarecerá los préstamos, las tarjetas de crédito al público, así como también los bonos internos con los que se financia el propio Estado. Esto desestimulará la inversión privada y deprimirá el potencial del crecimiento económico, lo cual a la larga, a su vez, contribuirá con una mayor inflación, porque al haber menos producción y crecimiento (menor oferta) y mantenerse constante el gasto (mayor demanda relativa), subirán los precios.
Hay solo dos maneras de corregir este desbalance y recobrar un relativo equilibrio: o un duro ajuste de cinturón, proteste quien proteste, que será más duro cuando más se tarde en hacerlo, o un aumento en la carga tributaria sobre la población. Pero ¿cómo pedirles más esfuerzos a los contribuyentes en pleno ciclo recesivo, después de los años de pandemia, y tras haberse duplicado la deuda pública solo con este Gobierno, sin que con ello se hayan mínimamente resuelto los problemas estructurales del país?
Lamentablemente, es difícil esperar que se haga lo correcto en un período electoral, a pesar de que el deterioro de la sostenibilidad macroeconómica presenta graves peligros para la estabilidad y va a complicar muchísimo la gestión de la próxima administración. Solo nos queda rogar a gobernantes, políticos, líderes sociales que sean patriotas, que antepongan el interés nacional, que piensen en el país y en las mayorías, que sean responsables y no terminen de enterrar el sueño del desarrollo paraguayo.