El precio de los combustibles es solo uno de nuestros problemas

El Gobierno una vez más ha sucumbido ante presiones sectoriales sin visión de conjunto y sin contemplar los otros graves problemas que enfrenta el país en este preciso momento además del precio de los combustibles. Los transportistas de carga obtuvieron con bloqueos de rutas una insostenible reducción de 1.000 guaraníes en el precio del gasoíl y de 800 guaraníes en el de la nafta común comercializados por Petropar, pero podemos vaticinar que pronto estarán nuevamente reclamando auxilio y subsidios a costa de los contribuyentes, porque habrá una merma de 259.000 fletes solamente por la calamitosa pérdida de la cosecha de granos a causa de la sequía.

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El mal año agrícola será el detonante de una casi segura recesión en 2022, con escasez y suba de precios de muchos otros insumos y productos básicos, como ya está ocurriendo con los huevos y los lácteos, aumento del tipo de cambio, inflación por causas monetarias, caída de la actividad económica y de las oportunidades de obtener ingresos, en un contexto de muy estrecho margen de maniobra por parte del Ministerio de Hacienda y del Banco Central para aplicar medidas contracíclicas, a lo que se suman la volatilidad del mercado internacional debido a la guerra en Europa y un inquietante rebrote de covid en el mundo.

En vez de explicar esta situación a la ciudadanía y mantenerse firmes, de adelantarse a los hechos y exponer un plan de contingencia general, van como siempre a ciegas tratando reactivamente de apagar incendios aquí o allá, buscando calmar el descontento de este o aquel sector, y terminando con medidas parciales, de efectos mínimos, poco duraderos, y perjudiciales para la mayoría.

Si bien esta reducción de los precios de Petropar supuestamente se financia con la exoneración de un aporte intergubernamental de esta empresa estatal de 12.000 millones de guaraníes por mes al fisco, Hacienda todavía tiene que explicar cómo va a hacer para cubrir ese agujero en las ya de por sí deficitarias finanzas públicas, qué gastos va a recortar o qué otros impuestos va a subir para compensar (se habla de la ampliación de la base imponible del impuesto selectivo al consumo de varios productos).

Por otra parte, Petropar solo tiene una participación del 16 por ciento en el mercado, por lo que sus existencias de combustible más barato se agotarán rápidamente y tendrá que volver a subir el precio cuando haya que reponer, salvo que se incremente todavía más el subsidio estatal a costa de otras prioridades.

Y hay un riesgo aún mayor, como siempre que se cae en la tentación de controlar los precios, y es el desabastecimiento. El Estado no tiene suficientes recursos para proveer combustibles por debajo del costo de importación a todo el mercado, y los emblemas privados no van a trabajar a pérdida frente a una competencia desleal por períodos prolongados, por lo que simplemente dejarán de importar o importarán menos. Si a la cuestión externa se le suma la escasez interna, los precios al final se dispararán muchísimo más.

Pero, además de todo lo anterior, este es solo uno de los problemas que se le presentan al país en este momento y que será preciso atender. Solo por soja dejarán de ingresar este año 2.600 millones de dólares por la pérdida de más del 65% de la cosecha, algo nunca visto, con una producción total que no llegará a las 4 millones de toneladas frente a las más de 10 millones de las últimas campañas, lo que ha venido acompañado por un fuerte aumento de precios de insumos, tales como fertilizantes y herbicidas, además del combustible. Esto tendrá un efecto demoledor en todos los órdenes de la economía, desde el ingreso de divisas –necesarias, por ejemplo, para importar hidrocarburos– hasta el aprovisionamiento de la cadena de alimentos, forrajes y materias primas para la agroindustria, pasando por las recaudaciones del fisco y una amplia red de servicios que emplean directa e indirectamente a centenares de miles de personas, incluyendo, precisamente, el transporte.

Se avecinan tiempos muy difíciles, donde habrá muchos reclamos de medidas especiales, como flexibilización en las áreas financiera y fiscal, por ejemplo con la suspensión del adelanto del impuesto a la renta en el sector agrícola, lo cual sería bastante lógico, teniendo en cuenta que gran parte de los productores arrojarán pérdidas, pero que complicará todavía más la ejecución del presupuesto público.

Además del de los combustibles, muchos otros precios van a subir, y no solamente por la coyuntura internacional y por el impacto de la sequía, sino porque el país ya se encuentra en una clara escalada inflacionaria debido a una alta emisión monetaria inorgánica para financiar el despilfarro estatal y el alto déficit fiscal de los años recientes. Promediando el mes de marzo la inflación probablemente ya habrá alcanzado los dos dígitos con tendencia a mantenerse muy por encima de la media de las últimas décadas.

La esperanza es que mejore la situación internacional, algo que no podemos controlar, y que se recupere en parte la producción con los cultivos de zafriña de principios de año, que se recolectan en julio/agosto, lo cual también es incierto. Ante este panorama tan complejo, se esperaría que el Gobierno tuviera un abordaje integral de todo el escenario, pero de nuevo da muestras de su crónica improvisación, su cortoplacismo, su falta de coraje y de visión para poner en práctica políticas públicas que contribuyan con el desarrollo nacional, además de su incapacidad para el manejo de las crisis y para administrar el país.

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