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Con menos del 25% de la población económicamente activa aportando a algún sistema de seguridad social y ahorro jubilatorio, esta es una bomba de tiempo cuyas consecuencias no se están dimensionando en su real magnitud. De acuerdo con algunas estimaciones, en los próximos 20 años se agregarán por lo menos 2.600.000 personas a la franja de los que ya no estarán en edad de trabajar y que se quedarán sin ningún ingreso. La opción de un Estado asistencialista que los pueda auxiliar es absolutamente infinanciable. Para tener una idea, solo para pagarle la mitad de un sueldo mínimo a cada uno se necesitarían 5.000 millones de dólares al año a los valores de hoy, una cifra que excede en 40% el total de las actuales recaudaciones tributarias y aduaneras del país. Habría que elevar 40% la carga tributaria solamente para este fin, dejando de lado todo lo demás, educación, salud, infraestructura, salarios.
Pero incluso con ese 25 por ciento que sí aporta se presentan serios problemas. De hecho, los candidatos que se preparan para competir por la Presidencia de la República en las elecciones de 2023 deberían estar muy preocupados por la situación de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, más conocida como Caja Fiscal. Las proyecciones oficiales pronostican un déficit de 3.000 millones de dólares ya para el próximo período presidencial. Eso es casi tres veces lo que se recaudó por impuesto al valor agregado en 2021, o sea que habría que elevar el IVA que pagan los contribuyentes del 10 al 30 por ciento solo para cubrir las jubilaciones de los funcionarios públicos.
Al margen de la extrema gravedad de este escenario y de la impostergable urgencia de ocuparse de la Caja Fiscal, este es un juego de niños en comparación con lo que pasaría si se dejara que el IPS llegara a esa instancia. Para empezar, menos del 10 por ciento de los trabajadores está en el sector público. El gran tema es qué pasa con el otro 90 por ciento.
Lo primero que hay que abordar es la formalización de la fuerza de trabajo, para lo cual necesariamente se requiere, por un lado, que las instituciones responsables hagan cumplir la ley, pero, por el otro, una reforma laboral que incentive y haga viable, sobre todo para las micro y pequeñas empresas, la inclusión de los trabajadores en el sistema previsional.
Solo cuatro de cada diez asalariados del sector privado están en el IPS y, en contrapartida, tan solo están inscriptas 63.000 de las 650.000 unidades productivas que hay a nivel nacional según el Ministerio de Industria y Comercio, lo que sugiere una evasión patronal de más del 90 por ciento. Esto sin considerar los diversos mecanismos de evasión solapada. Uno muy común, por ejemplo, es hacer figurar a los trabajadores por el sueldo mínimo, pagarles el resto en negro y, a lo sumo, blanquear la cotización los tres últimos años para elevar el monto de la jubilación.
El segundo aspecto que hay que abordar perentoriamente es el manejo de las reservas. Por un lado, la ley solo le permite al IPS hacer colocaciones financieras muy poco sofisticadas, con el resultado de que la mayor parte de los fondos líquidos están en el sistema bancario a la vista o en certificados de depósitos de ahorro de muy bajo rendimiento, por lo general financiando préstamos de consumo, en vez de dirigir el ahorro interno a inversiones productivas que generen más puestos de trabajo y más aportes al instituto.
Por otro lado, probablemente las reservas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones son mucho menores de lo que figura en los libros porque tienen un alto componente inmobiliario de dudosa tasación y del que, en la práctica, no le permiten disponer. Como posteó el exgerente Pedro Halley en las redes, hasta 1990 el IPS tenía 126 propiedades, incluyendo hospitales y oficinas. Con las crisis financieras pasó a tener ¡1.100!, por la cantidad de inmuebles que le “encajaron” en dación de pago, muchísimos de ellos verdaderos “clavos”, ocupados o en litigio, o altamente sobrevaluados o caros de mantener, con el agravante de que le ponen trabas legales para liquidarlos y transparentar así su patrimonio.
El tercer aspecto, pero no por ello menos importante, es el de la supervisión. Es insólito que un sistema de ahorro obligatorio de miles de millones de dólares no tenga un control externo independiente. Para esto no se necesita crear ninguna superestructura, simplemente dotar de instrumentos legales y recursos humanos a la Superintendencia de Bancos para que fiscalice el cumplimiento de normas de prudencia y parámetros internacionalmente aceptados.
A mediados de la década del 2000, el momento en que los aportes al IPS ya no serían suficientes para solventar las jubilaciones y, por ende, habría que empezar a consumir las reservas, actuarialmente se calculaba más allá del año 2050. Hoy ese punto de quiebre ya es 2038, dentro de apenas 16 años. Este ha dejado de ser un problema de muy largo plazo, la crisis está a la vuelta de la esquina. La pregunta es: ¿les importa a los gobernantes, a los políticos, a los administradores, a los representantes de las centrales obreras y de la Feprinco en el Consejo de Administración? Muchos parecen muy cómodos, o incluso beneficiándose, con el statu quo.