Escandalosa intervención de la vocera de Sandra Quiñónez

La directora de prensa del Ministerio Público, Élida Favole, se permitió, en su cuenta personal en Twitter, hacer saber a miembros del Congreso Nacional innominados que la Fiscalía cuenta con información penalmente relevante que usa discrecional y selectivamente. Es difícil creer que la funcionaria, que mantiene actividades laborales privadas en empresas afines al grupo Cartes, haya descubierto en estos días una autonomía que jamás había usado hasta ahora y que haya realizado la mencionada acción sin un aliento de su jefa en el sector público, Sandra Quiñónez. Usar selectivamente información penalmente relevante vulnera el principio de igualdad ante la ley.

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La directora de prensa del Ministerio Público, Élida Favole, se permitió, en su cuenta personal en Twitter, hacer saber a miembros del Congreso Nacional innominados que la Fiscalía cuenta con información penalmente relevante que usa discrecional y selectivamente.

Es difícil creer que la funcionaria, que mantiene actividades laborales privadas en empresas afines al grupo Cartes, haya descubierto en estos días una autonomía que jamás había usado hasta ahora y que haya realizado la mencionada acción sin un aliento de su jefa en el sector público, Sandra Quiñónez.

Para abonar lo anterior, la fiscala general no destituyó a Favole, solo le abrió un sumario de cuyo resultado nadie espera nada, a pesar de que su conducta genera indicios de la comisión de hechos punibles definidos en el Código Penal, razón suficiente para tomar las medidas que, sospechosamente, Quiñónez no toma.

Usar selectivamente información penalmente relevante vulnera el principio de igualdad ante la ley enunciado en los artículos 46 y 47 de la Constitución Nacional, las disposiciones del Código Procesal Penal referidas a las obligaciones concordantes del Ministerio Público y las del Código Penal que castigan la parcialidad en sus actuaciones.

La razón de la impunidad de Favole es que nadie piensa en castigarla por obedecer órdenes. Los tuits de esta funcionaria aparecen en un momento muy complicado para el expresidente Horacio Cartes, quien, según han dado a entender diversas actuaciones –o no actuaciones– del Ministerio Público, es protegido por Quiñónez. Se protegen mutuamente, pero en esta situación se puede pensar que la fiscala protege al exmandatario.

Se trata de la vinculación, que los fiscales ya no pudieron ocultar, entre el diputado Erico Galeano y elementos alcanzados por el operativo “A Ultranza Py” que se desarrolla contra el narcotráfico y el lavado de dinero. En efecto, el operativo puso en evidencia llamativos nexos del legislador cartista con personajes ya procesados o incluidos en la investigación como resultado del operativo, como ser el futbolista uruguayo Sebastián Marset, la cooperativa Capiatá y otros inculpados anteriormente por lavado de dinero, como Rubens Catenacci, con quien movía literalmente decenas de millones de dólares.

Erico Galeano aparece así como uno de los presuntos socios políticos y comerciales de Cartes (en el negocio del cigarrillo), por los giros entre ambos por sumas millonarias en dólares. Además, otras operaciones monetarias de Galeano con aquellos procesados podrían afectarle aún más al expresidente, causándole una complicación mayor a la situación que ya atraviesa.

La acción impune de Favole es muy difícil de entender, salvo que se le adjudique el propósito de sacar de foco a la opinión pública, estupefacta ante los vínculos que el operativo “A Ultranza Py” expuso entre narcotráfico, política y mundo “empresarial”.

Ahí sí se entendería, pues nadie se expone a la cárcel sin un propósito “superior” posiblemente indicado por la jefa de Favole, quien desde que asumió el cargo de fiscal general se desvive por garantizar a Cartes alguna suerte de tranquilidad, la que es difícil cuando se camina en los vidriosos campos por los que transita el expresidente.

Por eso, la “tarea” de Favole es una misión imposible. La situación de Galeano es totalmente consistente con los esquemas denunciados por los organismos pertinentes de Brasil y de Estados Unidos, como para que Sandra Quiñónez pueda evitar una investigación en toda regla, aunque sea en contra de su voluntad, ya que dichos esquemas afectan la seguridad nacional, no solo de nuestro país, sino la de nuestros mencionados aliados que deben estar ya bastante cansados del nivel asombroso de impunidad con que los delincuentes usan y abusan de nuestro Paraguay.

La fiscala general, pues, aparece cada vez más comprometida con el lado más oscuro y dudoso de la historia, y cada día que pasa agrega razones para ser destituida del cargo de jefa del Ministerio Público que ha deshonrado como nadie hasta ahora en la triste y corrupta trayectoria de esa institución de nuestra República.

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