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Los sucesivos incrementos en el precio de los combustibles obviamente se relacionan con la situación internacional, pero mucho también tienen que ver con el despilfarro estatal en los últimos años. Aquellos que creían que los subsidios improductivos, poco focalizados y mal controlados, la disparada del endeudamiento, los aumentos salariales indiscriminados a funcionarios, las jubilaciones públicas de privilegio, el alto déficit fiscal, el derroche y la corrupción eran algo ajeno a ellos, que no tendría consecuencias directas en su bienestar personal, pueden comenzar a desengañarse cada vez que tengan que parar en una estación de servicio.
Para empezar, entre el 6% y el casi 40% del precio que paga el consumidor por combustibles de automotores va al fisco. A partir de febrero, por decreto, temporalmente se congeló la base imponible del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de los principales derivados, lo cual en la práctica conlleva una reducción de la carga tributaria, pero de todos modos esta sigue siendo muy considerable. En otras circunstancias el Gobierno podría haber exonerado de impuestos a este rubro hasta tanto se estabilizara el mercado internacional, pero en las presentes condiciones es imposible, porque el Estado no puede prescindir de esos recursos para cubrir los enormes gastos fijos que tiene que solventar.
Para calcular los impuestos efectivos que se pagan por cada tipo de combustible hay que combinar un complejo conjunto de variables, que van desde los porcentajes del ISC sobre los insumos importados, que son básicamente cuatro para consumo masivo: gasoíl, nafta virgen, nafta 91 RON y nafta premium; hasta los grados de mezcla con alcohol o biodiésel, las formulaciones para llegar a los distintos productos que se comercializan al público y, antes del decreto mencionado, el promedio de los precios finales que los emblemas estaban obligados a informar semanalmente.
Hechos los cálculos, es cierto que se redujo bastante el impuesto sobre el gasoíl tipo III (común), que tiene una fuerte participación en los costos del transporte público y de cargas, y que con la última modificación quedó en un valor real de aproximadamente 6% sobre el precio final de 7.050 guaraníes por litro. No así en el caso del gasoíl tipo I, en el que, de 8.890 guaraníes que cuesta el litro, 1.600 se los lleva el Estado.
Pero lo que se suele tratar de soslayar es que, en realidad, el combustible más consumido por la mayoría de la gente común y corriente es la nafta, cuya carga impositiva es mucho mayor. La que más se vende es la nafta de 93 octanos, con el 25% del mercado. Ya considerando la mezcla con 25% de etanol, las formulaciones más corrientes y las nuevas bases imponibles congeladas, la nafta de 93 está gravada con una tasa efectiva del 13% sobre el precio final, lo que significa que el consumidor en este momento le está pagando al fisco 1.000 guaraníes por cada litro consumido.
El gravamen efectivo para la nafta súper de 97 octanos, también muy consumida por una franja de la población, con un volumen de ventas el año pasado de 235 millones de litros, es de alrededor del 20%. Con un precio actual de 8.990 guaraníes el litro y un consumo convencional de 10 litros cada 100 kilómetros, si una persona, supongamos, transita diariamente con esta gasolina 50 kilómetros, son unos 10.000 guaraníes los que cada día esta persona aporta para costear el gasto público.
En todos los casos, una importante porción del precio de los combustibles son impuestos que la ciudadanía paga directa o indirectamente, ya sea al cargar el tanque, ya sea a través de otros precios que aumentan en cadena.
En 2021 entraron a las arcas del Estado 2,8 billones de guaraníes en este concepto, lo que ubica al rubro cómodamente en el primer lugar entre las mayores fuentes de ingresos aduaneros, con alrededor de un quinto de todas las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas. Cada centavo de ese monto lo pagó el consumidor paraguayo.
Además, el fisco es altamente dependiente de los impuestos a los combustibles debido a que se liquidan en el momento de la importación, lo que los hace fácil de recaudar. Es dinero contante y sonante que se necesita para pagar sueldos y para el “mantenimiento del funcionamiento del Estado”. De hecho, hasta antes del congelamiento (que es temporal) en la práctica el fisco se benefició con la suba del precio de los combustibles a costa de la gente, porque los impuestos estaban indexados al precio final, por lo cual, cuanto más alto el precio, más alto el tributo.
Por otro lado, la guerra en Europa no es el único motivo por el cual suben los combustibles y muchos otros productos de la canasta de consumo. De hecho, se han producido ocho incrementos en los últimos doce meses, desde mucho antes de que se desatara el conflicto. La causa de fondo es de naturaleza monetaria. Los agregados del Banco Central del Paraguay claramente muestran una enorme emisión inorgánica para financiar el desborde del gasto estatal desde el inicio de la pandemia, lo que ha provocado una fuerte devaluación del guaraní frente al dólar y una inflación que ya está por llegar a los dos dígitos por primera vez en 14 años.
En síntesis, nada es gratis. Cuando los docentes, los médicos y demás funcionarios reclaman aumento salarial para todos sin distinción, no importa si algunos se lo merecen y otros no, cuando este o aquel sector se moviliza para obtener subsidios, usted puede apoyarlos si le parece, pero recuerde: el dinero siempre saldrá de su bolsillo.