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La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, esgrime en su defensa, ante el esfuerzo que se está realizando para destituirla vía juicio político (artículo 225 de la Constitución), unas estadísticas “de eficacia” como si la cantidad pudiera suplir a la calidad. Como si procesar a un motochorro fuera igual que procesar a Horacio Cartes cuando se habla de construir institucionalidad y de combatir al crimen organizado. O como si un delito bagatelario fuera comparable con un horrendo crimen.
Hay dos casos emblemáticos que pueden exponerse como ejemplos de la perversa instrumentación estadística con la que Sandra Quiñónez pretende engañar a la ciudadanía. Uno de ellos es el de Ignacio “Nacho” Masulli, muy didáctico porque adquirió gran notoriedad pública en las últimas semanas. La fiscalía abrió una “investigación” sobre el mismo por violación de la cuarentena sanitaria, cuya constitucionalidad se discute, por el “delito” de ¡¡¡sacar a pasear a sus perritas!!!
Ciertamente, la fiscalía no imputó a Masulli, porque aplicó el denominado “criterio de oportunidad”, pero gastó innumerables horas-hombre de trabajo para una causa irrelevante, inconducente, de constitucionalidad harto dudosa, que forman ahora parte de la “gestión” de Sandra Quiñónez. Bien lo dijo a la prensa la señora Mónica Masulli, madre de “Nacho”, “ni a los narcos se persigue de esa manera”. Molestar sin causa a una persona forma parte de los números con que la fiscala Quiñónez pretende engañar al país.
El caso de la conocida activista anticorrupción María Esther Roa, procesada por causa parecida y la misma excusa, violación de la cuarentena sanitaria, puede considerarse peor que el de Masulli porque implicó a la fiscalía en la represión del derecho a manifestación que tenemos todos los paraguayos con rango constitucional.
Sin hacer aquí ninguna consideración sobre el prevaricato de ministros de la Corte Suprema en este caso, el abuso de la fiscalía con respecto a la abogada Roa también forma parte de las estadísticas que alardea la fiscala general para respaldar su lamentable gestión y encubrir el cajoneo de los casos que sí afectan al funcionamiento de las instituciones republicanas y a la seguridad pública.
Con esa clase de minucias, Quiñónez pretende esconder su inacción sobre los casos de lavado de dinero, contrabando de cigarrillos y asesinatos políticos; ocultar que enterró los informes de Seprelad, cuya existencia fue ya plenamente confirmada, así como los de la Comisión Messer o la abyecta actuación de la entonces fiscala Raquel Fernández para proteger abiertamente a los autores morales del asesinato de Rodrigo Quintana.
Y, en realidad, la lista de casos con la que se respalda el pedido de destitución de la fiscala general son otros tantos encubrimientos que registran la asombrosa coincidencia, en general, de beneficiar a Horacio Cartes o a su grupo, como bien lo apunta el libelo acusatorio elaborado por diputados.
La actuación encubridora de Quiñónez llega a niveles de cinismo y perversidad que no tienen precedentes en la historia paraguaya: el “cajoneo” de expedientes incluye la técnica de abrir calladamente los procesos para otorgar salidas procesales de impunidad tales como la suspensión provisional de procedimiento, en el caso judicial del “hermano del alma” Darío Messer, que beneficia a uno de los presuntos implicados en ese asunto, Roque Fabiano Silveira, o actuaciones que llegan a las puertas de los juicios orales y públicos que corresponden, pretextando diversas situaciones procesales como las que benefician a los coprocesados de Luis Enrique Boscatto, también vinculado con el tema del “doleiro dos doleiros”.
El caso Messer debe ser el más escandaloso, y en el que la fiscalía perfeccionó hasta el paroxismo su método de impedir cualquier seguimiento a los vínculos de Cartes con el mismo. Aunque aparece cerca de todos, la fiscalía nunca jamás desarrollo investigaciones sobre esa cercanía, construyendo una frontera amurallada en beneficio del expresidente, quien está hoy y ahora más protegido que nunca. Basta citar a modo de ejemplo que la Comisión Bicameral pidió al Ministerio Público indagar las actuaciones de Santiago Peña, exministro de Hacienda y actual precandidato a la presidencia, Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad y Carlos Pereira, expresidente del Banco de Fomento, actual ministro de Vivienda y Urbanismo.
Para encubrir lo anterior, la fiscalía hace mucho ruido mediático con casos como los de Masulli o Roa, o la mayoría de los que integra la vana estadística propagandística de Sandra Quiñónez, que en poco o en nada afectan al proceso de destrucción institucional e inseguridad pública que ella protege.