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El nuevo presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), el exconcejal y exjefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción Omar Pico, confesó con toda franqueza que carece de idoneidad para ejercer el cargo: “Yo no sé nada de este negocio”, dijo muy suelto de cuerpo, evidenciando así que su nombramiento por parte del Poder Ejecutivo implicó una clara violación del art. 35, inc. d), de la Ley N° 904/81, que establece el Estatuto de las Comunidades Indígenas. En efecto, dicha norma dispone que para presidir el Indi se requieren “conocimientos y experiencias en materia indigenista”, atributos que el veterano seccionalero mal podría haber ganado en el ejercicio de los cargos antes referidos ni en el de otros que ocupó antes o después: administrador en el Ministerio de Educación y Cultura, presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos y asesor de la Gobernación del Departamento Central, donde su esposa Nora Solaeche fungía de directora de Educación y Deportes.
Vale apuntar estos datos, pues el agraciado señaló, a modo de descargo, que tiene experiencia en la función pública, como si ella pudiera avalar su designación ilícita. Lo que ocurrió es que había que instalarlo en algún lugar del Presupuesto nacional, pues estaba desempleado desde que en 2020 renunció a su último puesto municipal, para apoyar la fracasada precandidatura a la Intendencia capitalina de Daniel Centurión, actual asesor de la Presidencia de la República. El hecho de que no se haya encontrado nada mejor que ubicarlo al frente del Indi, vulnerando la ley que lo rige, muestra la muy escasa importancia que los pueblos indígenas tienen para Mario Abdo Benítez, el mismo que días antes de asumir el cargo dijo en una cuenta social que su Gobierno daría “una atención especial a los pueblos indígenas, para que los bienes y servicios del Estado les permitan alcanzar una vida digna”. Igualito que Fernando Lugo. Después, si te he visto, no me acuerdo. Pues bien, al cabo de más de tres años de la actual gestión presidencial, los resultados están a la vista: indígenas que reclaman una y otra vez comida y tierras o que acuden a las ciudades para dedicarse a la mendicidad o a la prostitución. Se los ve todos los días viviendo inhumanamente en las calles, o cerrando la vía pública cuando se les dan las ganas. Pero parece que los vidrios polarizados de sus vehículos les impiden a nuestras autoridades observar tan lamentable situación.
Entre otras cosas, el Indi debe fijar y ejecutar políticas, prestar asistencia de diverso tipo a dichas comunidades, proponer normas en materia de educación y de responsabilidad penal de los aborígenes y promover su formación técnico-profesional, pero resulta que Omar Pico nada sabe de todo esto; es presumible que de la misma ignorancia adolecía su antecesor Édgar Olmedo, exconcejal departamental y municipal, así como exintendente de Coronel Oviedo y asesor de la Presidencia de la República en temas relativos a la pobreza. Pues, habrá asesorado cómo mantener a los indígenas en la pobreza. Hay que ser muy irresponsable para nombrar a un inepto confeso, muy caradura para aceptar un cargo sin tener la idoneidad necesaria, y muy irrespetuoso con los indígenas para que la institución que debe ocuparse de ellos esté en manos de quienes solo están a la pesca de una prebenda, cualquiera sea. El Indi no debería serlo, pero de hecho lo es, pues su historial enseña que resulta lucrativo y poco trabajoso para quienes tienen la suerte de dirigirlo, para desdicha de los pueblos indígenas. No es más que una parte del botín a ser repartido una vez que se ganen las elecciones generales, sin que interese en absoluto su funcionamiento futuro.
En general y más allá de las aberrantes motivaciones, la designación de Omar Pico es solo una demostración más del poco aprecio que se tiene del conocimiento, como si gobernar fuera una cuestión de “soplar y hacer botellas”.
El jefe del Poder Ejecutivo violó la norma sobre los requisitos para presidir el Consejo del Indi, de modo que el nombramiento de Omar Pico fue un acto administrativo de nulidad absoluta, que no podrá ser corregido por quien lo dictó ni subsanado por el paso del tiempo: tendría, pues, que dejarlo sin efecto, incluso porque la brutal sinceridad del beneficiado lo puso en ridículo. Los sufridos aborígenes se lo agradecerán, aunque su destino le interese menos que regalar un puesto a un correligionario, amigo de su asesor; también los contribuyentes, que tienen derecho a exigir que su dinero sea bien administrado.