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Hay que hacer una distinción que frecuentemente no se tiene en cuenta y que es sumamente importante. Solo una parte del aporte obrero-patronal va al seguro de salud, a la administración y a otros destinos, mientras que el 12,5% de cada salario va exclusivamente al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, que teóricamente no se puede mezclar con los otros, vale decir que no se pueden usar fondos jubilatorios ni para salud ni para ningún otro propósito distinto a su objeto, y supuestamente es inviolable por mandato constitucional en virtud de lo establecido en el tercer párrafo del artículo 95 de la Constitución Nacional: “Los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos”.
Estas disposiciones han sido sistemáticamente perforadas por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con la anuencia cómplice de los miembros del Consejo de Administración del Instituto, que dicen estar allí para defender los intereses de los asegurados y para precautelar la salud del sistema en su conjunto, pero en los hechos cada uno solo se preocupa corporativamente por obtener ventajas sectoriales o particulares.
Desde la primera ley de emergencia en abril de 2020 el IPS paga un subsidio de medio salario mínimo por mes, al que luego le sumaron un extra por aguinaldo, por suspensión de contratos de trabajo presuntamente a causa del impacto de las políticas de aislamiento, lo cual en la práctica les permitió a muchos empleadores reducir sus plantillas sin pagar indemnizaciones, a menudo de manera permanente. Al principio se dijo que sería temporal y por única ocasión, pero desde entonces se ha venido prorrogando una y otra vez. Ahora se extendió el beneficio hasta el 30 de junio y, llegado ese plazo, previsiblemente lo volverán a extender.
Más allá de la pertinencia de un auxilio a sectores en problemas en situaciones excepcionales, que no es el tema en discusión aquí, estos subsidios son inconstitucionales. Configuran un virtual seguro de desempleo no previsto en la carta orgánica del IPS ni estructurado con contribuciones previas y compulsivas, y por ende sin fuente de financiamiento, a cuenta y cargo del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, cuyo único fin es el de solventar el retiro de los trabajadores cuando cumplan los requisitos de antigüedad y aportes. Cualquier otro destino de esos fondos es un desvío de sus fines, algo expresamente prohibido por la Carta Magna.
El falaz argumento esgrimido es que son solventados por el Estado, que en teoría fondeó la operación con recursos liberados por la ley de emergencia, pero tales transferencias han sido a cuenta de la deuda histórica del Tesoro con el IPS, por lo cual en realidad son un activo del fondo de jubilaciones que se ha usado para fines ajenos a su objeto, es decir, malversados.
Pero aparte de las consideraciones legales, es sumamente preocupante que se haya abierto el grifo para desfalcar los ahorros jubilatorios obligatorios de cientos de miles de trabajadores. Se cree que el IPS tiene mucho dinero, pero no es así. Los últimos cálculos actuariales indican que el flujo de caja del fondo de jubilaciones entrará en saldo rojo a más tardar en unos veinte años, y que todas las reservas técnicas se agotarán en otros 30 años más a lo sumo, y eso bajo el supuesto de que sea bien administrado y de que no haya corrupción, lo cual, sabemos, no es el caso. Significa que, si no se hacen reformas, en pocas décadas ya no habrá para pagarles a los jubilados. Todo esto que han hecho no hará más que ahondar la crisis que, más temprano que tarde, nos explotará en la cara.
Ya que el Consejo de Administración del IPS tradicionalmente se opone férreamente a una supervisión independiente, lo mínimo que deben hacer sus miembros para justificar ante sus mandantes sus altos salarios y privilegios es una pormenorizada rendición pública de cuentas, para que los asegurados conozcan cómo y en qué se ha utilizado cada centavo de sus ahorros, qué están haciendo para reducir la evasión y equilibrar las finanzas del fondo de jubilaciones, y quién va a responder por la asignación de sus recursos al margen de la carta orgánica y de la máxima ley de la República.