Cargando...
El futbolista Iván “Tito” Torres, esposo de Cristina “Vita” Aranda, asesinada el último fin de semana en la balacera que armaron los narcos en el “Ja’umina Fest” en San Bernardino, conmovió al país con un tuit en el que expresó muy claramente lo que es el pensamiento común: “¿Que tu presidente diga que tenemos que lidiar con esto? Es una locura, que te maten a la mamá de tus hijos de 2, 4 y 8 años, eso no tiene que ser normal. De corazón te digo que te queda grande el cargo que tenés, por qué ni con tus palabras transmitís seguridad”, dijo, dirigiéndose a Mario Abdo Benítez.
Lamentablemente, Marito sostuvo el 1 de febrero, dos días después del atentado, que los narcos “…seguramente se van a volver a cobrar facturas… Esto va a seguir”, anticipando así más actos de sicariato que se desarrollan en medio de las actividades cotidianas de la sociedad, afectando la vida de terceros. ¡Sálvese quien pueda!
Es muy difícil no leer las expresiones del presidente como las leyó Iván Torres, en clave de pedir al país resignación ante lo intolerable, que normalicemos lo anormal.
El Presidente, en lugar de galvanizar al Paraguay con un compromiso indubitable de aniquilar el narcotráfico, como debería hacer un líder verdaderamente jugado por la decencia, prefirió decirnos que opta por contemporizar con los mafiosos que están ensangrentando nuestras calles, nuestras fiestas, nuestras vidas.
Lo grave es que lo dicho por el jefe de Estado es consistente con lo que ha hecho desde que asumió el Gobierno: convivir con las mafias. Nadie puede seriamente descartar que haya tomado ese camino para medrar. No hay ni una razón a favor de las actitudes del Presidente.
Algunas de las personas que habían sido mencionadas como relacionadas al narcotráfico por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, cuando era senador, forman parte del más íntimo entorno político del Presidente.
El diputado Freddy D’Ecclessis nunca explicó satisfactoriamente por qué su recomendado para dirigir la cárcel de San Pedro almorzaba regularmente con elementos del Primer Comando Capital (PCC). Ni el Presidente explicó por qué entregó el manejo de una cárcel al diputado cuya cuñada, Juana Carolina Vera González, guarda reclusión por supuesto apoyo logístico a narcoaviones.
El PCC, según informes recurrentes, es la organización que provee las rutas que usan los contrabandistas de cigarrillos, armas y medicamentos en Brasil, las que “son indistinguibles” de las rutas de la cocaína.
En 2013, violando la disposición expresa y específica del artículo 175 de la Constitución según la cual el ministro del Interior es el jefe superior y funcional de la Policía, el entonces presidente Horacio Cartes dispuso lo contrario, estableciendo la autonomía de facto de la fuerza de seguridad.
Aunque fue evidente muy temprano que a partir de entonces la Policía sería fácilmente presa de poderes fácticos como la mafia del narcotráfico, Marito nada hizo para rectificar la situación.
El proyecto de ley que restablecería el orden constitucional con respecto a la Policía, presentado por el Presidente tal vez más como acto de propaganda que cualquier otra cosa, fue patéticamente abandonado cuando el cartismo (liberal y colorado) logró que no se tratara, en octubre de 2019, con el decisivo concurso del diputado Ulises Quintana, acusado por Estados Unidos de ser significativamente corrupto por hechos ligados al narcotráfico, y le prohibió su ingreso a ese país.
Tres ministros del Interior han pasado, y ninguno cambió nada de esto. No pasan de hablar en voz baja, pero cuando se requiere acción, se alinean a la complacencia presidencial. Eso es intolerable, pues anteponen su carguito a desnudar a los protectores y cómplices de los narcos.
Así se llegó al “Ja’umina Fest”, con la Policía Nacional garantizando el libre tránsito de los narcos.
Además de toda la larga serie de incidentes en los que la colaboración de agentes policiales con los narcos, que ya son prueba suficiente de que esos delincuentes mandan en la Policía, el caso “Ja’umina Fest” permitió saber que el departamento de Informática manipuló veintisiete veces los datos del narco José Bogado Quevedo, uno de los heridos en el atentado, y los modificó 13 veces. Llamativamente, los jefes de Informática no oyeron ni vieron. Ahora están procesando a dos inferiores, mientras dicho jefe queda impune. La Policía hizo un esfuerzo deliberado para minimizar el caso y para atribuirlo al “cansancio” de un subordinado de bajo nivel. Por fin, abrumado por tanto despelote, Marito no tuvo más remedio que destituir al jefe de Policía, comisario general Luis Arias. Giuzzio, en cambio, continúa teniendo la bendición del jefe de Estado.
Entretanto, el Presidente depende del mal llamado “comando institucional” para los nombramientos como el del jefe de Informática de la Policía, pero aun ahora que es evidente que los narcos son los que dictan los nombres, Marito se muestra reacio a destruir el marco inconstitucional que permite esta barbaridad y nos pide, en cambio, resignarnos a convivir con quienes controlan a la Policía.
La vinculación de la institución policial con los mafiosos del continente se agravó drásticamente por las razones aquí explicadas. Los narcos mandan y nuestro Presidente, en vez de declararles la guerra, nos dice que nos resignemos y acostumbremos. ¿Quién se beneficia de tamaña pusilanimidad? Ahora, como el Chavo del Ocho, solo nos queda preguntar: ¿quién podrá salvarnos? Porque, de Marito y su policía no podemos esperar nada.