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Es inevitable tener que ocuparse, una y otra vez, del calamitoso estado de nuestra ciudad capital, ya que las administraciones municipales que se suceden poco o nada hacen para al menos paliar las gravísimas deficiencias en cuanto a la prestación de servicios, al mantenimiento de bienes públicos, a la regulación de los mercados y del tránsito o a la preservación del ambiente, para citar solo algunas de las numerosas funciones que la ley encarga a las municipalidades. Asunción es una ciudad muy poco acogedora desde hace largos años, porque persisten los conocidos vicios del Gobierno local, tales como la corrupción, el exceso de funcionarios –contratados y jornaleros–, la indolencia y la ineptitud.
Los intendentes y los concejales se han sentido menos obligados ante la población que ante sus respectivas clientelas, a las que creen deber el cargo que ocupan: para ellos, el “operador político” es más importante que el simple elector que paga sus tributos, y el sueldo o las dietas que cobran serían menos atractivos que los ingresos derivados, por ejemplo, de las licitaciones públicas, según una célebre arenga del exsenador Jorge Oviedo Matto dirigida a correligionarios suyos que aspiraban a una banca municipal. Parece que no les molesta en absoluto que las calles y avenidas se llenen de baches, que las veredas y las plazas sean ocupadas irregularmente, que los arroyos estén contaminados, que la polución sonora sea extremada, que la basura no se recoja o que los baldíos estén descuidados. Hasta se diría que les agrada vivir en semejante hábitat, pues, de lo contrario, se esforzarían por mejorarlo, salvo que se recluyan en sus casas.
Es imposible tener a la vista todos los males del país, pero los que aquejan a una ciudad determinada sí son detectables cada día, presencialmente: quienes se dirigen al centro de Asunción por la avenida Artigas, por ejemplo, tienen que eludir múltiples hoyos en el pavimento, lo que entorpece el tránsito y pone en riesgo a los conductores. No hablemos de las calles internas de los distintos barrios, hace años olvidadas por los intendentes y concejales. Dado el caso, la Municipalidad debería indemnizarlos por los perjuicios sufridos por ellos o sus vehículos, así como debería resarcir el daño moral causado a los familiares de la joven electrocutada en la avenida Costanera, si la responsabilidad no fuera atribuible al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Este punto es relevante porque cuanto haga o deje de hacer la Municipalidad no solo influye en la calidad de vida de la población: también puede damnificar a ciertas personas que, de acuerdo a la Constitución, tendrán derecho a ser indemnizadas “justa y adecuadamente”.
La atinada disposición tiene el inconveniente de que los costos correrían, en última instancia, a cargo de los contribuyentes, pero si el perjuicio resultara de un delito, una falta o una transgresión, la responsabilidad corresponderá a quienes los hayan cometido, sin perjuicio de la subsidiaria de la Municipalidad. Aquí es de recordar, por ejemplo, que el Código Penal castiga con hasta tres años de cárcel o con multa a quien, “como responsable de la construcción de carreteras o de la seguridad del tránsito, causara o tolerara un estado gravemente riesgoso de dichas instalaciones”. Que tomen nota los aludidos. La ley suprema también otorga el derecho a reclamar, individual o colectivamente, que las autoridades municipales tomen medidas para defender el ambiente, entre otros intereses comunitarios. Por tanto, bien puede plantearse una acción de amparo ante un acto o una omisión claramente ilegítimos, cometidos o tolerados por ellas, que afecte también la pureza del aire o de las aguas.
Es menester que los habitantes de Asunción hagan valer sus derechos ante quienes atentan contra su calidad de vida, violando la Constitución, la Ley Orgánica Municipal y las ordenanzas, cayendo incluso en las redes de la legislación penal. También resulta necesario que, dadas las penosas experiencias, no sigan regalando el voto a sus propios verdugos, uno de los cuales habría aprovechado una pandemia para robar o dejar robar. Se trata, según fuertes indicios, del actual intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), que en 2020 y 2021 adquirió productos de desinfección y de limpieza con altos sobrecostos, mediante acuerdos con firmas ajenas al rubro, carentes de experiencia o inhabilitadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Sería absurdo confiar en el buen desempeño de un intendente tan poco afecto a la ley y a la moral, aún no imputado por estas fechorías pero sí por la producción de documentos no auténticos, en el marco de una licitación ganada por la empresa Empo Ltda., cuando era concejal durante la administración del exintendente Mario Ferreiro. Resta esperar que una actuación diligente del Ministerio Público y de unos jueces que tengan el valor de sancionar la corrupción que parece envolverle, le impidan concluir el mandato.
Por otra parte, los mismos pobladores deberían evitar conductas nocivas para la convivencia urbana, absteniéndose de arrojar basura a los raudales, de impedir el sueño a sus vecinos, de violar las normas de tránsito o de abandonar sus terrenos a las alimañas. Los infractores también deben ser sancionados. Los asuncenos deberían poder sentirse orgullosos de la “madre de ciudades” por contar con una administración municipal eficaz, que hace un buen uso del dinero de los contribuyentes. No pueden estarlo y bien lo saben, de modo que ya es hora de que se vuelvan mucho más exigentes, hasta por respeto a sí mismos, para que no se sigan burlando de ellos con toda impunidad.
La deuda financiera del Gobierno local crece cada año debido a la corrupción y al personal superfluo. También aumenta la contraída con la población, en la medida en que sus aportes no son retribuidos con obras y servicios suficientes: habrá que demandarle el pago con persistentes reclamos y hasta con acciones judiciales, para que no continúe tomando el pelo a la ciudadanía.