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Hace tres meses que el programa de vacunación contra el covid en Paraguay está peligrosamente estancado. Ha aumentado el número de personas con dos dosis o más, pero la proporción de la población vacunada se mantiene en el 48%, frente al 46% en noviembre y el 40% en octubre. Es el porcentaje más bajo de Sudamérica, por atrás de Bolivia e, incluso, bastante por detrás de Venezuela si hemos de creer en sus cifras oficiales. Por su deplorable gestión, este Gobierno ya ha fracasado estrepitosamente en esta crucial materia el año pasado, con las catastróficas consecuencias por todos conocidas. Es insólito, y potencialmente criminal, que no se haya aprendido tan trágica lección.
Lo único que se escucha al respecto son promesas y excusas, la última de ellas la proporcionada en la conferencia de prensa del viernes por el Dr. Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones, quien señaló que la llegada de un lote de 500.000 dosis pediátricas donadas por Brasil se va a demorar ¡por problemas de documentación! que “van más allá de una cuestión logística”. Con ello nos están diciendo que no han sido capaces siquiera de tener en regla la documentación para iniciar la inmunización masiva de los más pequeños, cuando falta un mes para el inicio de las clases. Increíble.
No menos preocupante es lo que declaró después. Dijo que los niños pueden recibir la versión pediátrica de la Pfizer, una variante distinta a la administrada a los mayores de 12 años, y que la nueva ley de emergencia que está en estudio en el Congreso “hará más factibles las compras”. Resulta el colmo de la imprevisión, por decir lo menos, que promediando apenas la primera quincena del año ya se tenga que depender de una ley especial para comprar vacunas. ¿Qué hicieron las autoridades y los políticos durante el tratamiento del Presupuesto 2022? ¿Acaso no sabían que se tenía que atender esta alta prioridad por encima de cualquier otra en el ámbito de la salud pública? Evidentemente se preocuparon más por subir sueldos y bonificaciones, incluso a costa de fondos destinados a vacunas e insumos, que a responder a las verdaderas necesidades de la población.
En muchos sentidos la situación es peor que la de principios de 2021. En aquel momento, como se recordará, el Gobierno confió ingenuamente en los preacuerdos con el mecanismo Covax, sin tomar la debida precaución de contar con un plan B, como sí hicieron casi todos los países de la región, con resultados incomparablemente mejores.
Culpa de ello, el programa de vacunación de Paraguay se mantuvo siempre rezagado entre los últimos del continente y no pudo iniciarse masivamente hasta finales de julio, al tiempo de que, penosamente, el país ocupó durante varias semanas durante el invierno el primer lugar en el mundo en fallecimientos por covid por millón de habitantes. Hoy debemos lamentar la muerte de más de 16.700 personas, un número de magnitud calamitosa en un país con un promedio de menos de 30.000 decesos al año en condiciones normales. Miles de ellos pudieron haber sobrevivido de haber contado con vacunas en tiempo y forma.
Pero, por lo menos, aunque no sirve de consuelo, aquella era una época de mucha incertidumbre y de una aguda escasez global de vacunas por la alta demanda internacional y porque recién comenzaban a ser aprobadas y producidas. Ese dista de ser hoy el escenario. Por un lado, ya hay categórica evidencia empírica de que las vacunas son seguras y efectivas, principal prueba de lo cual es la drástica disminución de casos graves y muertes entre vacunados. Y, por el otro lado, hay amplia disponibilidad de biológicos para todos los que estén dispuestos a adquirirlos.
Por lo tanto, no existe la más mínima justificación para que Paraguay no tenga en este momento todas las vacunas que requiera, mucho menos que ello dependa de leyes especiales, cuando acaba de aprobarse un Presupuesto público de 14.000 millones de dólares. Deberían estar administrándolas masivamente en todo el territorio nacional a toda persona que lo desee, sin ninguna burocracia, a la par de insistir para tratar de convencer a aquellos que no quieren hacerlo sea por pereza o paranoia. Es vergonzoso que solo el 48% de la población paraguaya esté vacunada a estas alturas, cuando Bolivia reporta un 53%, Venezuela un 64%, y el resto de nuestros vecinos sudamericanos entre el 75% y el 91%.
Lo mismo en relación con el sistema de testeos. Deberían haberse previsto suficientes reactivos para poder hacer rápida y efectivamente todas las pruebas necesarias, y así lograr mayor eficiencia en el aislamiento preventivo de los portadores del virus. Sin embargo, para hacerse una prueba PCR en el sector público hay que perder un montón de tiempo y tener los resultados cuando la enfermedad ya cumplió su ciclo, en tanto que en el sector privado hay que gastar entre 300.000 y 500.000 guaraníes por vez. La derivación es que muchísima gente que tiene sospechas por contactos o por síntomas leves no se hace la prueba, sigue su vida normalmente, y disemina la infección. Mientras esto ocurre, se ponen absurdas trabas para la venta libre en farmacias de kits de autotest, lo que hasta hace sospechar en una connivencia con ciertos intereses creados.
Los contagios se están incrementando aceleradamente por la rápida propagación de la cepa ómicron, al punto de que en los últimos días se superaron largamente los picos de los peores momentos de la pandemia. Por el momento, las internaciones y fallecimientos se mantienen relativamente bajo control. De acuerdo con los patrones que se observan en todo el mundo y se repiten en Paraguay, el riesgo de complicaciones severas es bajo para los que están vacunados. Ojalá no ocurra, pero si se vuelven a disparar las muertes, los responsables tendrán nombre y apellido, comenzando por el Presidente de la República, y ya no habrá excusas que valgan.