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Con la periodicidad y la prepotencia habituales, quienes suelen hacer de voceros de los “pequeños productores” campesinos están pretendiendo ahora, entre otras cosas, la condonación de sus deudas crediticias debido a la pandemia y la sequía, la creación de un fondo de asistencia urgente y la implementación de un seguro agrícola. En otros términos, los profesionales de la agitación Jorge Galeano, de la Coordinadora Nacional Intersectorial, y Elvio Benítez, del Movimiento de Resistencia Campesina, han vuelto a formular una serie de reclamos rutinarios, suponiendo que, según la experiencia, serán satisfechos por las autoridades competentes, con tal de librarse de los manifestantes que cierran rutas y calles con toda impunidad actuando como vulgares “piqueteros”, y, de paso, congraciarse con organizaciones “sociales” de muy dudosa representatividad, que solo quieren acceder al dinero público sin tener que rendir cuentas. Esta vez, la amenaza de violar derechos de terceros para que las demandas sean atendidas fue formulada en el propio Congreso, en presencia de legisladores y del ministro de Agricultura y Ganadería, Moisés Santiago Bertoni. Allí se sancionan leyes como la de tránsito y seguridad vial y la que reglamenta las libertades de reunión y de manifestación (“ley del marchódromo”), infringidas con toda impunidad por quienes se creen autorizados a ello por su invocada condición de necesitados labriegos, ante la completa inoperancia de las fuerzas del orden.
Es obvio que cultivar la tierra, suponiendo con suma generosidad que todos lo hagan, no les exime del deber de acatar las normativas en vigor, ante las que todos los habitantes del país son iguales. El Estado tiene la obligación de hacer cumplir la ley para preservar los derechos y la seguridad de miles de personas que, por lo demás, no están en condiciones de satisfacer las pretensiones de los movilizados mediante una maquinaria bien aceitada: de hecho, se convierten en rehenes de quienes aspiran a que sus víctimas presionen a los poderes públicos para que les den el gusto, impidiéndoles desplazarse de un lugar a otro mediante obstáculos aviesos. El derecho de uno a manifestarse termina donde empieza el del otro a transitar libremente: la vigencia efectiva de las leyes antes citadas permitiría el ejercicio de ambos derechos, sin interferir en el del otro, pero resulta que la arbitrariedad de unos supuestos campesinos suele coartar la libertad ajena, a vista y paciencia de la Policía Nacional y de la Patrulla Caminera.
Si estos atropellos ocurren en la vía pública, en las oficinas negocian unos funcionarios, no precisamente interesados en precautelar el dinero público, con los organizadores de las marchas que están lejos de vivir en la pobreza y casi nunca empuñaron un machete: Galeano posee un bello chalet en Capiatá y una camioneta de gran porte, en tanto que el también motorizado Benítez –exconcejal departamental de San Pedro– es el dueño de un amplio predio situado en Táva Guaraní, que estaría alquilando a sojeros brasileños. Ambos son lo bastante caraduras como para plantear exigencias como la de brindar asistencia sin tan siquiera censar a los eventuales beneficiarios, porque “no podemos esperar un relevamiento: este es un problema nacional”. Como presuntamente lo es, según el labriego capiateño, no hace falta saber quiénes tendrían el alegado derecho a recibir fondos públicos o a que sus deudas sean perdonadas: en su opinión y a ojo de buen cubero, debería ser asistido al menos el 30% de unas 269.000 fincas dedicadas a la agricultura familiar. Así de fácil para él es el argumento para apropiarse del dinero de los contribuyentes.
Estos asombrosos dichos, cuya cínica traducción sería “haz el bien sin mirar a quien”, revelan la seriedad con que este pintoresco individuo se ocupa de un “problema nacional”, que el otro vividor cree que “puede explotar en este momento”, dejando abierta la cuestión de quién prenderá la mecha: dada la extrema urgencia, “esto rápidamente tenemos que atender, no irnos en vamos a revisar, a enviar técnicos”.
Estos nefastos personajes, que viven de los conflictos desatados regularmente por ellos mismos, cuentan con la debilidad de los sucesivos Gobiernos, que no protegen el derecho al libre tránsito ni el dinero de una enorme mayoría silenciosa. Como temen aplicar las leyes, prefieren sacarse de encima a un inescrupuloso grupo de presión hasta el año venidero, en que se repetirá la irritante historia, por el motivo que fuere: a falta de pandemia o de sequía, puede que el relevo del 15 de agosto de 2023 sea un buen pretexto para que los mismos de siempre lancen el contundente mensaje de la inminencia de un estallido social.
Por de pronto, aunque parezca ingenuo, cabría esperar que el Poder Ejecutivo tenga el valor de ponerse del lado de la gente trabajadora y que, en consecuencia, resista a pie firme la nueva embestida de los ventajistas consuetudinarios. Es necesario hacer valer la ley frente a unos “líderes sociales” embusteros y a sus aprovechadores acólitos, sin dejarse amilanar por el espantajo de que se querría “criminalizar la lucha social”, la nueva bandera desplegada para pisotear la Constitución y las leyes.