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Con el remanido pretexto de atender mejor ciertas áreas estimadas de relevante interés general, en los últimos años surgieron nuevos ministerios que elevaron su número a diecinueve, sin que por ello el aparato estatal se haya vuelto más eficiente ni la necesidad sentida mejor satisfecha. Aunque solo hayan supuesto la jerarquización de una Secretaría preexistente, de por sí ya poblada de funcionarios, pero ineficiente, lo que se consiguió también es aumentar la superposición de funciones entre diversos organismos y, por tanto, la elusión de responsabilidades en casos concretos, ya que suele justificarse la inacción alegando que algún asunto compete a otra entidad pública. En otras palabras, se tiran la pelota, como se dice. De hecho, el objetivo esencial parece haber sido el de cargar al contribuyente con más amigos, parientes y correligionarios de los que mandan, hasta el punto de que los magros resultados permiten cuestionar la creación de algunos de ellos. Es el caso del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), que en 2018 sucedió a la Secretaría del Ambiente (Seam) y que hoy está dirigido por el diputado con permiso César Ariel Oviedo (ANR).
El Presupuesto de 2021 de esta dependencia ascendió a alrededor de 55.000 millones de guaraníes, destinados a la conservación, protección y regulación de recursos naturales, así como a la gestión de planes ambientales, cambio climático y sequía. Cabe preguntar en cuáles de estos campos estuvo operando el Mades. Y bien, sus magros resultados no están a la altura de lo que cabe esperar de todo un Ministerio, cuyas atribuciones se desprenden de dos normas constitucionales: la que dice que preservar y mejorar el ambiente son fines prioritarios de interés social y la que dispone la regulación legal de las actividades que puedan alterarla. Si a ellas se suma la que reconoce a toda persona el derecho a reclamar a las autoridades medidas para defender el ambiente, puede concluirse que el Mades no está a la altura de sus tan importantes cometidos. En efecto, es de toda evidencia la vasta escala de la destrucción ambiental que sufre nuestro país, con su consecuente impacto tanto en el paisaje como en la salud pública.
El caso del lago Ypacaraí ya resulta tragicómico: pasan las décadas y su contaminación persiste, de modo que cada año se repite la historia de que sea declarado “no apto para el uso recreativo”, pese a las promesas reiteradas, a la proliferación de estudios y a las comisiones de siempre. Valga como ejemplo de ineptitud, de negligencia y de superposición de funciones que, a inicios de 2020, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) creó una imponente Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí y su Cuenca (Conalaypa), de la que el Mades solo es un miembro más, pese a ser la autoridad de aplicación de la Ley de los Recursos Hídricos del Paraguay. Se ignora por qué el MOPC se encargó de este asunto, pero no así que una de las pocas acciones conocidas –si no la única– de la Conalaypa es que instaló geobolsas en la desembocadura del río Salado. Pero volvió a la luz hace unos días, cuando su presidente Renato Maas señaló la ilicitud del relleno del suelo de un sector de los humedales del lago Ypacaraí –autorizado por la Corte Suprema de Justicia– por ser un área silvestre protegida. Al respecto, esa comisión habría pedido informes al Mades, recibiendo el silencio por respuesta.
Son numerosos los recursos hídricos poluidos, también en zonas urbanas, debido a la inoperancia de ese Ministerio y de la municipalidad respectiva. Se recordará que la limpeña laguna Cerro llegó a la prensa mundial porque sus aguas se tornaron rojizas debido a los efluentes de una curtiembre, sin que el Mades ni la municipalidad local hayan intervenido en tiempo oportuno, pese a las numerosas denuncias existentes. Desde luego, también los arroyos asuncenos, como el fétido que cruza el barrio Ricardo Brugada, han sufrido las consecuencias de la dejadez de las autoridades. Igualmente, cursos hídricos de varios lugares del país, como los del Guairá y Carapeguá, han sufrido los efectos de ingenios azucareros y otras industrias, situaciones que se repiten periódicamente. En los últimos tiempos, ya está llegando al lago Ypoá, una de las pocas reservas naturales que se creía ajena a tal destrucción. No es de extrañar que también las municipalidades hagan la vista gorda, si ellas mismas, como la de Caazapá, atentan contra la calidad ambiental instalando vertederos de basuras en medio de poblaciones rurales.
El Ministerio contribuye al deterioro ambiental al no aplicar las infracciones previstas en la ley antes citada; es decir, el apercibimiento, la suspensión o la revocación de permisos o concesiones, el decomiso y/o la multa de hasta cuarenta mil jornales mínimos. Por cierto, el Ministerio Público tiene una Unidad Especializada de Delitos Ambientales que debe actuar incluso de oficio cuando se cometen los hechos punibles de procesamiento ilícito de desechos, ensuciamiento y alteración de las aguas y tala o quema de bosques, entre otros. No lo hace con la frecuencia debida, ni mucho menos, tanto que recién en 2019 se dictó en Itapúa la primera condena por un delito ambiental en perjuicio del Parque Nacional San Rafael y tuvo que ver con la deforestación, un fenómeno que entre 2016 y 2019 afectó en el Paraguay a seis millones de hectáreas, ubicándolo como el segundo país sudamericano más castigado por esa actividad tan nociva, que convierte en letra muerta la llamada “ley de deforestación cero”. A ello se agrega la práctica del “rozado”, que no solo provoca humaredas, sino también incendios. Tampoco aquí se nota la eficiencia del Mades ni, por cierto, la del Instituto Forestal Nacional (Infona).
También hay mucha indolencia en cuanto a la polución atmosférica y a la sonora, pero con lo referido basta afirmar que el Mades, así como las municipalidades y el Ministerio Público, hacen muy poco para que los pobladores puedan ejercer su derecho constitucional a “habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado”.
Solo cabe esperar que, ante tan escasos resultados, dentro de poco no nos vengan con que hacen falta más ministerios y secretarías para seguir pasándose la pelota.