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El 18 de diciembre de 2022 están previstas las internas para definir las candidaturas de los distintos partidos y movimientos a la presidencia y vicepresidencia de la República, las gobernaciones y las bancas en el Congreso, lo cual implica que este será el tema que dominará la agenda política este año. Todo girará en torno a ello, seguramente no se tomarán decisiones importantes y se volverán a postergar las imperiosas reformas estructurales. Pero si, además, se sigue rifando el dinero de los contribuyentes para congraciarse con la clientela y con algunos intereses sectoriales, se aprueban más subsidios, más aumentos salariales en el sector público, y se insiste con una política de gasto expansiva, las consecuencias serán funestas.
Las finanzas públicas están al límite –en realidad ya fuera de los parámetros de prudencia–, la prolongada sequía va a impactar en el sector productivo, las inversiones y el crecimiento probablemente van a mermar, como también las recaudaciones, todavía no sabemos qué nuevos desafíos impondrá la pandemia y, sobre todo, la inflación va a continuar desvalorizando el dinero de la gente. Si todo esto es ya de por sí preocupante, cualquier nueva carga que se agregue significará terminar de echar por tierra las ilusiones de volver en el mediano plazo a una relativa estabilidad para beneficio de todos los habitantes del país.
Este supuestamente era el año en el que se comenzaría realmente a converger hacia un déficit controlable después del tremendo desborde producido con la excusa de la pandemia, para volver al tope de la ley de responsabilidad fiscal en 2024, ya en el inicio del próximo período de Gobierno. Pero, por lo que ha ocurrido con el tratamiento del Presupuesto, ha quedado bastante claro que es otra promesa que no van a cumplir. Tampoco muestran interés en avanzar en la reforma del Estado, antes bien se toman medidas totalmente contrarias a ese objetivo, el proyecto de nueva ley de contrataciones públicas duerme en el Congreso, ni se habla de un sistema renovado de la función pública, mucho menos de una reforma previsional, ni siquiera en relación con la Caja Fiscal, que amenaza con arrastrar a la quiebra a todo el Estado.
El Presupuesto 2022 ya lleva incorporado un saldo rojo del 3% del PIB, que equivale a más de 1.000 millones de dólares. A contramano con las condiciones del país y la crisis que hemos atravesado, con un crecimiento de “rebote” que apenas compensa a medias la caída anterior y con segmentos enteros de la economía que todavía no se pueden recuperar, se aprobaron aumentos salariales indiscriminados a docentes y a médicos, estos últimos a costa de fondos originalmente destinados a vacunas y a hospitales. Con estos y otros desmadres se llevó el déficit al máximo legalmente admisible, sin contar las típicas reprogramaciones y ampliaciones presupuestarias que, con toda seguridad, se solicitarán en la etapa preelectoral.
Aquellos que erróneamente creen que nada de esto les afecta en lo personal están muy equivocados. De hecho, los efectos se están sintiendo claramente y las tendencias no son nada halagüeñas. En particular, el alto gasto público es el principal causante del repunte de la inflación, que cerró 2021 por encima del 7% en el promedio general, arriba de la meta del Banco Central del Paraguay y de todos los pronósticos previos. Ya mantenerla en este nivel será difícil y requerirá medidas monetarias restrictivas. Muchos analistas creen que pronto llegará a los dos dígitos por primera vez en catorce años.
Ello será así especialmente si, previsiblemente en el año electoral, se aprueba un ajuste del salario mínimo del sector privado, lo que no hará otra cosa que provocar más inflación y carcomer rápidamente cualquier mejora nominal. Eso sin considerar que solo la mitad de la población económicamente activa es asalariada, incluyendo a los funcionarios públicos, y son aún muchos menos los asalariados del sector formal que cobran el mínimo. Un potencial ajuste salarial beneficiaría a esta minoría por poco tiempo y perjudicaría a todos los demás trabajadores.
La inflación es llamada “el impuesto más injusto” porque afecta más a los que menos tienen, por la sencilla razón de que estos gastan todo lo que perciben, por lo cual el porcentaje de inflación es directamente proporcional a la pérdida del valor de todos sus ingresos. En el caso paraguayo en realidad es peor, porque la inflación es mayor en los productos de la canasta básica de consumo, que son los que se llevan la mayor parte del dinero de los más pobres. Los precios de los alimentos, por ejemplo, subieron 15% en 2021.
Este año escucharemos a muchos políticos de todos los colores y corrientes llenándose la boca con promesas y asegurando que su único objetivo es servir a esas grandes mayorías y a la Patria. Aunque su comportamiento no deja mucho espacio para el optimismo, si realmente es así, este momento de inflexión de la economía paraguaya es su última oportunidad de demostrarlo en la práctica.