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En el curso de las investigaciones referidas a la gestión del gobernador de Central, Hugo Javier González, quedó en evidencia un modus operandi que, sin ser original de dicho funcionario ni de su uso exclusivo, permitió a la opinión pública constatar más allá de toda duda razonable la perversidad del denominado “rubro 800″ del clasificador del Presupuesto General de la Nación.
La excusa para la existencia de semejante rubro es la supuesta necesidad de transferir recursos públicos a diversos elementos del sector privado que pretenden dedicarse a obras de “bien común”.
Como no podía ser de otro modo, el “rubro 800″ fue usado desde su mismísimo inicio como instrumento para evadir olímpicamente los requerimientos de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas en los tres niveles de gestión pública: nacional, departamental y municipal. Solo para este año se ha asignado para este rubro la suma de ¡tres mil millones de dólares!
Las erogaciones de la Administración Central vía “rubro 800″ son notablemente escandalosas. Solo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por poner un ejemplo, lleva transferidos cerca de tres millones de dólares a diversas organizaciones “campesinas”, sin que se haya visto otra cosa que la creación de sendos “liderazgos” políticos totalmente divorciados de cualquier intento de mejorar la productividad, la competitividad, el mercadeo o la administración de los sectores que son usados como excusa para los desembolsos.
En el Ministerio de Educación y Ciencias las cifras pueden ser notablemente mayores, y así lo hacen todas las reparticiones: transfieren fondos vía “rubro 800″ a supuestas organizaciones de la sociedad civil (ONG) para realizar obras y servicios en vez del Estado, alegando razones de necesidad y urgencia o de “mejor administración”. Una farsa para meter la mano en la lata.
Hugo Javier explicó el “modus operandi”: recurría a las ONG vía “rubro 800″ porque “los trámites exigidos por la Ley de Contrataciones son demasiado engorrosos, es mucha burocracia” (¡¡¡!!!).
Entregaba el dinero de los contribuyentes a ONG designadas por él mismo y el resto ya es historia conocida. Así operan las gobernaciones, los municipios; hasta el Hospital de Clínicas recurre a este mecanismo para una buena parte de sus compras de medicamentos e insumos.
El “rubro 800″ es, simplemente, un invento para evadir los mecanismos de control que tiene el pueblo, definidos en la Ley de Contrataciones, sobre el uso del dinero que aporta mediante sus contribuciones.
Por eso sufrimos en nuestro país tantas falencias en el sector público y por eso los funcionarios se convierten, todos, con pocas excepciones que confirman la regla, en millonarios. El “rubro 800″ es la explicación más completa del proceso que convierte a menesterosos en potentados en el curso de uno o dos periodos constitucionales.
Cuando desde el sector público se alega la “necesidad” de transferir a un privado, lo que de hecho desafía la lógica de la gestión pública, para que el privado sea el que ejecute lo que debe realizar el sector público y en su nombre, por lo menos tiene que asegurar que el privado no sea beneficiario de privilegios de ningún tipo y que no sea alguna ONG vinculada al poder político.
El “rubro 800″ es defendido esgrimiendo las necesidades de organizaciones tales como bomberos o fundaciones para la ceguera u otras limitaciones, cuya gestión, si será solventado por el Estado, debe quedar en manos del Estado.
No hay razón legítima alguna que justifique la existencia del “rubro 800″, que debe desaparecer cuanto antes.
Obviamente poquísimos políticos votarían por la desaparición de la gallina de los huevos de oro del rapaz y voraz contubernio clase política/ONG que sufrimos los paraguayos.
Entre paréntesis, esa es la misma razón por la que se vienen negando hace tiempo a sancionar una ley que obligue a los funcionarios elegidos o designados y a las ONG a una declaración jurada de vínculos, pues semejante declaración permitiría conocer los canales por donde les fluye a raudales el dinero del pueblo.
Depende de nosotros, los ciudadanos, generar la fuerza política necesaria para poner punto final a este robo legalizado, pues no cabe esperar que el impulso llegue de parte de los beneficiarios del latrocinio.