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El sobreseimiento definitivo del diputado Tomás Rivas (ANR, cartista) y la extinción de la acción penal, dispuestos por un Tribunal de Sentencia con el voto favorable de sus miembros Héctor Capurro y Juan Carlos Zárate y la disidencia de Cándida Fleitas, supone una afrenta al Derecho y a la moral, perpetrada el mismo día en que la Cámara que el beneficiado integra rechazó el pedido de intervención de la Gobernación del Departamento Central, a cargo del repudiado Hugo Javier González (ANR, cartista). Fue un día negro para la transparencia anhelada en el Paraguay.
En efecto, los dos casos tienen en común el apaño a la corrupción y evidencian que hay miembros de los poderes Judicial y Legislativo que no están empeñados en sanear la función pública, sino más bien en proteger a quienes desvían sin tapujos el dinero del erario. Se quiso creer que el encomiable fallo dictado en el caso del prominente usurero luqueño Ramón González Daher podía conducir a una paulatina regeneración de la judicatura, pero resulta que algunos de sus miembros volvieron a las andadas casi de inmediato para librar de la cárcel a quien, como el exdiputado José María Ibáñez, incluyó a tres de sus caseros en la nómina de la Cámara Baja para que sus sueldos sean abonados por los contribuyentes: así ocurrió desde julio de 2016 hasta febrero de 2017, lo que implicó para el patrón un ahorro de 47 millones de guaraníes.
Como dice la frase guaraní, “ipo’ihápente oso” (la cuerda se suelta en la parte más débil), esos falsos funcionarios –Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco– fueron condenados por estafa a dos años de cárcel, si bien con suspensión a prueba de la ejecución de la pena, esto es, siguen en libertad. Su multimillonario expatrón fue acusado el 20 de noviembre de 2019 como autor del delito de estafa y cómplice de sus empleados en el de cobro indebido de honorarios, pero el juicio oral y público solo pudo iniciarse el último 13 de diciembre, debido a las múltiples chicanas interpuestas tras ser desaforado a las cansadas por sus colegas: el escándalo había estallado en 2017 y el protagonista hizo todo lo posible para trabar la causa porque se sabía culpable, llegando, entre otras maniobras, a apelar la resolución que elevó la causa a juicio oral y público, a recusar al camarista Gustavo Santander y a presentar certificados médicos aunque realizaba actividades políticas. Y bien, cuando por fin fue enjuiciado, su defensa presentó un incidente de hecho nuevo, consistente en que el último 22 de noviembre depositó 121.208.000 guaraníes para resarcir a la Cámara de Diputados, con el acuerdo de su presidente, Pedro Alliana (ANR, cartista). El Tribunal hizo lugar al incidente y, en consecuencia, sobreseyó definitivamente a Rivas por haber reparado el daño patrimonial infligido, sin que él mismo lo haya solicitado expresamente.
La extinción de la acción penal exige que se repare todo el daño causado, siempre que lo admita la víctima o el Ministerio Público; en este caso, lo admitió la Cámara Baja, cuyo presidente carecía de legitimación activa, al decir del agente fiscal Luis Piñánez: el acuerdo tendría que haber sido firmado por el procurador general de la República, Juan Caballero González. Este declaró en el juicio que el diputado Alliana le comunicó lo acordado con su colega y que el órgano que él preside no sufrió ningún daño patrimonial, con lo que el procurador general, por lo visto, se dio por muy satisfecho. Según la Constitución, ese alto funcionario tiene el deber y la atribución de “representar y defender, judicial o extrajudicialmente, los intereses patrimoniales de la República”. Como los intereses afectados fueron los del Estado, Caballero González debió haber intervenido en las negociaciones con Rivas. Es probable que para no hacerlo haya recibido las consabidas llamadas telefónicas de protectores del procesado, como ocurrió en el caso del Hugo Javier, según reveló el viceministro de Tributación (SET), Óscar Orué. Así de lamentable es el funcionamiento de los Poderes del Estado.
Tal como están las cosas, los tres caseros fueron condenados por estafa, pero no así quien confesó tácitamente haberse valido de sus servicios disfrazándolos de funcionarios, quien no llevará así esa mácula en su historial. Más aún, pese a haber delinquido desde su escaño, seguirá sancionando leyes a ser obedecidas por los aportantes del dinero que defraudó. A criterio del abogado constitucionalista José Casañas Levy, el diputado Rivas debe perder su investidura, pues claramente incurrió en uso indebido de influencias. Su blanqueo también tendrá una consecuencia nefasta para nuestro país, pues, como no cargará con la responsabilidad penal, muchos continuarán robando el dinero público porque, en el improbable caso de que fueran descubiertos y procesados, no tendrían mucho que perder: solo devolverían los fondos sustraídos, asumiendo su responsabilidad civil... con el propio dinero de los contribuyentes.
Hoy siguen bajo proceso los diputados colorados Éver Noguera, Avelino Dávalos, Miguel Cuevas, Marlene Ocampos y Esteban Samaniego, así como el liberal Teófilo Espínola: a todos ellos, al igual que a los senadores colorados Rodolfo Friedmann y Javier Zacarías Irún, el desenlace comentado les habrá resultado estimulante. La misma expectativa podrían tener, por ejemplo, Patricia Samudio y Édgar Melgarejo, expresidentes de Petróleos Paraguayos y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, respectivamente, implicados en los casos de la compra sobrefacturada de agua tónica, la primera, y de insumos chinos, el segundo, en el marco de la lucha contra el covid.
Ahora amenaza al Paraguay otra pandemia: la del escamoteo a mansalva del dinero público, alentada por la impunidad que se concede a los poderosos que meten la mano en la lata, con la bendición de padrinos también ladrones y de miembros venales o cobardes de la Justicia.