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Tras ocho días de angustiosa espera, y luego de que su familia fuera humillada obligándosela a pagar un rescate y de proveer víveres a varias comunidades, recuperó su libertad el joven Peter Reimer Loewen, integrante de una pacífica y laboriosa comunidad menonita del departamento de San Pedro, secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El episodio sirvió una vez más para demostrar que a los grupos criminales que operan en el norte de la Región Oriental les tiene sin cuidado la presencia del costoso e inútil Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), cuyo brazo operativo es la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
Con tanto tiempo transcurrido, con tanto dinero invertido, con tantas vidas sacrificadas y tantas promesas formuladas por las autoridades, es incomprensible que los resultados obtenidos por las fuerzas de seguridad frente a los terroristas que siembran muerte y terror sea un fracaso. En efecto, los integrantes del EPP y de sus desprendimientos continúan haciendo de las suyas como si no tuvieran temor alguno, como si las fuerzas del Gobierno no existieran. La FTC se formó hace ocho años, y les viene costando a los contribuyentes unos 270 millones de guaraníes diarios.
Fue realmente doloroso para la gente observar las impactantes imágenes de la impotente familia menonita, que ni siquiera poseía muchos bienes, preparando paquetes de víveres para repartirlos en varios lugares por orden de los criminales. Este hecho debería avergonzar a las autoridades nacionales, comenzando por el presidente Mario Abdo Benítez, pasando por los jefes militares que tienen a su cargo la responsabilidad operacional en la zona. Pero como siempre, ajeno a la realidad del país y como viviendo en un globo, el jefe de Estado sostuvo ayer que los números que tiene su Gobierno relacionados con la lucha contra los grupos armados y el crimen organizado son “los mejores de los últimos años”. Parece que sus estadísticas no afectan mucho a las bandas que siguen operando impunemente en el norte.
Si bien el problema de los secuestros realizados por las bandas armadas del norte comenzaron hace mucho tiempo, transcurridos más de tres años de cuestionada gestión de Marito, este ha sumado en su haber uno nuevo, sin visos de que las cosas mejoren. Si bien el joven Reimer ha recuperado su libertad, otras tres personas continúan en poder de los forajidos y de cuyo destino nada se sabe: el exvicepresidente de la República Óscar Denis, el policía Edelio Morínigo y el ganadero Félix Urbieta. Es de imaginar la angustia de los familiares de estos compatriotas.
Cada vez que se producen hechos de esta naturaleza, el Presidente corre a los cuarteles del CODI-FTC, y luego a reunirse y fotografiarse con los familiares de los secuestrados, para dar a entender una supuesta gran preocupación. No está de más la solidaridad del jefe de Estado en estas circunstancias, pero es evidente que debe hacer algo más, mucho más, para liquidar o neutralizar la acción de estos criminales que tienen en vilo a los pobladores de una rica región de nuestro país, donde hoy reinan el temor y la zozobra, que dificultan el trabajo y la inversión.
Es evidente que la madre prolífica de todos estos males es la corrupción, como recordó el último domingo el obispo de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, al abordar el tema del secuestro de Reimer. “Ñane mbo’hasy upéva” (nos enferma eso), dijo el prelado, y agregó que “la corrupción nos está llevando al precipicio”. Mientras tanto, las hijas del exvicepresidente Denis arreciaron sus críticas contra la total inoperancia del Gobierno en el esfuerzo de rescatar a su padre y a los demás secuestrados.
Aquí no puede aceptarse aquella opinión expresada por el exministro del Interior del Gobierno de Horacio Cartes, Francisco de Vargas, quien en su momento no encontró mejor excusa para su inoperancia institucional como responsable de la seguridad interna del país diciendo: “Los paraguayos tenemos que ir acostumbrándonos a los secuestros prolongados, como los colombianos”. Está equivocado: ningún paraguayo debe acostumbrarse a los violentos que quieren robarle su libertad, sus bienes y sus sueños. Además, la realidad del Paraguay es muy distinta a la de Colombia en cuanto a la geografía y al poder del grupo al que se debe combatir, pues las propias autoridades de nuestro país han reiterado que los integrantes del EPP y de los otros grupos menores no pasan de unas pocas decenas. En consecuencia, se puede afirmar que el Gobierno tiene poder suficiente para acabar con estos grupos ilegales en poco tiempo, ...si se decide a hacerlo.
De lo contrario, y pese a que al ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, le molesta que se hable de una “industria del secuestro” en el Paraguay, seguiremos soportando nuevos Edelios, Urbietas, Denis y Reimers, y las cada vez más rebuscadas excusas de las autoridades.