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En la primera semana de setiembre, debido a la ola de inseguridad que viven los ciudadanos hace mucho tiempo, el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, y el comandante de la Policía Nacional, Luis Arias, fueron emplazados por el presidente Mario Abdo Benítez para encontrar soluciones, y ellos mismos se autoimpusieron un plazo para cambiar radicalmente la situación. Hablaron de sesenta o noventa días. El ministro dijo: “Si no hay resultados, obviamente vamos a también dar un paso al costado, por eso la exigencia en este momento es generar resultados para todos, a nosotros mismos, como una exigencia personal, y nosotros a todas aquellas dependencias que estén también a disposición”. Como suele suceder, tampoco fueron claros en cuanto a qué tipo de resultados debían esperarse, o cómo se evaluaría la consecución de los logros.
Un mes después fueron convocados por la mesa directiva del Senado para brindar explicaciones sobre el mismo tema, lo que solo sirvió para un efecto mediático, como suele suceder con cualquier actividad cuando no se tiene una planificación.
Giuzzio dijo que incorporaba “jugadores nuevos” y con eso esperaban cambiar la dinámica y las estrategias de la Policía Nacional. Agregó: “Ustedes todavía no me vieron a mí, hay mucho por hacer”. Muchas frases y poco contenido.
El Gobierno no toma en serio casi ningún área de gestión, tal como ocurre con la seguridad. El ministro nunca estuvo a la altura de las exigencias de una cartera que debe marcar presencia en la política de seguridad y comprender aspectos fundamentales.
La Policía Nacional pasa hace años por un descontrol total y una corrupción que carcome la institución, haciéndola dependiente de grupos mafiosos dedicados al contrabando, al narcotráfico, entre otras actividades de la criminalidad organizada. Hasta ahora no se han tomado acciones concretas como para que esta grave situación cambie para mejor.
Los paraguayos tienen derecho a ser protegidos en su vida, su integridad física y su libertad según lo que señala la Constitución, lo cual es obligación de los servidores públicos, empezando por el Presidente de la República.
Su responsabilidad consiste en designar a las personas idóneas en los cargos relacionados con la seguridad interna. Si bien obviamente la confianza del Presidente en sus colaboradores es parte de la evaluación que debe hacer, nunca puede ser más importante que la idoneidad requerida por el artículo 47 inciso 3 de la Carta Magna.
Las decisiones tomadas por Marito, a la luz de los hechos, han sido hasta ahora desacertadas. El ministro del Interior y el comandante de la Policía Nacional son claramente incompetentes para el cargo porque no han mostrado ningún resultado concreto en cuanto a disminuir la criminalidad que azota al ciudadano de todos los estratos sociales. Han sido ellos mismos quienes se pusieron un plazo para mostrar resultados contrapuestos al rotundo fracaso que está a la vista de la ciudadanía.
Comprobada la inoperancia de los designados, el Presidente tiene la obligación moral y política de relevarlos, sin esperar que estos renuncien o utilicen la gastada frase de que su cargo está a disposición.
Marito debe tomar en serio la seguridad del país, exigir de los expertos un plan concreto con objetivos medibles, destituyéndolos si no tienen la capacidad de cambiar la desastrosa gestión. Ya no se puede continuar maquillando la realidad con frases huecas o excusas tontas.