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En 2010 entró en vigencia una Ley de Capitalidad para que Asunción asegure los servicios públicos a su cargo, desarrolle su territorio y mejore la calidad de vida de sus pobladores, así como la de los visitantes diarios provenientes del “área metropolitana y demás zonas del país”. Para ello, creó todo un impresionante Consejo Interinstitucional de Capitalidad, integrado por representantes individuales de la Intendencia Municipal, de la Junta Municipal, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, bajo la coordinación del comisionado de este último organismo.
Poco o nada se sabe de las actuaciones de este consejo, uno de los tantos inventos administrativos que no pasan del papel. La normativa también dispuso que el Poder Ejecutivo emita bonos para pagar los impuestos, las tasas y las contribuciones que la Administración Central y los entes descentralizados adeudan a la municipalidad, debiendo emplearse los fondos así obtenidos en obras de infraestructura. En consecuencia, en agosto de 2011, el Ministerio de Hacienda transfirió a la municipalidad 40.000 millones de guaraníes, “en concepto de primer pago de las obligaciones reclamadas” al Estado; en enero de 2020, la Junta Municipal ordenó al intendente Óscar Rodríguez (ANR) que emplace al Estado al pago de una deuda de más de 200.000 millones de guaraníes, sin lograr el menor resultado. No sabemos si aplaudir o repudiar que no se haya concretado este nuevo desembolso, porque, como se viene publicando, todo lo que ingresa en la municipalidad es engullido por la corrupción o por el pago a una bien remunerada clientela.
Como es obvio, la Ley de Capitalidad no ha alcanzado sus grandes objetivos. Los servicios públicos municipales, como el de la recolección de basuras, son deplorables; el territorio asunceno está lleno de calles desastrosas, así como de aceras y de plazas ocupadas y deterioradas; la calidad de vida de sus habitantes sufre con la polución sonora, la contaminación de los arroyos, las alimañas de los lotes abandonados y el tránsito atascado, entre otras calamidades ambientales. La quintaesencia de la dejadez es el Mercado Municipal Nº 4, donde se conjugan la suciedad, la ocupación ilícita de espacios públicos, el hacinamiento y el riesgo cierto para la vida y los bienes de las personas, todo ello facilitado por la corrupción reinante, cuyo epicentro está en el Palacete Municipal. En efecto, allí no solo se amañan licitaciones aprovechando hasta una pandemia, sino que también se trafican cargos, con la participación de una mayoría de concejales confabulados con el intendente de turno; en realidad, los más de ocho mil “servidores públicos” municipales no están al servicio de los vecinos, sino de sí mismos y de sus respectivos patrones político-partidarios.
Estos señores son una muy pesada carga presupuestaria, tanto que la municipalidad se ve forzada a endeudarse cada año para el pago de sueldos, bonificaciones y aguinaldos. Hasta el 26 de octubre de este año, había emitido bonos por un valor total de 515.000 millones de guaraníes, llegando al colmo de contraer deudas para pagar otras y no precisamente para mejorar, por ejemplo, la pésima infraestructura vial. Este inconveniente tiene mucho que ver con los embotellamientos. En efecto, si las calles internas de los barrios fueran transitables, los conductores no se verían obligados a circular por las escasas y congestionadas avenidas, corriendo el riesgo de ser abordados por unos insistentes “limpiavidrios” o, una vez estacionados, por unos “cuidacoches” de la misma índole. Mientras la municipalidad siga siendo gestionada con la corrupción, la desidia y la ineficiencia que la caracterizan desde hace largos años, al igual que a muchas otras del interior del país, no habrá Ley de Capitalidad que beneficie a los asuncenos y a los visitantes, por mejor concebida que esté.
En la Cámara Baja obra un proyecto de ley al respecto, presentado por 24 diputados de diversos partidos, que apunta a que el Estado transfiera cada año a las irresponsables autoridades comunales asuncenas unos 52.830 millones de guaraníes, a ser invertidos exclusivamente en obras de infraestructura. Ya se sabe el festín que saben darse las autoridades comunales con los aportes que llegan a sus manos, si bien, en teoría, dichos montos deben tener un destino específico. El dinero saldrá, injustamente, de los bolsillos de los contribuyentes de todo el Paraguay, que en su gran mayoría apenas visitan la “madre de ciudades” y, desde luego, no intervienen en la elección de su intendente ni de sus ediles.
Está visto que, vale repetirlo, con los insufribles aparatos municipales asuncenos que se suceden, ninguna Ley de Capitalidad dará buenos frutos, sino que servirá más bien para alimentar las apetencias personales de sus autoridades y de sus clientelas.