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Desde antaño se ha venido sosteniendo que en el Paraguay hay delitos pero no delincuentes. En efecto, grandes hechos delictivos se suceden permanentemente, acaparando la atención de la ciudadanía. Pero pronto un llamativo caso es sucedido por otro y pasa al olvido, sin que los autores vayan a parar a la cárcel, ni muchos menos resarcir a las instituciones públicas o a las víctimas por los perjuicios causados. Es lo que ha venido ocurriendo, por ejemplo, con los mercados municipales. Saltan al tapete gravísimos hechos de corrupción, pero los casos concluyen con algún que otro cambio de funcionario, a veces en forma de simples traslados.
El nuevo director general de Mercados de la capital y administrador del N° 4, Juan Villalba, que asumió el cargo el 10 de noviembre, estima que dos mil de los cinco mil vendedores allí instalados no tienen el permiso de rigor ni, por tanto, pagan el canon correspondiente. La cifra definitiva resultaría del “censo general” que dispuso para planificar la formalización, lo que podría interpretarse como el intento de hacer borrón y cuenta nueva, convalidando la ocupación irregular de espacios públicos y haciendo que en el futuro sigan atestados, impidiendo no solo el paso de vehículos y peatones, sino también el ingreso de bomberos para extinguir uno de los frecuentes incendios. Precisamente, durante el último, tuvieron que ingresar a través del techo de un local comercial. Aunque haya prometido que las casillas que estén en transgresión serán eliminadas, incluso con ayuda de la fuerza pública, no debería sorprender que, al final, los intrusos no sean expulsados, sino que, en el mejor de los casos, se les cobre una suma periódica, como a los permisionarios, pese a que la Ley Orgánica Municipal (LOM) prohíbe que las calles sean concesionadas.
Según Antonio Acosta, miembro de la Asociación de Comerciantes (formales) del Mercado N° 4, esta precisamente es la forma en que se ha ido ampliando ese lugar. “Empezaron a tomar las calles y veredas; van avanzando de ambos lados de las calles, hasta que finalmente las cierran”, dijo. Mientras, la Municipalidad hace la vista gorda. Recién tras el último siniestro habrían aparecido unos 50 inspectores, cuya existencia se ignoraba. En cuanto a las conexiones eléctricas, es sabido que abundan las clandestinas: el defenestrado funcionario Christian Bareiro, entre cuyos subordinados figuraban su esposa y un hijo, calculó que dicho delito es cometido por el 20% de los vendedores regulares, siendo lógico presumir que todas las instaladas por los irregulares tengan igual carácter. Según el gerente de distribución de la ANDE, Guido Chávez, se trata de un “inconveniente social” que exige una planificación conjunta de varias entidades públicas, dado que los fiscalizadores de la empresa estatal son amenazados de muerte cuando pretenden intervenir. Como siempre, cuando ocurre una catástrofe salen las excusas que muestran que se conocía el problema pero a nadie se le ocurrió buscar la solución.
Es que en el mercado operan grupos mafiosos, también integrados por permisionarios que venden casillas hasta por 150 millones de guaraníes, pese a que la Ordenanza N° 551/15 les impide “alquilar o subalquilar, o vender su derecho en todo o en parte del espacio, objeto del permiso de uso, a terceras personas”. Es más, el exdirector Hermes López dijo en una entrevista radial que ya en 2010 había denunciado la venta de pornografía infantil y de boletos para participar en un sorteo, cuyo premio era “pasar una noche con una mujer, y a veces eran menores”. En su opinión, “hay un 5% de personas que manejan el lugar y que tienen el respaldo de varias autoridades, como diputados y senadores”. Como se ve, hay un montón de delitos que se conocen, a veces se denuncian; hay un montón de inspectores que solo aparecen cada vez que hay una catástrofe. Pero no hay delincuentes, pues no se conoce que los responsables de tantos hechos hayan sido procesados y sancionados. Mucho menos que hayan devuelto lo que han venido robando por tantos años.
Ahora, con la nueva administración municipal, se conoce que al menos en dos mercados aumentó considerablemente la recaudación por los impuestos y tasas cobrados. Pero esta noticia auspiciosa no es para entusiasmarse, porque esa recaudación muy pronto volverá a la normalidad, o se repartirá entre defraudadores y sus padrinos. Así suele ocurrir, por ejemplo, en las Aduanas, cuyos nuevos directores suelen vanagloriarse de un gran incremento de las recaudaciones, ofreciendo cifras como ejemplos. Pero ¿y los que han venido robando? Bien, gracias. Tanto allí como en los mercados nadie es procesado ni enviado preso. Posiblemente se subieron al carro de los nuevos administradores para seguir delinquiendo.
Este es el verdadero problema de nuestro país. Si quienes recientemente fueron mencionados como defraudadores en los mercados municipales no reciben su merecido, podemos prepararnos para que los contribuyentes asuncenos continúen financiando el latrocinio, en desmedro de los servicios que les debe prestar la Municipalidad.