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En mala hora y contra la opinión del canciller Euclides Acevedo, el Senado aprobó en general una iniciativa que deroga de hecho la Ley del Servicio Diplomático y Consular para permitir el ingreso de unos 300 politicastros en el servicio exterior; en efecto, faculta al Poder Ejecutivo a incorporar por “única vez” a dos nuevos escalafones –el profesional y el administrativo y técnico– a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que tengan una antigüedad mínima de cinco años, a propuesta de la Junta de Calificaciones: podrán incluso ser embajadores, aunque no integren el escalafón diplomático. Por lo demás, el proyecto de ley autoriza a quienes allí prestan servicios a realizar actividades político-partidarias en el ejercicio del cargo, avalando así la violación sistemática de la normativa vigente.
La iniciativa fue promovida por la senadora Lilian Samaniego (ANR), esposa del cónsul general en Foz de Yguazú, Jorge Coscia Saccarello, con el apoyo de Rodolfo Friedmann (ANR,) Antonio Barrios (ANR), Arnaldo Franco (ANR), Eusebio Ramón Ayala (PLRA) y Pedro Santa Cruz (PDP). El reclamo de los sindicalistas ministeriales tuvo, pues, una acogida multipartidaria, a diferencia de la inquietud de la Asociación de Diplomáticos Escalafonados del Paraguay (ADEP), según la cual “lo que buscan es el ingreso masivo de funcionarios y personas ajenas al Ministerio sin concurso, en rangos elevados y sin pasar por la formación de la Academia Diplomática. En pocas palabras, ‘por la ventana’”. El canciller empleó la misma expresión y señaló con tino que el ingreso en la Cancillería debe ser cada vez más riguroso, sin contaminarlo con “pretensiones políticas”, algo que, por lo visto, los senadores consideran absurdo.
¿Qué piensan estos legisladores? Sin duda alguna no lo hacen en beneficio del Paraguay, pues en ese caso buscarían hacer más rigurosa la selección de quienes deben representar al país en el extranjero, y no al revés. En efecto, preferir la mediocridad y la afiliación partidaria antes que la excelencia y el profesionalismo supone una mayor degradación del servicio exterior, desde ya signado por el prebendarismo puro y duro. Como ejemplo, basta con recordar que el seccionalero Héctor Figueredo, cónsul general en Buenos Aires entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, admitió que no tenía idea de los deberes del cargo y que, en realidad, había esperado otro, tras su derrota como precandidato abdista a la Gobernación de Paraguarí: tuvo que renunciar luego de ser denunciado por acoso sexual.
El despropósito legislativo tiene como antecedente una propuesta, hecha en el Senado en diciembre de 2019, para que el Poder Ejecutivo pueda designar como cónsules a personas extrañas al escalafón, que tengan “notoria capacidad y versación”, hasta una cantidad no mayor a la mitad de los designados en el exterior. El entonces canciller Antonio Rivas Palacios sostuvo que la idea perjudicaría la política exterior y que el ingreso de numerosos funcionarios supondría un enorme costo económico. El actual ha sido más preciso al señalar que el malhadado proyecto de ley conllevaría un costo de 35.627 millones de guaraníes anuales, solo para el servicio en la Cancillería. Lamentó que no haya sido recibido por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado –presidida ¡casualmente! por Lilian Samaniego–, que no tuvo acceso al documento en cuestión y que este fue presentado “abruptamente”.
Por lo visto, la senadora estaba tan apurada que ni siquiera consideró oportuno escuchar el parecer del Ministerio que resultaría afectado no solo en materia presupuestaria, sino también –y sobre todo– en su capacidad de gestión: disminuir aún más la calidad del servicio exterior, solo para satisfacer las ambiciones de unos vulgares “operadores políticos”, no le hace nada bien al país. Conste que la promotora del disparate es “abdista”, lo que pondría al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en la embarazosa situación de tener que optar entre su correligionaria y el canciller, al decidir si ejercerá o no su derecho al veto si el Congreso decidiera sancionar el engendro en cuestión. Mejor dicho, las alternativas serían atender el interés nacional o fomentar la politiquería rastrera, de modo que la elección no le debería resultar difícil, si tuviera una pizca de patriotismo.
Se entiende que la propuesta permita la actividad político-partidaria de los funcionarios, dado que no suelen ocupar el cargo debido a sus méritos y aptitudes, sino al favor de “padrinos” o “madrinas”, que esperan ser retribuidos con politiquería de la peor especie. Cuesta más entender por qué tiene el apoyo de senadores de la misma “oposición” que critica el prebendarismo colorado, al menos de vez en cuando: o quieren congraciarse con los sindicalistas porque sus demandas tienen un matiz populista o esperan valerse de sus frutos cuando lleguen al Gobierno. En todo caso, parece claro que la irresponsabilidad no es un monopolio del partido oficialista, lo que plantea la pregunta de qué tan confiable sería el “cambio” del que seguramente volverá a hablarse en vísperas de los próximos comicios generales. Es que unos y otros tienen un enemigo común, al que combaten con saña: la meritocracia.
En fin, si prospera el proyecto, podemos prepararnos para ver a nuestros diplomáticos destacados en el exterior venir con frecuencia al país en épocas de proselitismo. Por supuesto, con pasajes y viáticos cubiertos con dinero de Juan Pueblo. Sin descartar que también ejerzan el papel de “pyragüé”, como lo hacían embajadores y cónsules en la época de la dictadura. Lo que nos faltaba.