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Itaipú fue concebida como una entidad sin fines de lucro, con una tarifa igual al prorrateo del total de su costo por el total de su generación. Al amortizarse la deuda, esos costos disminuyen drásticamente y, por ende, también la tarifa. Supuestamente esto favorece a los dos socios, ya que tendrán que pagar menos a Itaipú por la potencia respectivamente contratada. Sin embargo, beneficia desproporcionadamente a Brasil, que todavía hoy consume más del 70% de la energía de Itaipú (históricamente ha consumido más del 90% desde que la usina comenzó a generar en 1984) y que apenas le paga a Paraguay una mísera “compensación” de cerca de 10 dólares el megavatio/hora (ya con el tan cacareado “aumento” que concedió Lula en 2009, del que tanto se jactan los luguistas) por quedarse con la parte de la mitad que le corresponde a nuestro país, pero que nuestro sistema eléctrico no alcanza a utilizar.
Para entenderlo bien, tanto Paraguay como Brasil, o más precisamente tanto la ANDE como Eletrobras, que formalmente son sus dueñas y únicas clientes, le compran la energía a Itaipú por el precio de costo, que actualmente es de 43,83 dólares el MWh. Sobre ese monto, Brasil le paga a Paraguay otros 10 dólares por su parte que no consume. En consecuencia, Eletrobras o sus subsidiarias compran energía paraguaya por un total de 54 dólares el MWh, frente a una cotización de 200 dólares el MWh en el mercado regional mayorista.
La gran discusión precisamente es qué pasa con la diferencia. En la actualidad Eletrobras compra energía paraguaya a 54 dólares (de los cuales 44 van a Itaipú y solo 10 a Paraguay) y vuelve a revender a 200 dólares en su propio mercado, que está desregulado y donde compiten diversas empresas distribuidoras de electricidad, obteniendo una altísima ganancia a costa de su socio.
Muchos sostienen que, para evitar esta injusticia, Paraguay simplemente debería consumir para el desarrollo del país el total de su porción de energía barata en Itaipú en vez de cedérsela a Brasil, en cuyo caso le convendría que la tarifa bajara lo más posible. En teoría sería lo ideal, pero la realidad es que todavía falta mucho para llegar a esa situación y, entretanto, dependiendo del año, Brasil se queda con unos 20 millones de MWh de excedentes paraguayos. Ya descontado el costo de generación (tarifa de Itaipú), esto representa a los valores de hoy unos 3.000 millones de dólares anuales que Paraguay deja de percibir por el aprovechamiento de un recurso natural que le pertenece en un 50%, que es el potencial energético del río Paraná.
Para que Paraguay pueda consumir toda su parte de energía de Itaipú (lo mismo que de Yacyretá) aún necesita llevar a cabo importantes obras de infraestructura, más líneas de transmisión, más subestaciones, más tecnología, pero, sobre todo, implementar profundas reformas en su mercado eléctrico. En casi 40 años de generación de Itaipú y 25 de Yacyretá, la ANDE solo ha sido capaz de conseguir que el 18% de la matriz energética paraguaya sea eléctrica, y con un servicio muy poco satisfactorio, por decir lo menos. Es muy ilusorio pensar que eso va a cambiar radicalmente si todo sigue de la misma manera. Para torcer la tendencia, lo mínimo sería hacer lo que el propio Brasil, donde Eletrobras (en nuestro caso sería la ANDE) se mantiene como la gran operadora, pero donde la distribución y el servicio al consumidor final están desmonopolizados y abiertos al libre mercado.
Consumir su energía para su propio provecho tiene que ser el gran objetivo de Paraguay, pero hasta tanto eso no ocurra nuestro país tiene derecho a vender sus excedentes a un precio razonable. En esto se debe centrar la discusión en la renegociación del Anexo C. Una de dos: o Brasil le paga a Paraguay la diferencia entre el costo de Itaipú y una cotización cercana a la del mercado, o Paraguay comercializa directamente su energía en el mercado brasileño, quedándose con la renta que le corresponde.
Brasil es dueño del 50% de Itaipú (hasta 50 millones de MWh por año) y, como tal, lógicamente le interesa que baje la tarifa. Tal reducción tiene que ser aprobada por el Consejo de Administración, integrado por siete miembros paraguayos y siete brasileños. Si no hay acuerdo, el asunto pasa a las Altas Partes Contratantes, que son los Gobiernos. Por lo tanto, la tarifa no se puede bajar sin el consentimiento de Paraguay. Una vez se reconozca el legítimo derecho paraguayo de disponer de su parte de la energía, ningún problema. Antes, definitivamente no.