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El jefe de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando, Emilio Fúster, afirmó que socios de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) practican el contrabando, ese arraigado delito que durante la dictadura habría sido “el precio de la paz” y que hoy sigue siendo parte de la “marca Paraguay”. La senadora Lilian Samaniego (ANR) y dicha entidad gremial le pidieron que dé nombres y apellidos, en tanto que el Código Procesal Penal le ordena, como a todo funcionario, denunciar los hechos punibles de acción pública que llegue a conocer en el ejercicio de cargo.
Mientras se espera que cumpla con su deber para no ser tildado de charlatán, se aguarda que el comandante de la Policía Nacional, comisario general Luis Ignacio Arias, disponga las pesquisas para identificar a los ocupantes de la patrullera que escoltó un convoy de contrabando y que aparece en un video exhibido hace unos días en una reunión de la senatorial Comisión Especial de Seguimiento del Combate al Contrabando de Productos Industrializados y Frutihortícolas. El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, que no estaba enterado de nada, dijo que pedirá un informe a la Policía Nacional. Uno de los miembros de la comisión, Abel González (PLRA), mostró un análisis de una firma extranjera, según el cual el 45% del Producto Interno Bruto proviene del contrabando. Este escandaloso porcentaje, equivalente al estimado para la economía subterránea, implica que casi la mitad del valor total de los bienes y servicios es generada por una actividad delictiva que se desarrolla sin grandes interferencias, pese a las rutinarias declaraciones, tan rimbombantes como las entidades creadas para el efecto. La situación no ha cambiado mucho desde la época de la dictadura stronista, cuando entidades internacionales consideraban a dos terceras partes de las estadísticas como “economía no registrada”. Es decir, contrabando, o en negro.
Se entiende así que el presidente de la UIP, Enrique Duarte, haya pedido a quienes deben luchar contra ese flagelo que “hablen menos y trabajen más”. Entre quienes tendrían que sentirse aludidos figuran los agentes fiscales, ya que en agosto del año pasado esa organización gremial reveló que más de 700 causas estaban abiertas, sin que se haya llegado a juicio: “El problema es la impunidad por la inacción de la Fiscalía”, según el entonces presidente de la UIP, Gustavo Volpe. A propósito, el hecho de que entre 2015 y 2021 no se haya dictado una sola sentencia relacionada con el contrabando “nos resta puntos con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)”, según Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Nos resta puntos con el Gafilat y pone en ridículo tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público, que parecen funcionar en un país donde ese delito brilla por su ausencia. De nuevo, en el Paraguay hay contrabando a mansalva, pero no hay contrabandistas. Y conste que está a la vista en las zonas urbanas en forma, por ejemplo, de “humildes” puestos de venta manejados, en realidad, por verdaderos magnates del comercio ilícito que reparten sus mercaderías en camiones a dichos lugares.
Si no existe el menor riesgo de terminar en la cárcel, la tentación de violar el Código Aduanero puede ser muy fuerte: solo habrá que sobornar a policías, militares o aduaneros para delinquir impunemente, desplazando, de paso, a los empresarios o comerciantes honestos que, a su vez, pueden llegar a incurrir en el mismo delito para resistir la “competencia desleal”. El contrabando impune tiene un efecto multiplicador y no es de una sola vía, pues también hay uno de “salida”, según el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Esta opinión, que fue revelada por la senadora Samaniego, sin dar explicaciones, parece aludir a un importante empresario y político, a quien Marito calificó en 2016 como “el mayor contrabandista que tiene el Paraguay”: hoy están en concordia, como si nada. Por cierto, también el tráfico de armas tiene que ver con la “salida”, ya que abastece al crimen organizado brasileño, sin perjuicio de que algo quede para el nacional.
Si la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil carece de radares, las fuerzas militares y policiales están contaminadas, los aduaneros cierran los ojos, los agentes fiscales no impulsan los procesos y los jueces no condenan, será imposible poner coto a un hecho punible de enormes proporciones. Una patética muestra de la podredumbre reinante en la materia es el conflicto desatado entre el director nacional de Aduanas, Julio Fernández, y el senador Martín Arévalo (ANR), quienes se acusan mutuamente de estar ligados a la introducción o exportación de productos sin el pago de los derechos aduaneros. Tal como están las cosas, no sería razonable confiar en que al menos uno de ellos sean tan solo enjuiciado.
Podrán crearse más unidades interinstitucionales o comisiones especiales, para agregar a las muchas que ya tenemos, pero mientras en verdad no exista la firme voluntad de combatir a los delincuentes de los sectores público y privado, el contrabando seguirá agrediendo al fisco y al trabajo honesto.