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Según reconoce el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), y se expuso nuevamente en el marco de un debate organizado por la campaña “Votá Educación”, impulsada por Juntos por la Educación, hay un déficit de más de 5.000 aulas, otras 12.000 que requieren reparación y un importante déficit en baños sexados. Todavía existen 419 escuelas que por servicios sanitarios tienen letrinas. Solamente tres departamentos del país: Misiones, Cordillera y Central, además de la capital Asunción, ya son “letrina cero”.
En ese debate, una vez más, se difundieron los tristes números que exponen la patética situación de la educación pública y que auguran también que la cuestión no va a mejorar pronto, porque se necesita una enorme movilización, acompañada de inversiones sostenidas y oportunas para que esto suceda. Dilatar el inicio de este proceso no hace más que empeorar las cosas.
Estos datos, que por otro lado no constituyen ninguna novedad, fueron puestos en el tapete nuevamente por la viceministra de Educación Alcira Sosa.
Y a pesar de que se trata de cifras rotundas, constatables y contundentes, el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, quiere hacernos creer que el 95% de las escuelas públicas están en buen estado. Así lo expresó en un encuentro con empresarios. Habría que ver qué significa “buen estado” para este señor y con qué parámetro mide esta calidad.
La respuesta a esta cuestión es a su vez una pregunta muy sencilla, nada científica, pero movilizadora: ¿Aceptaría esas mismas “buenas condiciones” para sus propios hijos? Una demora de segundos en responder, una respuesta que no sea un monosílabo, un titubeo... lo dirían todo. Y si no le parece bien que sus hijos tengan clases en un espacio que no es digno y que hasta pone sus vidas en peligro, ¿por qué los acepta y propicia para los hijos de otros? ¿Acaso no solo hay ciudadanos de primera y de segunda, sino también hay niños de primera y segunda?
Aparentemente, las ventanas pueden seguir con los vidrios rotos, los techos se pueden caer, las paredes rajar, y los niños pueden recibir comida en mal estado como complemento nutricional. Ni mencionar la posibilidad de tener espacios dignos, limpios, saludables, acogedores. Contar con bibliotecas, laboratorios, salas de arte y acceso a la tecnología ya es casi un lujo de otro planeta.
Es triste y criminal que se haya desaprovechado la ventana de tiempo que nos dio la pandemia para poner en condiciones decentes las escuelas. Si a esto se agrega que, a pesar de la crisis sanitaria y económica, los maestros no han parado de amenazar con huelgas y reclamos, tomando de rehenes a los niños como ocurre en este mismo momento, el negro panorama está completo.
A las puertas de las elecciones municipales, no olvidemos que las municipalidades reciben recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo y de otras fuentes, precisamente para invertirlos en las mejoras de las escuelas y colegios. Por lo tanto, la problemática de la infraestructura les atañe sobremanera.
Lejos de lo que mucha gente puede creer, la educación también es una cuestión del ámbito municipal, aunque muchas administraciones hacen la vista gorda al respecto y creen que su única función es abultar la nómina de funcionarios y planilleros a sueldo. Lo establece la Ley General de Educación, que indica explícitamente que los municipios son garantes de la calidad de la educación.
Si bien la responsabilidad principal es de la Administración Central, a pocos días del sufragio, es importante que los votantes tengan en cuenta también las propuestas que sus candidatos tienen para mejorar las escuelas y colegios públicos, que son motores de sus ciudades. ¡No desaprovechemos esta oportunidad!