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El 2 de enero de 2014, una nota del diario español El Mundo llevó por título “En Paraguay se puede contratar a un sicario por 80 euros”. La situación ha empeorado tanto, debido a la inoperancia y a la corrupción reinantes en los organismos encargados de la seguridad interna en nuestro país. Aparte de que proliferan los asaltos a mano armada, el sicariato del crimen organizado ha extendido su sangriento campo de acción: ya no se limita al noreste de la Región Oriental, sino que ahora también está asesinando en el área metropolitana de nuestra capital.
Para citar solo los últimos episodios –ya que anteriormente se han producido otros sangrientos casos, una vez con el asesinato de un niño pequeño–, en la noche del 12 de septiembre, el empresario Mauricio Schuartzman fue acribillado frente a su casa en el tradicional Barrio Jara, de Asunción, en un crimen que estaría relacionado con la incautación de 2.900 kilos de cocaína en el puerto de Villeta. Justo un mes antes, el 12 de agosto, el capitán de navío Humberto Fleitas se libró de un ataque criminal, pero no así en la mañana de ayer, en que ya fue ultimado a balazos en San Lorenzo, a 260 metros de la vivienda del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, y a 240 de una comisaría policial, donde hace dos meses se había instalado un centro de monitoreo. Si esta dependencia fue creada por la vecindad del ministro, como se dijo, parece que no contribuiría mucho a su seguridad personal. En ambos atentados mortales intervinieron tres o cuatro sicarios, que están hasta hoy impunes y en libertad.
Es de temer que la Policía Nacional no esté en condiciones de enfrentar al brazo armado de la mafia si ni siquiera fue capaz de proteger a una joven deportista que en la mañana del último domingo fue asaltada y herida en la Avenida Costanera Norte de la capital, de unos seis kilómetros de largo, pese a que los agentes policiales siempre están presentes, sobre todo desde las 4:00 hasta las 22:00, según el jefe de la comisaría 9ª Metropolitana, comisario principal Pablo González. A propósito de la manida “presencia policial en las calles”, el 8 de junio, el Presidente de la República informó cuanto sigue: “Me reuní ayer con toda la cúpula policial; ahora me estoy yendo a la Comandancia de la Policía y vamos a pedir que fortalezcamos la presencia del Grupo Lince (...) y mayor esfuerzo a la Policía Nacional para que esté en la calle”. El caso de la Avenida Costanera muestra que, si es cierto lo dicho por el mencionado comisario, la mera presencia policial no basta para disuadir a los delincuentes: también se necesita que el personal sea idóneo, honesto y diligente, atributos estos que escasean en una institución habituada a las fechorías más diversas, desde el robo de víveres y de combustibles hasta el secuestro de turistas en una ruta.
El pedido presidencial no ha surtido el menor efecto en cuanto a la “sensación de inseguridad”, provocada, según ciertas autoridades, por “la mediatización de los hechos violentos”. Lo admitió el propio ministro del Interior cuando, refiriéndose a los tres meses de plazo que les dio el presidente Mario Abdo Benítez para solucionar el problema de la delincuencia o irse a sus casas, le habría dicho al comandante de la Policía Nacional, comisario general Luis Ignacio Arias: “Así como vos, yo tengo los días contados si no se hacen cambios y modificaciones: jahata (nos iremos) los dos. Vamos na aprovechar este momento para generar estos cambios verdaderos en la Policía. Necesitamos un legado; no quiero irme sin dejar una huella”. Entre estas palabras lastimeras del 8 de septiembre y el día de hoy, ocurrieron por los menos dos crímenes llamativos atribuibles a asesinos del crimen organizado, de modo que va siendo hora de que el ministro y el comandante se apresuren antes de que se cumpla el plazo mencionado. En realidad, la respuesta debería ser inmediata, o sea, no habría que darle a la delincuencia tregua alguna, so pretexto de que primero se pondrá la casa en orden. Se puede y se debe atacar ambos frentes a la vez: el interno de la podredumbre y el externo de la inseguridad.
En la misma ocasión referida, el ministro señaló que la corrupción policial lleva largas décadas y que no será eliminada “de buenas a primeras”. Sin entrar en detalles, agregó que “esta es la primera vez que se harán tantos cambios importantes”, lo que implica que tardó nueve meses en prepararlos, sin poder garantizar que tendrá buenos resultados. Como si hubiera sido necesario, ya le habría presentado al Presidente de la República su renuncia con la fecha en blanco. Querría dejar “un legado, una huella”, pero tal como están las cosas, la ciudadanía tendrá poco o nada que agradecerle y, como no está sujeta a plazos, tampoco está obligada a seguir esperando todavía más de dos meses para demandarle que se vaya, junto con el comandante de la Policía Nacional, si no disminuye notablemente la gravedad de una circunstancia que pone en zozobra a todo el país. La inseguridad no puede tener plazos ni tregua para ser enfrentada con toda la fuerza legal con que cuenta el Estado para combatirla. Está visto que ni el ministro Giuzzio ni el comandante Arias aportarán las soluciones requeridas, por lo que deben dar un paso al costado o Marito debe acortar el generoso plazo que les ha otorgado.