Cargando...
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se ha caracterizado por acceder a los sobrecostos reclamados por los integrantes de la “patria contratista”, mientras abundan obras mal construidas, rutas defectuosas y puentes que se desmoronan, uno reciente con costo de vidas humanas. Hay empresarios que han acaparado obras a lo largo de décadas, y otros que han sido incorporados con cada Gobierno, como ocurre con la empresa “Engineering”, de Juan Andrés Campos Cervera, la preferida de la administración de Mario Abdo Benítez. Este ministerio tampoco ha estado ajeno al tema de las consultorías, pues el MOPC, a cargo de Arnoldo Wiens, dedica cuantiosos montos a ese rubro, como se propone hacerlo en este mismo momento, por valor de 4.200 millones de guaraníes para preparar una “estrategia de comunicación” en el marco de un programa de viviendas, mientras en forma vergonzosa, alega que no tiene fondos para iluminar la avenida Costanera Norte, por lo que muchos automovilistas se resisten a utilizarla por las noches debido al peligro que representa ese tramo oscuro. Otra licitación, esta vez por valor de 12.400 millones de guaraníes, es para un “Sistema de conteo de tránsito”.
El MOPC tiene una Dirección de Comunicaciones (Dircom). ¿Qué hacen sus 20 funcionarios? Por lo visto, esta oficina es usada solo para promocionar las actividades de los jefes.
Mientras el ministerio del dadivoso Wiens llama a más y más licitaciones que no se trasuntarán en obras palpables, también se olvida de despilfarros que consumieron montones de dinero de los contribuyentes para proyectos fallidos o escandalosos, como el metrobús o la “pasarela ñandutí”, esta última a todas luces sobrefacturada, según surge de informes oficiales, por citar solo dos casos bien renombrados.
De hecho, en materia de construcción vial, en nuestro país hay una antigua tradición de colusión entre empresarios y funcionarios del Gobierno de turno, lo que se trasunta en el direccionamiento de las licitaciones para favorecer a los clientes de la “patria contratista”.
No debe olvidarse otra de las frecuentes vías para beneficiar a las empresas constructoras, consistente en el sistemático incremento del costo de las obras, hasta el máximo del 20% permitido por la Ley de Contrataciones Públicas, o hasta el 50%, en caso de que el proyecto cuente con financiación sujeta a normativas de la institución prestataria y no de la ley nacional respectiva.
Es de lamentar que, en vez de administrar los procesos de licitación y de contratos con rigor técnico y transparencia administrativa, el MOPC –en particular durante la actual gestión del ministro Arnoldo Wiens– ha optado por desnivelar el terreno de juego de la sana competencia con el propósito de favorecer a las empresas amigas del Gobierno, mediante cambios en las reglas de juzgamiento de las correspondientes ofertas. Una vez adjudicada una obra a la empresa ganadora, entran en juego las sospechosas “adendas” encaminadas a aumentar el costo de la misma hasta el tope legal mencionado, incluso modificando sustancialmente el contrato original, lo cual transgrede el espíritu de igualdad de concurrencia garantizada en la ley de Contrataciones Públicas. Así, mediante ese mecanismo, el Consorcio Unión, conformado por CDB Construcciones SA y constructora Heisecke SA, se benefició nada menos que con 17 millones de dólares.
Debe recordarse también que, recientemente, las autoridades del MOPC han dado a conocer una adenda al contrato suscrito con la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas del Este: el consorcio conformado por la empresa española Sacyr, la paraguaya Ocho A y la portuguesa Motta Engil (esta última cedió sus acciones a Ocho A al retirarse del país tras el fiasco del proyecto Metrobús) para la duplicación y concesión de peaje de la ruta PY02.
La llamativa Adenda 2 al contrato suscrito al amparo de la Ley Nº 5102/13, más conocida como APP, guarda relación con el reciente aporte del Estado por US$ 45 millones al consorcio de referencia en el marco del contrato suscrito para la duplicación de la mencionada ruta, pese a que los trabajos solo están con un 57% de avance completado. Este aporte es, supuestamente, para dotar de recursos al fideicomiso del proyecto vial mencionado y que es administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) a efectos de los pagos de la obra.
Es más, al mencionado aporte contractual se ha sumado un parto de los montes: el pago de US$ 6,9 millones al consorcio Rutas del Este en concepto de una compensación no prevista en el contrato original y, por tanto, legítimamente cuestionable por la ciudadanía contribuyente. La muletilla semántica escogida para dar visos de legalidad al “premio” generosamente concedido al consorcio SOE Rutas del Este a expensas del erario es una compensación sui géneris por costos de “procesos disruptivos”, vale decir, pago por mayores costos devengados por trabajos no previstos, o por dificultades logísticas o administrativas derivadas de los mismos, que el consorcio contratista campantemente carga a espaldas del pueblo paraguayo contribuyente, por más de que presumiblemente sean debidos a su propia inoperancia de gestión.
De este modo, la tramposa Adenda 2 abre una vía que otorga a la SOE Rutas del Este una suerte de patente de corso que podría ser utilizado para estafar al Estado de múltiples maneras mediante contubernio con los concusionarios del MOPC responsables de la fiscalización de los trabajos. Esta sospecha se sustenta en los perjuicios consuetudinarios que ha sufrido el país por esta clase de componendas en el desarrollo de las obras públicas.
La Contraloría General de la República y la Procuraduría, como órganos de control de las actividades económicas y financieras del Estado, y como representantes y defensoras de sus intereses, deben tomar intervención de oficio en todos los chanchullos originados en torno a las obras públicas. Se deben hacer sonar las alarmas en un país donde el beneficio a los allegados es pan de cada día, y con un MOPC, con un ministro como Arnoldo Wiens, maleable a las antiguas prácticas que han esquilmado a nuestro país.