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En una reciente declaración, el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, dijo que no solo el Estado debería encargarse de pagar por todos los incendios ocurridos en el país, sino que “hay una ley de quema de fuego, que se debe actualizar, cambiar”. Transcribimos más declaraciones al respecto del citado funcionario: “Tenemos municipios que no están en condiciones de regular eso (…)”, “quiero hacer algo serio y en consenso, a lo mejor un proyecto de ley (…), modificar ciertas normas, marcos legales y seguramente hacer un trabajo con la Justicia para que finalmente tengamos a alguien (identificado) por lo que hizo”.
Como siempre, un plagueo inmenso para justificar una inacción. Si no se trata de justificaciones retóricas de una supuesta falta de legislación adecuada, como en este caso, se alega falta de presupuesto, de tecnología, de personal suficiente, o de cualquier otra cosa. Nunca las instituciones están en condiciones y dispuestas a cumplir su misión, según sus responsables. Roa, por lo menos, no pidió que se conforme una comisión para supuestamente solucionar el problema, como suele ocurrir. Y así nos va.
Conforme a recientes imágenes satelitales de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), dependiente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), más del 50% del territorio paraguayo se encuentra bajo una intensa humareda, conformada por la que en los últimos días viene ingresando desde el sur de Bolivia, más las quemazones que se generan en nuestro propio territorio. De esta manera, zonas del departamento de Alto Paraguay se encuentran abrazadas por las llamas, pese a los trabajos de equipos de bomberos voluntarios, fuerzas armadas, y la misma SEN.
Asimismo, en un informe reciente emitido por el Instituto Forestal Nacional (Infona), se señala que a nivel país se registraron más de 11.000 focos de potenciales incendios. Entre los departamentos más afectados figuran Concepción (1.252), Amambay (992), Presidente Hayes (515) y San Pedro (417). Asimismo, el departamento Central registró un sinnúmero de focos de calor.
Una de las áreas más afectadas por las llamas es el Parque Nacional Cerro Corá, ubicado en el departamento de Amambay. Allí, en cinco días, el 70%, unas 12.000 hectáreas del área protegida, fue arrasado por el fuego, muriendo calcinados miles de animales silvestres, pese al intenso trabajo de bomberos, guardaparques y voluntarios.
Ante el implacable y voraz incendio que viene asolando buena parte del país, la presidenta del Infona, Cristina Goralewski, expresó que “el problema en zonas rurales normalmente se inicia por la quema de pastizal, se ve también que muchos incendios se inician al costado de la ruta, ya sea porque se está haciendo una limpieza, o hasta por la colilla de cigarrillo que se tira (…)”. En las ciudades, es común que las quemas de basuras que se realizan irresponsablemente deriven en la propagación del fuego a otras áreas. Bien lo dice Goralewski que muchas veces desde las instituciones no se pueden predecir todas las circunstancias, por lo que “el mejor combate al fuego es la prevención”. Instó a “cambiar el chip” y dejar de quemar la basura, el pasto y adoptar ese tipo de precauciones, como “cuestión de fondo” para evitar más incendios en el futuro. Es decir, se trata de una cuestión de educación.
Lamentablemente todas estas invocaciones de buenas intenciones, que requieren de cierto tiempo para que tenga efecto, no nos llevan a la solución de los problemas actuales. Los resultados pueden esperarse al cabo de unos años, mientras gente irresponsable o malintencionada continúa creando el caos, y hasta la muerte de personas, además de pérdidas millonarias, con los incendios que provocan. Las llamas están siguiendo su curso devorador, mientras las autoridades siguen en estado de letargo en cuanto a acciones concretas. Tanto el ministro de la SEN como la presidenta del Infona deben dejar el mero formalismo y exigir la actuación de la Policía, de la Fiscalía y de la Justicia, para que sean identificados los pirómanos, sometidos a juicio y enviados a la cárcel por las varias figuras jurídicas que se les puedan aplicar, como daños a la propiedad, al medio ambiente, a la salud, entre otros. No es momento para esperar que cambien las leyes para actuar.