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Hoy desembarca Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) para tomar un examen que podría traer graves consecuencias para el Paraguay: medirán si hemos sido efectivos en la prevención, el combate al lavado de dinero sucio y el financiamiento al terrorismo. Si resultáramos aplazados, las consecuencias son temibles para el sistema financiero en particular y para el país en general.
La evaluación –postergada un par de veces– parece que solo ha servido para agregar más motivos además de los que ya teníamos en contra desde el Gobierno de Horacio Cartes con el caso de Darío Messer. Podría decirse, con toda exactitud, que el Gobierno de Mario Abdo Benítez –amancebado con los poderes Legislativo y Judicial– añadieron nuevas razones que nos hacen temer una calificación perjudicial para nuestro país.
Paraguay ya estuvo en la “lista gris” de la vergüenza desde el 2008 hasta febrero del 2012. En aquel momento, un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del entonces Gafisud (actual Gafilat) nos calificó como “jurisdicción riesgosa” para el sistema financiero mundial. Etiquetados como país con fragilidades en la lucha, prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, deambulamos durante casi cuatro años con el descrédito financiero internacional, la pérdida de corresponsalías bancarias extranjeras y encarecimiento de préstamos.
Nueve años después de haber salido de la “lista gris” de Gafilat, todo indica que hemos hecho méritos para volver. Carlos Arregui, actual titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), dijo en julio del año pasado que Paraguay corría el más grave riesgo de volver a la dichosa lista. Si estábamos al borde del precipicio, en los últimos tiempos hemos dado un paso al frente en el abismo haciendo exactamente todo lo contrario a lo que se nos exigió públicamente en el 2019 cuando la cúpula de Gafilat vino a decirnos, a domicilio, que ya no bastaría con que Paraguay haga leyes imponentes sino que debía cumplirlas.
El Poder Judicial y la Fiscalía han dejado impunes a varias autoridades, políticos y ahijados sospechados de narcotráfico, enriquecimiento ilícito con fondos públicos y a su delito conexo, el lavado de dinero. En el caso Darío Messer, que durante el gobierno de Horacio Cartes utilizó el estatal Banco Nacional de Fomento (BNF) para ingresar al país sumas multimillonarias de dinero, la Seprelad cartista hizo la denuncia a Fiscalía recién el día en que nuestro diario publicó los primeros indicios. Han pasado cuatro años y hasta ahora los fiscales ni siquiera han pedido el comiso autónomo de bienes pese a que la fiscala Liliana Alcaraz lo anunció públicamente el 20 de agosto del año pasado.
A la Seprelad de Abdo Benítez no le ha ido mejor que a su anterior titular. Arregui, ex cabeza de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía, ha justificado que las tabacaleras no sean incluidas como entidades obligadas a generar reportes de operaciones sospechosas. Lo hizo de espaldas a los dictados de la propia GAFI, que en junio del 2012 alertó sobre el uso de dinero sucio proveniente del comercio ilícito del tabaco. Un reporte de 80 páginas del Financial Action Task Force de GAFI no deja dudas sobre los criterios de la organización e invita a los países a la cooperación internacional.
Al desfile de la sinvergüencería se han unido también los parlamentarios quienes se negaron a incluir en la ley de obligatoriedad de reportes sospechosos al fútbol –además de a las tabacaleras–, con el argumento de que se trataba de una persecución a Horacio Cartes. Nadie sabe por qué le pusieron el sayo al líder de Honor Colorado, considerando que a nivel mundial el fútbol está visto como uno de los medios más usados para lavar activos. Grandes casos como el Fifagate y otros escándalos de evasión de dinero confirman que el mundo del deporte puede ser un gran lavarropas.
Paraguay ha tocado fondo en cuanto a tolerancia a crímenes, tráficos ilícitos, lavado de dinero, robo de fondos públicos, narcopolítica y delitos financieros. No solo no se los combate sino que tenemos a sus personeros ocupando cargos públicos y electivos. Hemos llegado al extremo de que deba ser un Gobierno extranjero el que apunte con el dedo a nuestros sinvergüenzas autóctonos –caso Estados Unidos versus Óscar González Daher, Javier Díaz Verón y Ulises Quintana, considerados “significativamente corruptos” por el Gobierno de ese país–. Tenemos una exparlamentaria colorada, Cynthia Tarragó, presa en una cárcel de Nueva Jersey, y hasta llegamos al caso de tener como contralor en uno de los juicios orales y públicos más importantes de los últimos tiempos como el de González Daher, a un agregado de justicia estadounidense. Aun así, la desvergüenza sigue su rumbo.
De esperar, el sufrido y trabajador pueblo paraguayo siempre espera lo mejor. Sería sumamente injusto que siete millones de ciudadanos pagaran la desvergüenza y los crímenes de algunos delincuentes. Una sanción de Gafilat sería una estocada al corazón del sistema financiero del Paraguay y al acceso a créditos internacionales. Sin embargo, no se puede dejar de pensar que a veces, tocar el duro fondo es la única oportunidad de volver a subir para combatir –sin piedad y sin tregua– la podredumbre que se ha colado hasta en los huesos de nuestro sistema democrático.