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A sabiendas del triste récord y con la aún fresca memoria de aquellos cuatro deshonrosos años, en una vergonzosa lista de país frágil con el lavado de dinero, fue notable y demoledora la reciente sesión en la que la mayoría cartista de la Cámara de Diputados –34 adscritos a la Asociación Nacional Republicana (ANR) y 14 al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA)– apoyó una ley que impide que la industria tabacalera y el fútbol sean incorporados a la lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero.
Los sospechosos de siempre hicieron más turbias aún las razones por las que se excluiría a dos sectores tan relevantes como el fútbol y la industria tabacalera del debido proceso de reportar operaciones sospechosas exigidas por la Ley 1015 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación del dinero o bienes” y sus modificatorias, entre ellas la Ley 6497. Parece un chiste –pero no lo es– que esta última ley del 2019 lleve estampada la firma del mismísimo entonces también presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana. Un camino contradictorio indica que el diputado cartista parece haber cambiado de opinión en solo dos años, y un par de legislaciones después.
El eje articulador del discurso empleado para encubrir a los dos sectores mencionados –especialmente por Basilio “Bachi” Núñez, Walter Harms y Justo Zacarías Irún– fue que el intento de incluirlos en la lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero era ¡un ataque personal a Horacio Cartes!, quien así aparece como una suerte de patrón de estos 48 diputados. Deberían explicar por qué le pusieron el sayo al ex jefe de Estado en rubros tan afines al negocio del empresario.
O mejor aún, debieran explicar por qué Paraguay escaparía al resto del ámbito mundial en cuanto a controles se refiere. La ley es muy clara: están obligados a presentar reportes de operaciones sospechosas una serie de actores que manejan fondos tales como bancos, financieras, compañías de seguro, casas de cambio, sociedades y bolsas de valores; también las sociedades de inversión y mandato, las administradoras de fondos mutuos y de jubilación, las cooperativas, inmobiliarias, los juegos de azar y las organizaciones sin fines de lucro. Entran como sujetos obligados a reportar también las casas de empeño, entidades gubernamentales, actividades y profesiones no financieras, intermediarios financieros, comercio de joyas, piedras y metales preciosos, objetos de arte y antigüedades, inversiones filatélicas y numismáticas, en fin, todos los que realicen actos de comercio en general que impliquen transferencias de dinero o valores, sean formales o informales.
Folclóricamente hablando, es sumamente jocoso que una casa de empeño esté obligada y el fútbol, que maneja sumas multimillonarias, no. La diferencia abismal entre uno y otro no está solamente dada por las garrafas empeñadas o las millonarias transferencias futbolísticas, sino por el hecho de que a nivel mundial han aparecido un tendal de futbolistas y sus familiares, dirigentes y empresarios ligados a ese rubro, calificados como evasores, lavadores de dinero y hasta un par de ellos terminaron presos u obligados a hacer monumentales pagos tributarios para evadir la cárcel. Estados Unidos puede dar cátedra sobre las presunciones de lavado de dinero utilizando el fútbol o sus entidades asociadas. De hecho, ha costado la cárcel a varios importantes dirigentes de ese deporte: el FIFAgate no ha sido un cuento urbano, sino la materialización de la mismísima cárcel.
En cuanto a las industrias tabacaleras, desde el 2012 que GAFI observa y controla el negocio de los cigarrillos. Ese año salió un reporte del Financial Action Task Force de GAFI (FATF) que recogía en 80 páginas el peligro del comercio ilícito del tabaco. Desde la página 3 hasta la conclusión final, pueden leerse las recomendaciones del equipo que investigó los negocios ilícitos tabacaleros.
En el ya lejano 2012 alertaron que el comercio ilícito de tabaco es un problema global que genera ingresos importantes y le pusieron cifras: una décima parte del ilícito del cigarrillo moviliza cerca de 40.500 millones de dólares anuales. De hecho, incluyeron al negocio como una vulnerabilidad a nivel mundial, regional y nacional, por lo que exhortaban a las cooperaciones internacionales para reconocer que estas prácticas ilegales podían ser una amenaza significativa para la seguridad de las naciones.
El informe que GAFI publicó en aquel entonces incluía resultados de un cuestionario enviado a todos los países miembros. Describían además tipologías para detectar y poder determinar el grado de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo así como las vulnerabilidades vinculadas al comercio ilícito del tabaco.
Los hechos son contundentes, evidentes, escandalosos. Desde hace muchísimos años Paraguay produce una cantidad mucho mayor de cigarrillos de los que consume: más del noventa por ciento no se consume en nuestro país, sino que se “exporta”. De hecho, algunas de las marcas nunca han sido vistas ni en pequeños ni en grandes comercios del país. Un artículo del New York Times en el pasado alertaba que de acuerdo a las cifras del cigarrillo manejadas por Paraguay, todos y cada uno de los ciudadanos (bebés, niños y adolescentes) fumamos una interesante cantidad de cajetillas anuales. Un informe del 2009 puso más cifras: el 10% del tabaco de contrabando a nivel mundial tendría su origen en Paraguay.
Entre mayo y julio de 2017 se presentaron cuatro informes distintos pero coincidentes al Congreso de Estados Unidos sobre el lavado de dinero en nuestro país, el más conocido de los cuales es el de la Fundación para la Defensa de las Democracias, que concretamente señala que el contrabando de cigarrillos paraguayos forma parte de un esquema de lavado de dinero que comparte rutas y mecanismos con el tráfico de cocaína.
Esto, que es evidente para cualquiera y que por sí solo es motivo suficiente para incluir a la industria tabacalera entre los sujetos obligados, es negado nada menos que por el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, Carlos Arregui, tal como fue negado por su antecesor Óscar Boidanich. Para desgracia de Arregui, la fiscalía y la policía brasileñas confirmaron en la “Operación Miopía”, de agosto de 2019, que todos los extremos señalados en los informes norteamericanos son ciertos y que continúan vigentes. Y para desgracia de los 48 cartistas que en la Cámara de Diputados votaron en contra de la lógica, de la decencia y del Paraguay, el contrabando de cigarrillos parece fogonear el lavado de dinero en nuestro país.
Los 48 diputados impidieron que la actividad que genera esa cifra sideral sea sujeto obligado a reportar operaciones sospechosas. La sesión también parece confirmar lo que todo el mundo supone desde 2010 por lo menos, que Cartes no solamente controla a diputados adscritos a la ANR, sino a una mayoría de los del PLRA, así como a varios de otros grupos menores supuestamente independientes.
Los 48 ya no pueden ocultar quién da las órdenes. Pero tampoco ellos se podrán esconder cuando Paraguay termine estruendosamente aplazado como consecuencia de la falta de cumplimiento de leyes vigentes y la falta del debido control del dinero del fútbol y de las tabacaleras. Si llegara a consumarse el ingreso de Paraguay a la lista gris de Gafilat, todas las miradas se posarán encima de los obsecuentes parlamentarios que negaron el control, y sobre el presidente Mario Abdo Benítez si no llegara a vetar el intento cartista. Aquí veremos si él continúa preso de aquel oscuro pacto interpartidario que le salvó del juicio político, o si por una vez estará del lado de la transparencia.
La victoria del expresidente en esta votación es efímera. Puede dar órdenes en nuestro país y tal vez tenga empleados también en Brasil o Estados Unidos. Pero no puede ocultar indefinidamente los hechos, pues estos seguirán allí a pesar de sus alquilados. En el fútbol y en el tabaco parece haber un patrón en común: lo confirmaron los esbirros.