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El tribunal de sentencia –integrado por Yolanda Portillo, Jesús Riera Manzoni y Yolanda Morel de Ramírez– deliberó durante casi veinticuatro horas para emitir un fallo que, más allá del monto de la pena, puede calificarse de decepcionante y preocupante, en la causa seguida al exsenador Óscar González Daher (OGD) y a su hijo Óscar González Chaves por los delitos de enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero. En efecto, el sentido de justicia de la ciudadanía no puede quedar satisfecho con que, casi tres años después de haber sido imputados, el padre haya sido condenado a siete años de cárcel por los dos primeros delitos, pero incomprensiblemente absuelto del tercero, con el notable voto en disidencia de la magistrada Morel de Ramírez. El vástago –edil luqueño que aspira a la reelección por la ANR– fue castigado con ocho años de privación de libertad por todos los hechos punibles referidos, como si hubiera podido cometer el de lavado de dinero sin la intervención del jefe “significativamente corrupto” –según el Gobierno de Estados Unidos– del infame clan que, durante décadas, amasó fortunas en perjuicio del fisco y de sus prestatarios.
Se alegó que OGD había formado parte de la “lavandería” llamada Inmobiliaria Príncipe de Savoia S.A. solo durante tres meses de 2009 y que, como la pena máxima para ese hecho punible es de cinco años, la persecución penal ya había prescrito. Si la mayoría del tribunal deseaba buscar la verdad real, no podía ignorar que la inmobiliaria era con toda probabilidad manejada de hecho por quien sería el primer senador expulsado por sus pares en la historia del parlamentarismo paraguayo. Los agentes fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera habían pedido diez años de privación de libertad para ambos, más la inhabilitación por otros tantos años para ocupar cargos públicos y el comiso de sus bienes por un valor total de 56.826 millones de guaraníes; fueron inhabilitados por siete años y sus respectivas cuentas bancarias embargadas, hasta cubrir solo un total de 35.141 millones de guaraníes.
Es cierto que, por de pronto, los condenados ya no podrían buscar un cargo electivo en los próximos comicios municipales y generales y que, por tanto, ya no sería necesario que la indignación popular induzca de nuevo a OGD a renunciar a una banca, si en mala hora la conquistara; también es cierto que, hasta la fecha, ningún pez gordo de la politiquería criolla ha recibido una pena tan elevada, en términos relativos, por delinquir para enriquecerse aún más. Empero, es deplorable que OGD haya vuelto a demostrar que sigue ejerciendo una gran influencia en el Poder Judicial, aunque ya no legisle ni presida el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Por eso mismo, ya había recibido una pena exigua en el asqueroso asunto del tráfico de influencias, gracias también al pésimo desempeño del Ministerio Público. En el juicio mal concluido ayer, su actuación tampoco habría sido brillante, aunque haya presentado “muchísimas evidencias”. Según el magistrado Riera Manzoni, numerosos documentos fueron inútiles y sus testigos no aportaron gran cosa, salvo los que tuvo en común con la defensa de los procesados.
Claro que los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que nos visitarán dentro de unos días, tomarán buena nota de un fallo que exculpa justamente del delito de lavado de dinero a alguien que frecuenta las esferas de poder. Las consecuencias recaerán sobre todo el país, aunque el común de sus habitantes nada tenga que ver con las fechorías de los que mandaron y siguen mandando en su nombre, para mayor escarnio. Más que nunca, es improbable que el Gafilat sea convencido de la independencia del Poder Judicial, a lo que debe sumarse que la Cámara de Diputados aprobó hace poco que las empresas tabacaleras y los clubes deportivos no sean controlados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Aquí cabe recordar que Ramón González Daher –hermano mayor del susodicho–, cuya causa por usura y lavado de dinero fue elevada a juicio oral, dirigió durante largos años el Sportivo Luqueño y era nada menos que vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
En fin, lo que hubiera implicado una reivindicación de la Justicia, si la sentencia hubiera satisfecho las pretensiones del Ministerio Público y de la ciudadanía, no pasó de ser una expresión más de su blandenguería, cuando se trata de juzgar a los poderosos. No se sabe si la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, sugerirá o no apelar la sentencia, pero desde ya convendría que así sea, aunque no se deba confiar en que la máxima instancia judicial tenga el coraje de aplicar la ley con todo su rigor. Es una cuestión de dignidad.
La ciudadanía debe manifestarse públicamente, dentro de la ley, para expresar su repudio a la debilidad de la Justicia ante los sinvergüenzas que no reciben todo el castigo que merecen.