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El juicio que está en curso, en su etapa final, que tiene en el banquillo de los acusados a Óscar González Daher (OGD) y su hijo Óscar González Chaves, es un acontecimiento que puede significar un antes y un después en el comportamiento de la desprestigiada Justicia paraguaya.
El aplazo más llamativo lo tiene el sistema judicial en los casos de corrupción protagonizados por los poderosos del ámbito político, al que, en la mayoría de los casos, acceden comprando sus bancas con dinero de dudoso origen. Es de hecho cada vez más evidente que en la política se lava dinero proveniente de muchos delitos originados en la criminalidad organizada: lavado de dinero, tráfico de influencias, tráfico de drogas, etc.
Puede pensarse que González Daher comprendió desde su ingreso al mundo político que el mismo funciona con dinero, sin importar de dónde proviene. Pero para que el sistema de corrupción funcione a la perfección, se necesita de mucho dinero, con el que compran bancas, voluntades, votos, cargos, etc. Pero como en algún momento esto puede resultar llamativo o descubrirse, es necesario controlar los distintos órganos del sistema judicial que podrían interponerse en los planes torcidos de esa política sucia.
Por eso, desde que OGD, Jorge Oviedo Matto y otros congresistas hacían componendas para ocupar los espacios en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), era obvio que necesitaban ese control como garantía de impunidad.
Son muchos los casos que saltaron a la luz pública mediante los audios filtrados e incluso antes, cuando por ejemplo el entonces fiscal Alejandro Nissen tuvo la osadía de investigar la tenencia de un auto robado por parte de González Daher, cuando este era nada menos que el presidente del JEM. Obviamente el caso terminó desestimado y el fiscal Nissen destituido.
El tono con el que el cartista OGD se dirigía a jueces ordenando soluciones para sus amigos y el temor o sumisión con que los magistrados asentían sus deseos confirmaron que el sistema judicial es un remedo de Poder del Estado. En cambio, cuando los fiscales o jueces deben actuar contra ladrones de gallinas o pomelos, utilizan todo el poder que la ley les confiere para sancionarlos desproporcionadamente.
La Justicia paraguaya tiene siempre una medida distinta según quien sea el juzgado: cuando son poderosos como OGD, buscan archivar la causa o aplicar sanciones absurdas que nunca se cumplen. Pero si son ciudadanos comunes, sin influencias, hacen ostentación de su rigor con penas rigurosas.
Fueron sujetos como González Daher quienes armaron este esquema de prebenda del sistema judicial y fiscal. Primero acceden a bancas o espacios de poder comprando lugares en las listas de sus partidos, como probablemente ocurrió, en este caso, con la de Honor Colorado, de Horacio Cartes, donde el condenado ocupaba nada menos que el tercer lugar, lo que no se debió precisamente a su popularidad. Luego, negocian con sus pares representar a la Cámara de Diputados, Senadores o el Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.
Desde este Consejo organizan la distribución de feudos asignando lugares en ternas de fiscales y jueces. El elegido de la terna será quien mayor sometimiento demuestre, para convertirse luego en un hombre o mujer funcional a los deseos y negocios. De esta manera, no solo se fortalecen los vínculos políticos, sino que se asegura impunidad, ya que si se descubre algún hecho que involucre a los caciques o sus amigos, el fiscal o el juez deberán congelar o desechar la denuncia.
En la poco probable situación que algún fiscal o juez tenga la osadía de no “colaborar”, le esperará el JEM, donde, como se pudo escuchar en los audios, los González Daher, Oviedo Matto y otros, se encargarán de apretar a los indisciplinados.
Esa es la Justicia que tenemos en Paraguay. Por lo tanto, nada bueno puede esperarse de ella cuando tiene desafíos de combatir la corrupción utilizando la ley. Así lo entiende la ciudadanía, al igual que los representantes de países como Estados Unidos –que calificó de “significativamente corrupto” a OGD y le prohibió ingresar en su territorio– quienes han mostrado su preocupación por lo que suceda en el juicio al poderoso personaje, que está por concluir.
Debemos abrigar la esperanza en que el sistema creado por figuras tenebrosas como González Daher, apoyado por fortísimos actores políticos, no funcione esta vez como ellos lo esperan. El tribunal de sentencia debe desprenderse de las ataduras que someten al Poder Judicial y aplicar el mayor castigo posible a los que resulten culpables. Y este camino debe seguir también el Ministerio Público, presidido actualmente por Sandra Quiñónez, dejando de lado su complicidad acostumbrada con los corruptos y actuar de acuerdo con el mandato constitucional: representar los intereses de la sociedad, persiguiendo a cada uno de los corruptos que se ufanan diariamente de su poder y su fortuna malhabida, hasta llevarlos a la cárcel, que es donde deben estar.