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Mucho se habló del Acta Bilateral firmada con Brasil en el marco de la Itaipú Binacional, que fue abortada gracias a la oportuna denuncia del expresidente de la ANDE Pedro Ferreira, y a la reacción popular que siguió, por ser un documento entreguista de intereses de nuestro país. En el marco del mismo emprendimiento binacional, han surgido estudios privados y últimamente un contundente informe de la Contraloría General de la República sobre la existencia de una deuda ilegítima de más de 4.000 millones de dólares. Así como se produjo una reacción adversa contra los responsables paraguayos de dicha deuda, últimamente han aparecido también voces reclamando una auditoría similar en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Uno de los episodios más cercanos sobre una posible entrega de los intereses paraguayos en este emprendimiento es el acuerdo que suscribieron en 2017 el expresidente Horacio Cartes y su entonces par argentino Mauricio Macri.
Al respecto, el presidente del PLRA, Efraín Alegre, anunció que iba a denunciar ante el Ministerio Público al exjefe de Estado paraguayo por el mencionado acuerdo, que está recogido en la Nota Reversal Nº 2/17, que modifica el Anexo C del Tratado respectivo. Según el mencionado político, en virtud del mismo, el Paraguay habría reconocido una “deuda espuria” de Yacyretá de 4.084 millones de dólares y entregado energía a “13 dólares por 30 años, cuando cuesta 200 en el mercado internacional”. El político liberal llama a eso “alta traición”.
En verdad, dicho documento habría implicado un delito de lesión de confianza de enormes proporciones, con la complicidad de los legisladores que en 2018 lo aprobaron y que el siguiente año se negaron a derogarlo, aconsejados por el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, según publicaciones de la época, pese a que, siendo aún candidato presidencial, Mario Abdo Benítez había prometido rescindirlo. Esto es, la denuncia penal también debería alcanzar a quienes desde sus bancas consintieron un acuerdo aun más lesivo para el país que el que supuso la fallida Acta Bilateral de Itaipú, según el Ing. Gustavo Segovia Dávalos, exjefe de Obras Complementarias del proyecto paraguayo-argentino, exasesor de la jefatura técnica paraguaya y exasesor del Consejo de Administración de Yacyretá.
En efecto, si con el Acta Bilateral, la ANDE hubiera perdido 200 millones de dólares, el acuerdo Cartes-Macri conllevaría un impacto negativo de unos 1.200 millones solo en concepto de compensación por el suelo inundado del Paraguay, el mayor aportante de territorio, así como por la inutilización del ferrocarril en el tramo Encarnación-General Artigas; como si ello no bastara, el pago fue diferido hasta 2027. Pero hay más. El funesto entendimiento convalida la Nota Reversal de 1992, que dejó la administración de la entidad binacional solo en manos argentinas. Dicho documento fue rechazado por el Congreso paraguayo en 1995, pero a nuestros socios les importó un bledo, ya que la siguieron aplicando. Además, el lector puede imaginarse el enorme escamoteo de nuestros recursos legítimos que significaría entregarle energía a la Argentina, por 30 años, a un precio de US$ 13/kW, cuando en el mercado internacional cuesta hoy más de US$ 200/kW. Si esto no es entreguismo, que alguien explique qué lo es.
El acuerdo Cartes-Macri convalida una deuda a ser compartida por los socios en partes iguales, que resulta ilegítima porque a la parte paraguaya se le permitió auditar solo algunos de sus tramos, para colmo de males sin documentos respaldatorios. Además, por ignorar responsabilidad proporcional sobre la deuda de acuerdo al respectivo consumo de la energía eléctrica producida, previsto en el Tratado.
En lo concerniente al aprovechamiento de la energía hidroeléctrica, recordemos que la Argentina se queda con más del 90% y, para colmo, la revende al Brasil a un precio diez veces mayor que el irrisorio monto que debería pagarnos, y a la fecha, por este concepto, nos deben US$ 100 millones. Formal y felizmente, el acuerdo Cartes-Macri aún no está en vigencia, ya que no ha sido aprobado por el Congreso argentino: el expresidente Macri ni siquiera lo presentó para su estudio y su sucesor Alberto Fernández, que hasta hoy no habría nombrado a los nuevos consejeros argentinos, tampoco se muestra urgido, quizá porque, de todas maneras, el país vecino seguirá manejando la entidad binacional según sus angurrientos intereses, con la anuencia de las autoridades paraguayas.
Por de pronto, es saludable que la Cámara Baja haya aprobado sobre tablas un proyecto de resolución, presentado por el diputado Fernando Oreggioni (PLRA), “que solicita a la Contraloría General de la República auditar la deuda de la Entidad Binacional Yacyretá”: lo hizo tras el rotundo informe presentado por dicho órgano con respecto a la de Itaipú Binacional, siendo de esperar que nuestros socios, supuestamente paritarios, presten su conformidad.
El director de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, apunta a la necesidad de negociar para que se pueda acceder a la documentación que permita el examen, dado que en 2007 se habrían mostrado remisos. Por su parte, el Ing. Leopoldo Melo, jefe técnico de la entidad binacional, dijo que “el desorden les interesa y les conviene a los argentinos, porque mientras no se arregla la contabilidad, no podemos hacer nada: es una empresa en stand by”. Cabe agregar que también les conviene a ciertos paraguayos, que a lo largo de los años y en diversas instancias, han tolerado, por decir lo menos, que Yacyretá esté al servicio de nuestro socio en este emprendimiento. Es presumible que tengan que rendir cuentas ante la Justicia, pues Yacyretá, así como Itaipú, no es una “tierra liberada” de nuestra legislación penal. Allí se robó y se dejó robar en gran escala, tanto que el expresidente argentino Carlos Menem habló de un “monumento a la corrupción”. Lo fue y acaso lo sigue siendo porque, en una palabra, el patriotismo brilla allí por su ausencia.
El acuerdo referido convalidó también la construcción de una nueva central en las cercanías del vertedero del brazo Aña Cua de la represa de Yacyretá, un emprendimiento que no debería iniciarse mientras la cuestión de la deuda de Yacyretá no sea resuelta, aunque así no lo crea el Presidente de la República, alegando la credibilidad del Paraguay y la seguridad jurídica: ellas no pueden fundarse en la grosera violación de un tratado, en un miserable despojo que lo seguirá siendo aunque un jefe de Estado y unos legisladores impresentables lo hayan aceptado.
En síntesis, Yacyretá debe ser auditado, como lo fue Itaipú, para sacar a luz la podredumbre existente en su seno y, al menos, para dar a conocer los nombres de los mercenarios que actuaron en total desprecio de los intereses de nuestro país.